La mañana del jueves 03 de julio, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió el informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile (CMP), iniciativa que durante 15 meses trabajó de forma transversal con expertos y expertas provenientes de diversas disciplinas, instituciones y sectores de la sociedad civil.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, el Presidente Boric valoró el esfuerzo de esta instancia autónoma que entregó propuestas concretas para actualizar la medición oficial de la pobreza en el país, vigente desde 2013. El informe será analizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con miras a eventuales cambios metodológicos en las próximas ediciones de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
Para Emmanuelle Barozet, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, la actualización era urgente y necesaria. “Todas las medidas estadísticas deben actualizarse cada cierto tiempo porque la realidad social cambia y también lo hacen las formas de expresión de los fenómenos. En este caso, el trabajo respondió a recomendaciones previas que apuntaban a complementar la medición por ingresos con una mirada multidimensional”, explica. “Hoy, por ejemplo, el acceso a internet o los problemas de malnutrición por exceso son aspectos más relevantes que hace una década. Por eso era imprescindible revisar los indicadores y actualizar los instrumentos de la Encuesta CASEN”.
Nuevas recomendaciones para la pobreza por ingresos
Gonzalo Durán, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y miembro de la comisión, detalla que el trabajo permitió establecer propuestas concretas en ambos tipos de medición: pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. En el primer caso, se propusieron cuatro cambios sustantivos.
“La primera es eliminar el llamado ‘alquiler imputado’, un ingreso ficticio que se asignaba a quienes eran dueños de su vivienda, basado en el arriendo promedio del sector. Eso distorsionaba los resultados y, por ejemplo, hacía aparecer como no pobres a personas sin ingresos reales. En la CASEN 2022, esto afectó a 24 mil hogares. Por eso proponemos establecer dos líneas de pobreza distintas: una para propietarios y otra para arrendatarios”, señala Durán.
La segunda propuesta consiste en actualizar la línea de pobreza usando la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (2016-2017), lo que permite reflejar patrones de consumo más actuales. La tercera, construir una canasta alimentaria saludable, basada en las guías alimentarias del Ministerio de Salud, y no solo en calorías. Y la cuarta, valorar dicha canasta con precios efectivamente pagados en el mercado, y no con los del 20% más barato, como se hacía hasta ahora. “Con estas modificaciones, la tasa de pobreza por ingresos pasaría del 6,5% actual a un 22,3%”, advierte Durán.
A este trabajo se suma la propuesta elaborada por el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile, que diseñó una canasta alimentaria saludable y sostenible basada en criterios de salud pública y sostenibilidad ambiental. Esta propuesta, publicada en la revista científica Nutrients, incorpora los principios de la dieta planetaria EAT–Lancet y responde a los desafíos de la denominada “sindemia global”, es decir, la coexistencia de desnutrición, obesidad y cambio climático. Si bien se trata de un ejercicio independiente al trabajo metodológico encargado por el Estado, fue desarrollado por el mismo grupo académico que asesoró a la comisión, y aporta una mirada complementaria a la línea de pobreza alimentaria desde un enfoque interdisciplinario. Más detalles en esta nota sobre la nueva canasta alimentaria saludable y sostenible.
Cambios propuestos en la medición multidimensional
En el ámbito multidimensional, la comisión también propuso mejoras significativas. “Se trabajó por subgrupos temáticos y se consensuaron las recomendaciones en sesiones plenarias. En la dimensión Trabajo, por ejemplo, se incorpora el subempleo por insuficiencia horaria y se reconoce el trabajo de cuidados, ampliando la mirada hacia empleos de calidad y condiciones reales de vida”, detalla Gonzalo Durán.
Por su parte, Emmanuelle Barozet señala que en la dimensión de Redes y Cohesión Social “se reemplazó el indicador de Participación Social —que mostraba escasa varianza entre grupos— por uno de Conectividad Digital. Hoy, el acceso a internet es clave para estudiar, trabajar, postular a beneficios y mantener vínculos. No considerarlo, es invisibilizar un aspecto central de la vida en sociedad”.
Ambas dimensiones son parte de un conjunto más amplio que incluye Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión Social. Cada una compuesta por indicadores levantados desde la encuesta CASEN.
Un trabajo técnico, participativo y formativo
“El trabajo se desarrolló con reuniones quincenales durante 15 meses en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cada sesión duraba toda la mañana y discutíamos cada punto en detalle. Además, formamos subcomisiones temáticas, revisamos cada indicador vigente, realizamos simulaciones y discutimos sus fundamentos teóricos”, explica Gonzalo Durán. “Las propuestas tienen como gran valor haber sido consensuadas por un grupo diverso en lo técnico y lo ideológico”.
Emmanuelle Barozet agrega que el proceso tuvo componentes participativos. “Se realizaron audiencias públicas, en su mayoría vía videoconferencia, y todas las actas están disponibles en el sitio web de la comisión. Fue un proceso transparente y ad-honorem, que ahora queremos extender como experiencia formativa: vamos a ofrecer un electivo el próximo semestre en nuestras carreras de Trabajo Social y Sociología para transmitir las reflexiones que surgieron en este proceso”.
La Comisión fue presidida por Osvaldo Larrañaga, y estuvo integrada por profesionales de destacada trayectoria provenientes de instituciones académicas, centros de estudios, organismos internacionales y organizaciones sociales. Su objetivo: entregar una mirada más exigente, inclusiva y actualizada de la pobreza en Chile, como base para construir mejores políticas públicas.
