Entre otras condiciones, estas niñas y niños son víctimas de violencia física y psicológica, y de abuso sexual, por parte de otros niños o de adultos. Estas situaciones, constitutivas de delito, fueron algunos de los resultados del estudio "Levantamiento y unificación de información de niños en sistemas residenciales", que fue desarrollado por el Poder Judicial, con apoyo técnico de UNICEF. Según señala el organismo internacional en un documento disponible en su página web, entre estas entidades se creó una mesa técnica, a la que se integró el SENAME, que revisó y aprobó el diseño de la investigación. El maltrato y abuso fueron determinados mediante la aplicación de un cuestionario anónimo, cuya aplicación, procesamiento y análisis estuvo a cargo de UNICEF.
Frente al escándalo mediático, la Ministra de Justicia anunció la intervención de todos los centros del SENAME en el país. Medida tardía e insuficiente. UNICEF afirma que envió los resultados al Poder Judicial en diciembre de 2012, y los reenvió a este mismo organismo y al SENAME, en marzo de 2013; con posterioridad, el Representante de UNICEF en Chile envió los resultados directamente al Presidente de la Corte Suprema. Esto significa que pasaron seis meses sin que la autoridad se hiciera parte y tomara medidas para investigar y sancionar a los responsables de los maltratos y abusos, y sobre todo para impedir que niñas y niños siguieran siendo maltratados y abusados.
La situación es ahora materia de investigación penal. El fiscal deberá establecer las responsabilidades que le compete a cada uno de los involucrados, tanto de quienes están a cargo de la protección de las niñas y niños que han sido maltratados y abusados, como también de quienes, conociendo esta información, no hicieron las denuncias respectivas.
El caso trae a la discusión un tema poco tratado en nuestro medio, como es la responsabilidad de las investigadoras e investigadores con el desarrollo y resultados de sus investigaciones. Varios temas pueden mencionarse a propósito del estudio en cuestión. En particular: la investigación de un tema sensible, cuyo riesgo es mayor que el mínimo, lo que requiere tomar medidas para disminuir esos riesgos, o reparar el daño que no pudo ser evitado; la investigación en niños y niñas vulnerables/vulnerados, cuya participación voluntaria debe ser asegurada y su confidencialidad protegida; la contribución potencial que la investigación realizará, lo que justifica exponer a niños vulnerados/vulnerables al riesgo de resultar dañados por su participación; la necesidad de realizar un diseño que permita obtener resultados válidos y confiables, y que a la vez proteja a los participantes y utilice un instrumento que disminuya al máximo el riesgo de daño; la necesidad de definir los pasos que se seguirán en el caso de encontrar situaciones de maltrato y abuso, como efectivamente ocurrió; y las condiciones en que se dará la relación entre los investigadores y los patrocinadores o mandantes, en particular respecto de los resultados.
En países que tienen una institucionalidad de investigación consolidada, las investigadoras e investigadores están habituados a reflexionar respecto de las implicancias éticas de su investigación, incorporar estas reflexiones en su proyecto, y someterlo a un Comité de Ética de la Investigación. En el caso de Chile, estos Comités son relativamente recientes, y han cobrado importancia a partir de la obligatoriedad de aprobación ética para que un proyecto obtenga recursos del sistema CONICYT. En general, tienden a ser vistos como una entidad burocrático-administrativa ineludible para la postulación a fondos concursables, en lugar de una instancia inherente y necesaria para la investigación.
¿Se sometió a evaluación ética la investigación del Poder Judicial/UNICEF? Todo indica que no, puesto que el documento de UNICEF no lo menciona. ¿Estaríamos frente a una situación distinta si un Comité de Ética de la Investigación hubiera evaluado el proyecto antes de realizarlo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, para aprobar el proyecto, el Comité hubiera solicitado, al menos, especificar los pasos que se seguirían en el caso de detectar abusos, y establecer el compromiso de denunciarlos oportunamente, y por los canales legales correspondientes.
Esperemos que este caso siente un precedente y se convierta en una luz de alerta, para dar a la ética de la investigación el lugar que se merece en la institucionalidad chilena.
