La cuestión del aborto saca ronchas en un país tan conservador como el nuestro, donde años atrás las cadenas de farmacias se negaban a vender la tan polémica "pastilla del día después" y los jóvenes pro-vida (por la vida y la familia) protestaban frente a los Tribunales de Justicia para impedir la venta de dicho farmacéutico. En la actualidad, según cifras del Ministerio de Salud, se estima que en el país se realizan unos 150 mil abortos al año, siendo Chile junto con El Salvador y Nicaragua, uno de los pocos países del mundo y de la región que sanciona el aborto de forma total y sin excepción.
Sin embargo, el panorama no siempre fue el mismo, puesto que el aborto terapéutico estaba permitido en nuestro país entre 1931 y 1989, con la introducción del artículo 119 del Código Sanitario que señalaba la posibilidad de "interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos". Artículo que fue derogado por la Junta Militar sin previa consulta ciudadana. A partir del regreso a la democracia, se han generado distintas iniciativas que buscan el restablecimiento de dicho artículo permitiendo la interrupción del embarazo por razones médicas. Por ejemplo en 2010, los entonces senadores Fulvio Rossi y Evelyn Matthei presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo buscaba restituir el aborto terapéutico en caso de inviabilidad fetal y en caso de peligro de la madre. Otro proyecto presentado durante ese año, por los parlamentarios Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Eugenio Tuma y Jaime Quintana incluía además la causante de violación. Un proyecto similar al anterior fue presentado este año por los diputados Gabriel Silber, Adriana Muñoz, Antonieta Saa y Juan Luis Castro. Lamentablemente ninguno de estos proyectos ha sido aprobado.
Para Claudia Dides, Cristina Benavente e Isabel Sáez (2011) "las dinámicas políticas del aborto en Chile se caracterizan por la ausencia de posturas en el discurso público de las instituciones que podrían promover cambios en la legislación, lo cual contrasta fuertemente con posturas institucionales de los sectores más conservadores y confesionales del aborto que sí tienen claridad en cuanto al discurso y las estrategias, además de contar con el apoyo, financiamiento y los medios de comunicación". Puesto que este tema no ha tenido la difusión necesaria en los medios. Hoy, gracias a las redes sociales e internet, se ha podido difundir la iniciativa del grupo "Miles" liderado por Claudia Dides, que busca articular distintas organizaciones, personas e instituciones, con el objetivo de lograr que Chile cuente con una Ley de Interrupción del Embarazo por razones terapéuticas.
Desde los sectores más conservadores, el debate se ha centrado en el momento en que se forja la vida del niño que está por nacer y si es posible considerar el cigoto como un ser humano. Según la red Provida no existe diferencia entre los distintos tipos de abortos puesto que "todo aborto provocado supone la muerte de una persona como medio para hacer la vida más fácil a otras". Acorde a la postura de la iglesia, frente a un posible aborto terapéutico, el Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati señala "si no hay respeto a la vida no puede haber respeto a ningún otro derecho porque el fundamento de todos los derechos es el respeto a la vida humana".
Más allá de debatir sobre las interrogantes respecto a la vida y las cuestiones propias de los distintos tipos de aborto, este artículo apunta a cuestionar una situación que sobrepasa los términos tradicionales del debate. De hecho, el caso de Belén es el de una niña que ha sido violada a los once años, sin siquiera haber terminado de cursar su educación básica ¿debería ser considerada Belén como una mujer en edad reproductiva? Ciertamente no, Belén nunca comprendió lo que desde los siete años su padrastro le estaba haciendo, mucho menos entendió que podría tener consecuencias físicas y psicológicas ni que una eventual decisión de interrumpir su embarazo podría condenarla como una criminal. Belén no es una mujer, ni siquiera la ley le confiere los derechos de un ciudadano mayor y su hijo no será un muñeco.
El debate sobre el aborto debería privilegiar los derechos de las mujeres, sus opiniones y necesidades. Del mismo modo, debería responder a las necesidades de la situación social actual en Chile. En el debate carente de ideas que hemos presenciado la última semana, vemos una clase política incapacitada a hacer frente a cuestiones de salud pública como es el caso de Belén. Además haciendo caso omiso a la declaración del Colegio Médico que "dice apoyar la interrupción del embarazo de la niña" y al llamado de Amnistía Internacional al gobierno de "cumplir con sus obligaciones internacionales para asegurar que Belén tenga acceso a todo el apoyo médico, psicológico y legal que necesita y tiene derecho (...), incluyendo un seguro, accesible y legal servicio de aborto". La supuesta madurez a la que alude el presidente no son otra cosa que el discurso de la inocente víctima de un violador, pero sobre todo, la defensa de un sistema arcaico incapaz de corregir sus propias falencias.
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud reproductiva es un estado general de bienestar psíquico, mental y social, que debe tratar todos los aspectos de la reproducción y que no se reduce únicamente a la ausencia de enfermedades. La salud reproductiva implica la capacidad y la libertad de procreación según el momento y ritmo deseados por el individuo, así como la libertad de la no-procreación. Por lo cual, la salud física y psicológica de Belén deberían ser los primeros argumentos para la aplicación del aborto en caso de riesgo de la vida de la madre. Este debate además deja por fuera los derechos de los niños que prohíben "cualquier perjuicio a su salud y a su desarrollo físico, mental o moral". Belén en este momento debería estar jugando a las muñecas en vez ir a hacerse su primera ecografía.
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