El estudio que la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO dio a conocer esta semana, y que en líneas centrales advierte que la educación chilena fomenta la desigualdad, recoge en sus conclusiones varios puntos que durante años han sido manifestados por un grupo de investigadores de la Universidad de Chile a través del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).
“El informe de la UNESCO es un claro respaldo a los planteamientos que hemos venido haciendo desde el año 2006; comprueba, además, que las conclusiones de nuestros estudios –respecto a la necesidad del derecho a la educación gratuita- no tienen sesgos ideológicos. Es, por lo tanto, un fuerte llamado de atención a los actores políticos y a las autoridadesgubernamentales”, comentó el Director del OPECH, Jesús Redondo.
En efecto, el estudio “El derecho a la educación: una mirada legislativa comparada”, realizado por el ex relator de la ONU, Vernor Muñoz, a solicitud de la UNESCO, remite, en sus conclusiones, al estudio de la OPECH “¿Por qué la Ley General de Educación no mejora el sistema educativo en sus pilares?”.
De esta forma, señala que “la Ley General de Educación presenta elementos estructurales que no consideran a la educación como un derecho y son causales de la emergencia que vive el país actualmente. La ley no soluciona las asimetrías o disparidades sociales que han sido documentadas en materia de oportunidades educativas; (además) el derecho a la educación no tiene las garantías que tienen otros derechos, como el derecho de propiedad, de libertad de enseñanza, y de libre empresa”.
Ambos informes agregan que (para esa ley) “es más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación; (por otro lado) la ley no modifica el rol del Estado, limitado a lo “subsidiario” y tampoco introduce cambios en el sistema de financiamiento de la educación, ya que este sistema se basa en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales y es perjudicial, en tanto induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y alumnas y así cubrir sus gastos mes a mes”.
“La actual legislación está cooptada por criterios mercantiles y eso es grave, puesto que una sociedad que no puede dar educación gratuita no tiene futuro, ya que está dejando que la compren. Esto fue incluso compartido por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Kyung-whaKang, en su última visita a Chile, en el entendido que para los DDHH la educación solo debe ser gratuita”, añadió el Prof. Redondo.
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