En Chile, para el año 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas será un adulto mayor. Considerando esa realidad, un equipo del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, liderado por el Dr. Marcelo Arnold, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), realizaron la Segunda Encuesta Inclusión y Exclusión del Adulto Mayor en Chile.
La investigación se basó en una encuesta nacional aplicada durante el primer semestre del 2011 a 1.200 personas de ambos sexos, de 18 y más años que habitan en el territorio nacional continental. Esto, con el objetivo de describir las tendencias respecto de las opiniones, expectativas y evaluaciones de la población chilena sobre la inclusión y exclusión social de las personas adultas mayores.
Al respecto, la Directora (s) de SENAMA, María Adriana Cruzat, indicó que el envejecimiento representa un gran logro para el país, pero también un desafío: “Los adultos mayores valoran positivamente la situación en que se encuentran, si se compara con generaciones anteriores. Sin embargo, reconocen que hay grandes desigualdades dentro de su grupo etario. Esa es la preocupación que hoy nos reúne, pues es urgente hacerse cargo de la vejez y el envejecimiento y aunar esfuerzos por mejorar su calidad de vida, generando más conocimiento sobre el tema, desterrando la idea de que ellos son prescindibles y posicionándolos como sujetos de derechos autónomos y activos”.
Cambio silencioso
En el año 2050, 30% de la población chilena estará compuesta por adultos mayores. Sin embargo, ¿está nuestra sociedad preparada para enfrentar esta nueva forma de distribución socio-demográfica que tendrá nuestro país? Ante esta pregunta, la encuesta reflejó que una amplia mayoría, representada por un 45,6%, cree que la sociedad se encuentra poco preparada para ello. Asimismo, solo un 2,2% cree que nuestro país tiene las condiciones institucionales para enfrentar el envejecimiento.
Frente a este panorama, el Prof. Marcelo Arnold señaló que “no deja de sorprender que las opiniones que hemos medido, no coincidan con los debates sobre cómo enfrentar los efectos no deseados del envejecimiento poblacional. Estas discusiones tienden a oscurecer el hecho que el envejecimiento de la población es un problema que refiere a responsabilidades colectivas que no pueden trasladarse únicamente a los envejecientes –a los cuales se les pide que sigan siendo activos- y a sus familias –a las cuales se les pide que sigan cuidando a sus adultos mayores. En este punto reiteramos que las condiciones que imponen mayores expectativas de vida y poblaciones longevas más numerosas no resultan abordables con los métodos tradicionales si consideramos, entre otros factores, los cambios en las estructuras familiares, las nuevas formas de participación femenina en los mercados de trabajo y el peso de una población que alcanzará edades muy avanzadas cuyos requerimientos de cuidados son costosos y especializados. En este sentido, su adecuada inclusión es un problema central para la sociedad”.
Según la encuesta, un 59,3% de los chilenos atribuye la mayor responsabilidad por el bienestar de los adultos mayores a las políticas públicas, seguido por los familiares y amigos, con un 35,8% y los propios adultos mayores, con un 4,9%. Comparada con la 1era encuesta sobre el tema que se realizó en 2008, esta última cifra muestra una caída de casi 5 puntos en el porcentaje (9,1% en 2008 y 4,9% en 2011).
Los investigadores explicaron que, si bien es cierto este cambio tiene que ver con una mejor calidad de vida de nuestro país y una mejora en los servicios sanitarios, “estas evidencias indican que no solamente estamos ante un cambio silencioso, sino también ante un fenómeno complejo que abre desafíos y oportunidades que deben, desde ahora, tomarse muy en cuenta”, apuntó el Prof. Marcelo Arnold, investigador responsable del estudio.
En esa línea, un 54,1% de los encuestados señaló estar dispuesto a pagar un impuesto específico para garantizar los servicios que requieren las personas adultas mayores, mientras que solo un 32,2% se declara en desacuerdo con lo anterior. Según el Prof. Arnold, esto se debe a que la población califica este tema como un problema social “y, por lo tanto, debe tener respuestas colectivas, a través de políticas públicas”.
