Una investigación que busca diagnosticar las brechas entre la oferta y la demanda de atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual de la Región Metropolitana, elaborado por académicos del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, se adjudicó un proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública, otorgado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El proyecto, que recibirá más de 22 millones y medio de pesos, tiene como objetivo paralelo definir las condiciones de éxito de los programas en este ámbito y de un modelo de intervención en maltrato y abuso sexual respecto de la misma población, a partir de la estimación de las brechas existentes.
La iniciativa, presentada al concurso por la Facultad de Ciencias Sociales, es coordinada por el Sub Director del Departamento de Psicología, Prof. Pablo Valdivieso, y en ella participan los académicos Elías Escaff Silva, María Isabel Salinas y Decio Mettifogo, a quienes se agrega una profesional externa, la ingeniero comercial Deborah Ferrada.
"Este proyecto es muy necesario en cuanto permite aportar a la elaboración de políticas públicas más pertinentes, que respondan a las necesidades reales de un número importante de personas que actualmente no reciben la atención requerida en forma oportuna. Por ende, la identificación de estas brechas de atención es muy relevante para orientar una mayor focalización y fortalecimiento de programas de atención", comentó el Prof. Mettifogo.
"Nos sentimos muy satisfechos de haberlo ganado pues representa un reconocimiento importante a la labor que desarrolla el equipo de Psicología Jurídica de nuestro Departamento", agregó el académico.
El concurso
El Fondo Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fomentar y apoyar iniciativas que buscan reducir los niveles de delincuencia a lo largo de todo el país.
Este año adjudicó más de 4 mil millones de pesos distribuidos en los 124 proyectos ganadores, de 500 que se presentaron, y de los cuales 85 beneficiaron a iniciativas de municipalidades, 37 a otras instituciones y solo 2 a universidades.
Los proyectos fueron analizados por un grupo de especialistas con vasta experiencia en la prevención del delito, provenientes del mundo académico, público y de fundaciones, quienes se basaron en criterios de evaluación tales como necesidad de la intervención, necesidad de financiamiento, calidad del proyecto e indicadores de evaluación, cobertura e impacto.