Comisión que entregó informe sobre Cabildos Penitenciarios a la Convención Constitucional contó con participación de académica de Educación

Entre los representantes de la Red de Cabildos Penitenciarios participó Viviana Soto, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, una de las 25 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a este espacio.
Entre los representantes de la Red de Cabildos Penitenciarios participó Viviana Soto, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, una de las 25 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a este espacio.

El pasado 23 de julio, se presentó el informe “Discusiones y Propuestas para un Nuevo Chile: La participación de personas privadas de libertad en cabildos penitenciarios”, en el Ex Congreso. Este documento de 67 páginas contiene el trabajo realizado desde febrero a marzo de este año. Dicho proceso contempló la realización de 263 cabildos en 43 establecimientos administrados por Gendarmería y otros 15 pertenecientes al Departamento de Justicia Juvenil del SENAME. A partir de esos hallazgos, se sistematizó la información que dio origen al informe final. La coordinación de este proceso se realizó por parte de la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, quienes reclutaron a 450 personas voluntarias a lo largo de todo el país para llevar a cabo los encuentros.

La actividad contó con la presencia de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos y el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, quienes recibieron el informe junto a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Entre los representantes de la Red de Cabildos Penitenciarios que expusieron sobre el documento, participó Viviana Soto, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, una de las 25 organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a este espacio. A continuación, comparte sus reflexiones sobre el trabajo realizado:

-¿Cuáles son las principales conclusiones o elementos que usted destaca de este proceso?

Este es un proceso histórico que hemos vivido como país y en América Latina, donde por primera vez población privada de libertad participa aportando ideas para el nuevo texto constitucional.

Se destaca la participación voluntaria de personas que formaron parte activa de los cabildos penitenciarios a lo largo del país, las más de 2.600 personas privadas de libertad, condenadas e imputadas, quienes fueron protagonistas de los cabildos. Representativamente diversos en lo territorial, en paridad y plurinacionalidad.

La mirada de país de las personas privadas de libertad en cárcel y en SENAME está condicionada según sus propias experiencias de vida dentro y fuera de los contextos de encierro. Las reflexiones críticas de las personas participantes evidencian plena conciencia de las barreras que se han ido incorporando en sus trayectorias de vida. Las propuestas de solución colocan foco en acciones de carácter integral y articuladas, incorporando enfoques de acceso universal, género, inclusión, no discriminación, derechos humanos, y plurinacionalidad.

Sus reflexiones dan un amplio sentido y comprensión hacia un país más justo, no desigual y con oportunidades para el desarrollo armonioso de sus vidas y la de sus familias. Se constata una fuerte necesidad de mejorar su condición de vida y arraigada en un necesario y sostenido vínculo familiar. Las personas privadas de libertad, y entre ellas mujeres madres y jóvenes en recintos de SENAME, entienden que la infancia es vital y para ella hay que ofrecer las mejores oportunidades de vida y asegurar derechos fundamentales a su entorno familiar y social.

-¿Con qué reflexiones principales se queda de los cabildos penitenciarios y cuáles son sus expectativas como vocera?

Que la cárcel cumple una función principalmente punitiva y es un reflejo de las desigualdades y situaciones de pobreza en nuestro país, profundizadas por la vulneración de Derechos Humanos, precarizando la vida y limitando las oportunidades de desarrollo de las personas que pasan por el sistema penitenciario.

También se puede interpretar como un llamado al Estado a cumplir su labor de garante de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, además de establecer oportunidades reales de educación, salud física y mental, oportunidades de trabajo y justicia con perspectiva de género, promover políticas públicas que liberen a las madres y sus hijos e hijas de los contextos carcelarios y crear nuevos tratos con Gendarmería basados en derechos humanos. Un Estado que corrija los efectos y con ello las desigualdades sociales.

Como imperativo ético, desde la academia y la sociedad civil en el actual proceso constituyente, se espera consolidar y dar fuerza a la voz de los cambios necesarios que esperamos como país y dar luz verde a una Nueva Constitución este 04 de septiembre. Esto nos motiva a continuar trabajando y construyendo procesos de reflexión, análisis crítico y construcción social y política, plurinacional, con criterio de territorialidad, enfoque de género por y con las personas privadas de libertad, adultas y jóvenes en SENAME, que permitan un real ejercicio democrático con respeto a los Derechos Humanos y buscar la consolidación de espacios de participación ciudadana, fundamentales para el desarrollo democrático de nuestro país. 

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