En Chile existen cinco zonas denominadas de sacrificio que son: Quintero-Puchuncaví, Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla, es decir donde se han instalado industrias cercanas a personas, las cuales -especialmente algunas de ellas- han sido visibilizadas en los medios de comunicación a raíz de casos emblemáticos de contaminación, como los episodios ocurridos en agosto y septiembre de 2018 en Quintero y Puchuncaví, donde cientos de personas, sobre todo niños(as), se vieron intoxicados(as) por gases y compuestos químicos presentes en el aire producto de la importante contaminación que hay en dicha zona de sacrificio.
Si bien el concepto “zona de sacrificio”, permite en los círculos académicos discutir los efectos de la actividad económica en ciertos territorios, es importante en el debate político distinguir que esta situación ha sido producida históricamente, es decir, han sido convertidos en tales. “Esta distinción permite sacar el estigma a quienes lo habitan, empoderar a las comunidades en sus demandas y poner la responsabilidad donde corresponde: en la acción legal e institucional del Estado y las industrias en su reparación”, comenta la profesora asociada del Depto. de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) y consultada para esta nota, Beatriz Bustos.
Experiencias y relatos ciudadanos de Puchuncaví
Marta Aravena vive en Puchuncaví, integrando distintas organizaciones sociales, entre ellas la de “Mujeres por el Buen Vivir”; también es socia del Consejo Consultivo Cesfam Ventanas Salvemos Quirilluca, que corresponde a una campaña ciudadana. Participa también en el Centro cultural caleta Horcón, que apoya temas medioambientales y defensa de la comuna. Desde sus vivencias, relata que donde ella habita, el problema industrial ha sido muy relevante pero también se suma el inmobiliario, por eso intentan resguardar Quirilluca, que esta denominado como Sitio Prioritario para la Conservación y la Biodiversidad.
“Tenemos 19 empresas contaminantes en la zona. Principalmente, está la refinería y fundición de cobre, siendo la fundición la que causa más daño; esto junto a las termoeléctricas a carbón son los mayores problemas. También tenemos otros terminales de gases. El arsénico y dióxido de azufre son otros elementos o gases que se suman en el ambiente, esa sinergia o efecto químico al mezclarse puede ser altamente perjudicial para nosotros(as)”, describe y paralelamente, rememora, se han hecho varias investigaciones científicas en la zona. Sin embargo, apela que pese a haber muchos estudios no se ha hecho algo concreto para resolver el problema socioambiental y “tenemos mucho temor de un evento que pueda traer la muerte”.
Salmonicultura en Chiloé: ¿cuál es su presente socioambiental?
Desde la academia, Beatriz Bustos lleva 10 años trabajando en temas de salmonicultura en Chiloé y la Región de Los lagos en general, una actividad económica que se basa en la apropiación, uso y transformación de ecosistemas costero-marinos. “También implica la integración de distintos territorios como las zonas lacustres, con el mar adentro, y que por tanto conecta territorios. Físicamente hay un movimiento y eso ha implicado una transformación muy básica a los paisajes, como la presencia física de medios de transporte asociados a la industria, plantas de procesos de alimentos, entonces el paisaje de la región ha cambiado”, detalla.
La académica señala que la salmonicultura no solo ha transformado el paisaje, también el metabolismo hídrico: “(...) el efecto ambiental de la industria no es solo sobre las aguas, sino que se transforman los metabolismos hídricos de ríos, lagos y estuarios; cuando hay aumento de caminos hay también más movimiento, fragmentando los hábitats; la concentración de población en zonas como Quellón, Ancud o Calbuco, conlleva una mayor presión y demanda de recurso hídrico y de alimentos, entre otros”. Estos efectos se mantienen en el tiempo, afectando los modos de vida de habitantes rurales, como afirma la investigadora.
En su artículo ““Chilote tipo salmón”. Relaciones entre comodificación de la naturaleza y procesos de producción identitaria. El caso de la región de Los Lagos y la industria salmonera”, co-escrito por Josefina Délano y Manuel Prieto, publicado en 2018, analizan precisamente el caso de la instalación de la industria salmonera en la región de Los Lagos, permitiendo revisar la relación entre comoditización territorial e identidad local.
Al respecto, se ahonda en cómo la comoditización de la naturaleza y el territorio no solo implica el control o coproducción del medio ambiente, “sino que también está entretejida con los procesos de formación de identidad y ciudadanía. En otros términos, a través de la gestión y control de la naturaleza y el territorio se articulan determinadas formas de identidades que, a su vez, influyen en dicha gestión”, citando el paper.
La comoditización requiere distintas etapas: establecer derechos de propiedad, por tanto se coloca un valor; la segunda consiste en separar el bien de quién lo produce, lo que sería la alienación; la tercera es la individuación, es decir que exista una unidad que es transferible y movible; la cuarta es la movilidad, relativa a cuando un bien se puede trasladar de un lugar a otro; todas estas etapas se van produciendo por medios institucionales, también por medios técnicos y económicos. Todos estos procesos se han desarrollado con los salmones en el país.
Beatriz recuerda que las transformaciones socioambientales más fuertes en la zona se dieron hace 20 años, en los 90 y principios del 2000, con personas que vivieron, experimentaron y se adaptaron a esas transformaciones.
Ahora, se viven procesos sociales inversos en el habitar de los territorios y Beatriz Bustos los explica de la siguiente manera: “Los(as) hijos(as) de quienes dejaron el campo y se fueron a trabajar a la industria -cuyos padres mejoraron sus condiciones económicas y pudieron costearles sus estudios-, esos(as) hijos(as) o nuevas generaciones tras estudiar, regresaron y ahora, probablemente, evalúan -a partir de las experiencias de haber salido, vuelto y haber conocido otras realidades- cómo esas transformaciones afectaron lo que ellos recuerdan fue su infancia”, describe. Entonces hay un cuestionamiento intra e intergeneracional sobre para qué es Chiloé y cuál es su futuro.
Actualmente, la profesora Bustos señala que Chiloé enfrenta tres problemas ambientales: el primero es la gestión de residuos; el segundo es la fragmentación territorial causada por procesos de parcelaciones, y el tercero es la escasez hídrica. En el primer punto, la falta de lugares para disponer de desechos presiona tanto a industrias como municipios, quienes muchas veces deben trasladar la basura cientos de kilómetros a regiones como Biobío o Metropolitana.
El segundo punto, es la falta de normativas que permitan a municipios o gobiernos regionales regular qué actividades conviven y se desarrollan en territorios rurales, lo cual ha llevado a procesos desregulados de suburbanización, loteos de segunda vivienda e inversión. Esto ha implicado fragmentación ecológica, pérdida de bosque nativo y aumento del valor de suelo, expulsando a habitantes tradicionales. En lo referido a la escasez hídrica tiene, entre sus causas, procesos de extracción de pompón en un contexto de Cambio Climático que ha disminuido las lluvias y, por tanto, la captura de agua del bosque y suelo chilote.
Otra tensión que, igualmente, se mantiene es la privatización del mar. Se ha desarrollado, por tanto, una lógica que va en detrimento de las relaciones comunitarias en localidades donde había mucha colaboración. La idea de la minga, por ejemplo, apuntaba a ese trabajo colectivo y eso se ha perdido. La monetarización de las relaciones también ha tenido impacto sobre las dinámicas comunitarias.
Cómo avanzar en mejorar las condiciones socioambientales de comunidades
La postura y visión de organizaciones socioambientales de la zona Quintero-Puchuncaví, cuenta Marta Aravena, es de no solo emplazar o criticar el actuar del sector industrial, sino que al Estado pues “es quien debe resguardar los derechos de personas y comunidades”. De cara a la nueva Constitución para el país, comenta que tiene expectativas y piensa que incorporará un enfoque ambiental. “Hoy si bien tenemos cinco zonas de riesgo, todo el país está afectado y amenazado por el problema socioambiental”, critica.
En ese sentido, añade que la propiedad privada “no puede estar por encima de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero lamentablemente priman los intereses de privados”.
Desde otra mirada, valora que se ha avanzado en que la gente ha tomado mayor conciencia sobre el tema socioambiental, esto tras ver a parientes o cercanos(as) que han resultado afectados(as), que “han sangrado o se han dañado sus partes del cuerpo”. Pese a ello, le preocupa los efectos sociales que ha tenido la Pandemia en, por ejemplo, la desarticulación y decaimiento en la activa participación ciudadana.
Geográficamente Puchuncaví es distinta a Quintero, explica, y “acá estamos muy disgregados(as) en la zona. Contamos con organizaciones muy activas que han traído a ONGs, pero falta estar más con los(as) vecinos(as) cuyas realidades son diversas; tenemos que ir abordando cómo compartimos con esos vecinos(as) cómo nos empoderamos y cómo empujar para cubrir sus necesidades, que son sociales pero que están ligadas a la contaminación, como el tema de vivienda o los servicios básicos”. Por su parte, “muchos deciden emigrar a otro lado”, narra Aravena.
“Nosotros tenemos que empoderar a nuestros vecinos y vecinas y exigir al Estado que mejore y soluciones los problemas de todo el territorio”, añade. Hoy “vemos una comunidad empobrecida”, recalca, y asimismo existe también una gran carencia en la elaboración de políticas que contemplen la identidad del territorio y que apunten a todos(as) los(as) habitantes, incluidas las mujeres, “porque hay muchas mujeres solas con sus hijos(as) o son abuelas con sus nietos(as). La mirada del Estado ha recaído en la industria y sus movimientos o acciones, pero falta que observen con detención a los territorios en su totalidad y cómo sus habitantes se desarrollan con sus territorios”, determina.
Además, debería quedar plasmado en la Constitución que el trabajo estatal “debiera ser vinculante con sus comunidades, a través de una(s) consulta ciudadana(s)”, concluye proponiendo Marta Aravena.
