Variadas son las maneras de abordar e intervenir sobre el Cambio Climático. En términos de mitigación, por ejemplo, son cruciales los acuerdos globales como el de París para disminuir la cantidad de gases invernadero. Pero, por otra parte, y como explica el académico del Depto. de Psicología, Rodolfo Sapiains, cuando se habla de adaptación, es decir de qué forma las sociedades humanas se pueden desarrollar en un escenario donde el clima ya cambió y seguirá cambiando, lo medular es lo que ocurre a nivel local.
“Entonces, el trabajo comunitario adquiere mucha importancia cuando hablamos de adaptación y, en ese sentido, también podemos hablar de construcción de resiliencia frente a posibles impactos negativos del Cambio Climático y cuando hablamos de transformaciones que sean necesarias para que la sociedad humana se inserte en los ecosistemas de los cuales son y somos parte”, comenta.
Relacionado a este punto, es indispensable que las políticas y estrategias que se desarrollen para enfrentar el Cambio Climático consideren un componente de participación comunitaria muy relevante, porque quienes tienen que realizar los cambios finalmente son las personas en sus casas, son las familias y comunidades a lo largo de todo el territorio nacional y planeta, además del actuar o responsabilidad, evidente, del mundo privado y la esfera pública.
Lorena Donaire, quien es fundadora y vocera de Mujeres MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), habla a partir de su propia experiencia acerca del rol comunitario, pues apela que el Estado no se ha hecho cargo de problemas socioambientales.
“La resistencia que han hecho las comunidades en la reconstrucción de humedales, por ejemplo, limpieza de ríos y otras acciones focalizadas en el tema medioambiental, así como las dirigencias o liderazgos ad honorem que se preocupan de tener agua continuamente son fundamentales. Si bien el modelo impuesto por la dictadura cívico-militar viene a dividirnos e invisibilizarnos como comunidades, ya hace años que nos hemos visto envueltos en esta situación ambiental grave y por lo cual nos hemos unido. Ha tenido suma importancia la organización, la cooperación de campesinos(as) o personas que debieron modificar formas de cultivo y han hecho cooperativas ligadas a la quinoa”, por mencionar solo algunos casos.
Existen distintos niveles de participación y hoy, probablemente, cuenta el psicólogo ambiental, Rodolfo Sapiains, uno de los más significativos tiene que ver con las formas en que las regiones deben idear o desarrollar planes de adaptación al Cambio Climático y cómo eso también se liga a la nueva ley de Cambio Climático.
“Lo anterior que comentaba, entonces, implica que se construyan espacios en los cuales las comunidades locales y sus representantes puedan participar activamente y proyectar el futuro en el cual quieren y queremos vivir, y no sea solamente una imposición de ciertos sectores políticos o solamente un trabajo de los(as) científicos(as) que determine lineamientos, para que luego los tomen los sectores políticos y simplemente se les comunique a las personas”, apela. Sapiains es enfático al señalar que se requiere cambiar el paradigma y la manera de entender la gobernanza climática.
Necesidad de educación cívica ambiental
El académico de Psicología piensa que un problema estructural de Chile es que se trata de un país autoritario y asistencialista, y eso tiene que ver con cómo se concibe la participación más allá de la votación. Tras estudios que ha realizado junto a otros(as) investigadores(as), describe que muchas personas se sienten responsables de los problemas climáticos, pero otras señalan a las empresas o entidades como los principales contaminantes.
“Sabemos que hay un desconocimiento generalizado sobre las instituciones e instancias de participación respecto de temas ambientales en Chile. Lo que necesitamos es educación cívica ambiental y climática para que las personas comprendan cómo funciona el Estado y, de esa forma, poder también -en el contexto constitucional- hacer aportes sustantivos sobre qué mejorar y hacer”, comenta. Sin embargo, la educación cívica ambiental debiera no solo ser dirigida a niños(as), sino que también a adultos para “darnos cuenta de las responsabilidades que tenemos como sociedad y así avanzar en un mayor empoderamiento de las personas”, agrega.
En la misma línea, Lorena Donaire de MODATIMA, subraya la urgencia de la educación ambiental en el país para así comprender transversalmente que “somos una pieza dentro del ecosistema, que estamos dentro y somos los(as) encargados(as) de velar y mantener su equilibrio”. El Movimiento al que pertenece fue creado en 2010, cuando quedaron sin escurrimiento superficial del agua, y desde entonces relata que vienen luchando por la falta de ese bien humano.
Citando parte de su presentación web, la organización nació en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, “con el objetivo de defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona, que se veían afectados, desde la década del noventa, ante el robo y acaparamiento de aguas del negocio agroindustrial de empresarios coludidos con políticos. Surge exigiendo “justicia en los ríos” ante el robo de agua y el abuso de los poderosos, aquellos que hoy están amparados en garantías constitucionales y el código de aguas que tiene privatizadas las aguas en el país”.
Experiencias locales
Lorena Donaire nació en Peñablanca pero hoy vive en La Ligua y antes lo hizo en Cabildo. Su localidad natal posee muchos relaves que le preocupan por los efectos futuros que pueden generar en sus habitantes, con la amenaza de hacerlos(as) desaparecer, sin embargo, hoy esa comunidad está organizada.
Ella vivía en el campo y rememora que las mujeres tenían sus productos y los vendían, posteriormente las empresas extractivas vinieron a “acabar con esos oficios, un proceso que fue muy complejo. Cuando deciden hacer de la región de Valparaíso agroexportadora, la provincia de Petorca resulta ser la más dañada, afectando a los(as) campesinos(as) y volviendo, en el fondo, al inquilinaje. Por eso hablamos del latifundio”, cuenta Donaire.
Recuerda que sus hijos estudiaron en una escuela rural donde solo contaban con dos horas de agua al día. “La calidad de vida de esos niños/as/es se ve muy afectada por lo que no les pueden pedir rendimiento escolar o académico, ya que se están deteriorando sus cuerpos, su autoestima y salud mental. Cuando empecé a ver todo decidí comenzar a movilizarme”, narra Lorena.
Desde entonces no ha cesado junto a varias mujeres y personas a movilizarse y participar activamente. Una de las experiencias más impactantes que le ha tocado vivir fue cuando vino el CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) a Chile debido al Estallido Social, ante la cual expuso, y luego en una audiencia, una niña de una escuela sin agua relató su caso: sus compañeros no podían ir al baño, pero lo que más le apenaba era que morían animales y los adultos mayores no podían tomar remedios por la falta de agua; su historia produjo un silencio sepulcral por lo impactante.
Durante la Pandemia, varias personas salieron -con todos los cuidados sanitarios- a entregar agua, pero en la organización decidieron -tras intentar incidir en reformas legislativas como en el código de aguas cuyas reformas consideran han sido negativas y variadas movilizaciones- realizar otras acciones; si bien MODATIMA nació en Petorca evidenciaron que muchas otras comunidades estaban organizadas.
Potenciar e integrar mecanismos e instancias ya existentes en medioambiente
Otro elemento importante a considerar, comenta Sapiains, es que existen distintos instrumentos a nivel político e institucional orientados a enfrentar problemas ambientales y de cambio climático, directa o indirectamente. Como ya existen, es de la postura de no crear más sino que de integrar diversas iniciativas e instrumentos relevantes como, por ejemplo, las estrategias de desarrollo regional que debieran tener una mirada de futuro en torno a los diversos escenarios proyectados y, justamente, proyectar la estrategia de desarrollo regional para dichos escenarios, considerando cómo será el clima.
Entonces, aclara, “se trata de tomar las cosas que ya están, potenciarlas, incrementar la incidencia de comunidades que es una demanda generalizada en el país, y eso es lo que tenemos que profundizar. Pensar las ciudades y regiones donde queremos vivir, y no que no sea solamente una oferta temática de temporada cuando hay elecciones. Necesitamos ver la forma en que las comunidades locales sean más activas de cara al futuro en que queremos vivir y para las próximas generaciones”.
Rodolfo Sapiains se encuentra, junto a un equipo investigador, finalizando un proyecto de Laboratorio social para la construcción comunitaria de bases constitucionales para una sociedad resiliente al cambio climático, una perspectiva desde la Patagonia”. Proyecto UCH1899, financiado por la VID (Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo) de la Universidad de Chile, centrado en la ciudad de Punta Arenas.
La iniciativa les ha permitido trabajar con juntas de vecinos y otros actores sociales, a través de un estudio de percepción de Cambio Climático y Constitución, con el cual han aprendido mucho. Uno de los principales análisis que emergen es que el Cambio Climático se trata de un problema que no solo importa a la comunidad científica, sino que es un problema social que debe ser prioridad para este y futuros gobiernos, “y la Constitución nos da alternativas de pensar estos temas”, detalla.
Punta Arenas, en particular, se inserta en una de las regiones que es carbono negativo, eso se debe por la gran cantidad de bosques y ecosistemas patagónicos que captan enormes cantidades de CO2. Ahí el desafío, plantea, es cómo “podemos plantear una estrategia de desarrollo regional que tenga como eje la protección de esos ecosistemas patagónicos”.
Concretamente, resulta primordial a su juicio cuestionarse como financiar un (eco)sistema como este que no solo beneficia al país sino que al planeta entero, qué sucederá con aquellas actividades productivas que puedan dañarlos y cómo avanzar hacia actividades productivas sustentables. Para eso, la participación de las comunidades –una vez más– se levanta como una necesidad vital porque normalmente ha sido la elite política y económica quienes han tomado las decisiones al respecto.
