Débilmente reconocidos por el Estado, frágiles, precarios, vulnerables, fuera de los lenguajes oficiales y de sus prácticas, los derechos reproductivos de las mujeres en esta crisis sanitaria muestran su propia crisis permanente en la normalidad.
Si bien esta pandemia continúa en desarrollo y sus consecuencias están por documentarse, es fundada la hipótesis que afirma que impactará mucho más sobre las mujeres, y lo es sobre la base de las lecciones aprendidas de otras pandemias, desastres naturales y situaciones de crisis humanitarias. Una de las cinco crisis en las relaciones de género se encuentra justamente en el plano de la salud reproductiva, y su profundidad dependerá del reconocimiento por parte del Estado de los derechos reproductivos como una parte de la preservación de los derechos humanos en situaciones excepcionales como esta crisis.
El acceso a anticonceptivos se dificulta en estas crisis y el aborto ilegal se vuelve aún más riesgoso. En esto concurren el pasado y el presente, y afectan el futuro, y la acción u omisión de los gobiernos resulta crítica. Por ejemplo, el desvío de fondos a los servicios asociados a la pandemia es una oportunidad para los conservadores de restringir aún más los derechos de las mujeres en salud reproductivas. Por ello, es clave que los gobiernos definan la provisión de anticonceptivos entre los servicios esenciales. Si así fuese, el Estado tendría que modificar esa norma de la receta médica, aunque fuese excepcionalmente, de modo las cadenas farmacéuticas, de privados, no dificulten aún más el acceso a las mujeres en esta crisis. En la coyuntura, esta norma requiere ser observada desde esta perspectiva.
Más allá de la crisis sanitaria, en la cotidianeidad de la normalidad, la receta médica no era exigida, y la compra de anticonceptivos operaba en parte en la trasgresión. Es que hay normas del Estado que no están destinadas a ser cumplidas, sino a ser significadas como transgresiones y quienes las infringen quedan siempre en el borde de la punición. Tal es el caso también del aborto a secas, pues la confidencialidad médica salva a las mujeres, no siempre a las pobres que abortan tardíamente, de ser sometidas a juicio.
Las decisiones en este plano no son sólo técnicas, son sobre todo políticas. Tal es el caso del debate sobre la receta médica en la anticoncepción de emergencia. Se resolvió en el Parlamento, no en el Minsal.
En política, es necesario tener muy presente que los movimientos feministas y de mujeres en Chile y en Latinoamérica han hecho del aborto (los derechos sexuales y reproductivos) y del derecho a una vida libre de violencias dos asuntos centrales de la acción política en este tiempo, como fundamentales en la lucha contra la opresión de las mujeres.
Más allá de la pandemia, el reconocimiento de los derechos reproductivos se jugará en la política, no en lo técnico, y ocurrirá en dos planos, en la elección presidencial y en la constituyente, y ello ocurrirá a partir de izquierda chilena, o no será. Muchas candidatas feministas a la Convención constituyentes hacen del tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos un propósito de su postulación. Ya una candidata presidencial lo puso en el debate presidencial, afirmando que es una de las cuestiones de género insoslayable y respecto de la cual no puede precederle el cálculo electoral. Si todas las candidaturas de la izquierda lo hacen, la sociedad chilena lo comprenderá como una propuesta sobre un asunto central en las transformaciones que Chile necesita y en la cual puede avanzar.
