A dos años de las últimas elecciones presidenciales, en Chile se vivió un inédito proceso ciudadano: la Consulta Municipal que convoco a más de 200 municipios, cuyo objetivo principal fue preguntar a la ciudadanía acerca del cambio constitucional. Este proceso consultivo permitió, además, que los gobiernos locales identificaran las principales necesidades de la población residente en temas institucionales, agenda social, regionales y locales.
Es reconocible el carácter inédito de este proceso: en primer lugar porque por primera vez se acuerda en el nivel local realizar una consulta ciudadana de esta índole, aunando esfuerzos desde la institucionalidad, los gobiernos locales, las universidades, las organizaciones de base, la comunidad cívica y, en segundo lugar, porque parte de la votación fue mediante una modalidad de voto electrónico y presencial.
¿Quiénes podían votar? al igual que en todos los procesos eleccionarios, el padrón para esta consulta habilitaba a todos los ciudadanos que tuvieran 18 años, pudiendo ampliarse el rango de personas entre 14 y 18 años de acuerdo a la decisión de cada municipio. Lo que lamentablemente no todos los gobiernos locales hicieron. Esta demanda desde la sociedad civil era importante ya que parte del estallido social ha sido promovido desde sus inicios por jóvenes secundarios.
Sin embargo, un punto no menor fue que el Servicio Electoral (SERVEL) cerró el padrón electoral a diciembre del año 2017 por lo cual, al estar desactualizado, quedaron un colectivo de personas sin poder votar: todas las personas extranjeras que contaban con los requisitos de residencia en Chile, pero que por la desactualización del padrón quedaron sin este derecho. Por ello cabe preguntarse en este momento en que estamos redefiniendo un nuevo marco social para nuestro país: ¿quién ostenta actualmente los plenos derechos políticos en Chile? La constitución que aún nos rige, hecha en dictadura, nos muestra que la plenitud de estos derechos está relegada a la ciudadanía basada en la nacionalidad.
El derecho a tener derechos no sólo sociales y económicos sino también políticos plenos, incluye a personas extranjeras residentes en el país para que puedan votar en temas que incumben a la vida cotidiana y que trasciende las decisiones individuales. Esto es parte del ejercicio ciudadano. Entonces, ¿por qué no reconocer estos derechos a quienes viven en nuestros barrios, hacen uso de los medios de transporte, regeneran los espacios públicos comunitarios, tienen a sus hijos(as) en los colegios comunales, que tributan y se atiende en consultorios médicos, quienes trabajan y contribuyen al desarrollo del país, y que por sobre todo son parte de una nueva comunidad barrial, independiente de donde hayan nacido? Claramente creemos que debe asegurarse su derecho a opinar y ser parte de las decisiones mediante el instrumento político del voto, acerca de las problemáticas y decisiones que el municipio toma respecto de su entorno, como también a largo plazo, sobre lo que esperamos construir como país.
Las personas que han migrado y hoy residen en los barrios de las comunas de Chile, aportan día a día de diferente forma. Y no sólo debemos pensar en una visión instrumental de la inmigración como mano de obra, sino desde sus respectivos marcos culturales contribuyendo a la diversidad de los modos de construcción de ciudadanía. Existe un valor símbolo en el habitante migrante, no únicamente con la materialidad de su producción como agente económico, sino más bien referido al proceso de significación de la vida social en las comunidades barriales y en la sociedad.
Estamos en un momento histórico que implica repensar la forma de relación social, y esto implica incluir a todos(as) quienes vivimos en el mismo territorio. El proceso constituyente que estamos abriendo no puede ser visto como un inicio, sino una meta que implique una mayor democratización de la sociedad. Cambiar los restringidos límites de la ciudadanía es una tarea importante, sobre todo considerando a aquellas personas que no nacieron en el país pero que de hecho participan en la construcción social, cultural, económica y política de nuestra sociedad.
