Este 02 de Octubre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, para recordar el nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Pese a su rememoración, la violencia se expresa en Chile y el mundo de diversas maneras, una de ellas a través de la represión policial. El Estado de Chile, en su último informe periódico dirigido al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, reportó 802 casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías entre 2010 y 2017.
Según publicó el 19 de septiembre diario La Tercera, hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Dichas cifras generaron la preocupación de la ONU, debido a “los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes”. A su vez, la Organización de Naciones Unidas cuestionó los allanamientos realizados contra el pueblo mapuche. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas de funcionarios públicos en 91 casos en 2018 y 79 en 2017.
Previamente, el académico del Depto. de Sociología, Miguel Urrutia, se refirió a la excesiva violencia por parte de Carabineros recordando que –en el contexto latinoamericano– la policía chilena posee dos características contrapuestas: debido a su formación, se trata de una policía más militarizada que cualquier otra de América Latina y eso la pone en un registro disciplinario muy fuerte.
Una segunda característica es que, a nivel nacional, la policía tiene bajos índices de corrupción, independientemente de lo que ha ocurrido en el último tiempo con el fraude de Carabineros. “En ese encuentro de dos cuestiones aparentemente contradictorias, la población que ha tenido la ocasión de conocer el trato de otras policías, dice: “bueno al menos Carabineros es más tratable que en otros lugares o menos peligroso, porque en ciertos países de Latinoamérica la policía es peligrosa para la ciudadanía”, comenta el sociólogo.
Desde el punto de vista jurídico, el carácter militarizado de la policía se hace muy notorio “al momento de la interacción con la población que es cuando debería proceder el Estado de derecho e, incluso, las garantías para quienes se ven involucrados en algún problema de tránsito u otro de tipo policial. Normalmente, el trato que se recibe ahí es el propio de alguien que ejerce jerarquía”, describe Urrutia.
Casos mediáticos de abuso policial
A través de medios de comunicación se han sabido casos de tratos agresivos por parte de Carabineros; incluso el año pasado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas alertó sobre el “uso excesivo de la fuerza” en la Región de la Araucanía.
Un caso que suscitó reacciones divididas fue el del carabinero que disparó a un conductor de Uber, luego de que éste último intentara atropellarlo y se negase a bajar del vehículo; otro fue el de un médico de urgencias de un centro médico de Concepción, quien fue detenido por haberse negado a realizar alcotest, mientras él debía auscultar a otros pacientes graves.
A juicio del sociólogo, en situaciones como las recordadas se hace un razonamiento elemental que opera cual sociología espontánea en todos los poderes públicos del país. Es el fenómeno que algunos llaman “temor reverencial”, una herramienta que plantea que para que funcionen las autoridades de la república, la población debe –de alguna manera– “temerles” y para la policía es gravitante conservarla. “Para no caricaturizar y decir “qué cobardes”, resulta más sencillo disparar a un conductor de Uber que trenzarse con delincuentes. Por contraparte, yo diría que con los delincuentes el temor reverencial de autoridad está roto. Son personas que, verdaderamente, no le temen y están dispuestos a todo”, reflexiona.
Generalmente, la población no legitima el actuar violento de Carabineros, sin embargo, esto suele suceder cuando la agresión está dirigida contra la propia persona, distinto es cuando otras personas se enfrentan a una situación semejante. Episodios como estos también despiertan una pronta y acérrima defensa corporativa frente a la población. Al interior de la institución, según el profesor, existe un código operante el cual señala que “si alguien se excede no será culpa del individuo al que se le pasó la mano, sino que hay que defenderlo”.
El análisis o razonamiento sociológico que se realiza por Carabineros, al respecto, es de tipo estructural sobre su actuar, y es que el ejercicio profesional causa abuso y no se trata de una decisión individual; en la práctica operan bajo la convicción de que se puede transgredir lo legal amparado en un código. A veces, los códigos en las organizaciones adquieren mayor valor y relevancia que la legalidad, pues un código ordena la conducta.
Apoyo de la derecha política
Sumado a la defensa corporativa, la violencia represiva también ha sido fuertemente apoyada por gobiernos de derecha como los del presidente Sebastián Piñera, desarrollándose una correlación de fuerzas. Gobiernos que han sido elegidos, entre sus principales razones, porque –justamente– sostienen, abogan y prometen esa política del orden, enfatizando en los problemas de seguridad, de irrespeto completo, falta de normatividad y falta de “mano dura”.
Entonces, no es solo que el gobierno por una vocación intrínseca favorezca estas conductas de abuso policial, sino que a su vez las ha promovido con anterioridad (antes de convertirse en gobierno y durante periodos de campaña electoral), infundiendo en parte de la sociedad “un deseo de orden, de contención de los sectores populares y marginados, que son también los más contestatarios desde el punto de vista político y delictual”, afirma.
¿Nuevas percepciones ciudadanas?
Medidas, acciones y planteamientos como los ya descritos trazan al sociólogo ciertas interrogantes y avivan reacciones de sorpresa, especialmente, sobre la oscilante credibilidad ciudadana hacia la institución policial. Hubo un peak de confianza en Carabineros, recuerda Miguel Urrutia, cuando dirigía el general Bernales, tildado como el general de los pobres, siendo que fue quien inició la política represiva en La Araucanía hacia el mundo mapuche “en los términos más abyectos. Pese a eso, la gente creía y confiaba en su figura.
Después de ese periodo, Carabineros gozó de la mayor credibilidad y prestigio durante años según múltiples encuestas de opinión pública. Más tarde, dichos niveles declinaron con las movilizaciones estudiantiles, en particular de 2011, baja que se reiteró y acentuó con el estallido del fraude en la institución que –a la fecha– alcanza los 28 mil millones de pesos, y cuya indagatoria comenzó hace más de un año por parte del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos.
Sin embargo, para Urrutia su prestigio corporativo está condicionado más que por el fraude que sigue siendo investigado, por su lucha, defensa y contención de la delincuencia. Condensan la esperanza de detener a los delincuentes y como han aumentado los robos, asaltos y otros delitos similares, “resulta válido darle el apoyo a los carabineros, quienes actúan cual “barrera” frente a esta explosión delictiva. Por lo menos, para muchos(as) ciudadanos(as) persiste la esperanza de mantenerla a raya”, señala.
