En junio pasado, los diferentes medios de comunicación informaron del asesinato de Margarita Anacoy en Barrio República, funcionaria de la Universidad de Chile, quien caminaba de madrugada rumbo a su trabajo cuando cuatro hombres la mataron a golpes para robarle sus pertenencias. Tras quedar en prisión preventiva en el Penal Santiago Uno, un grupo de reos torturó a los atacantes de Margarita, quienes eran de nacionalidad ecuatoriana, video que circuló por redes sociales y generó reacciones de repudio y aprobación pública a las expresiones de violencia.
La asesinaron brutalmente, sin embargo, luego de su detención y previo al juicio y a las las penas que recibirán, la profesora de Sociología y coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, comenta que esos reclusos han sido doblemente sancionados por el crimen cometido, siendo que “para eso existen la justicia, las leyes, el derecho y el contrato social”. Estas personas, además, han sido castigadas por su origen ecuatoriano y otavaleño, “una práctica chilena que -a mi modo de ver- se ha naturalizado; la tortura, en este caso, ha sido legitimada por la sociedad como un acto banal”, apela Tijoux.
Dichas manifestaciones contra personas privadas de libertad y, más específicamente hacia extranjeros, no son recientes ni coyunturales, pues según académicos(as) de la Facultad de Ciencias Sociales, en los países –salvo en circunstancias específicas marcadas por la religión– existe un potencial y latente desarrollo de la violencia en la sociedad. Chile no es la excepción, pues posee una historia violenta incluso previa a la fundación del Estado-Nación, con la llegada de esclavos africanos al país. El periodo colonial estuvo marcado por la guerra contra los indígenas del mismo modo que la época republicana y, con posterioridad, se han repetido episodios similares.
En diversos casos, como el de los reos ecuatorianos, la violencia se ha expresado cual respuesta a hombres o mujeres definidos(as) como “otros(as)”. La alteridad por antonomasia marcó la etapa fundacional de Chile, entre chilenos, españoles y mapuche. “Da la impresión que nuestro país se constituyó en esa guerra, lo que, además, es complejo porque fue una guerra que no excluyó temas como el mestizaje, el intercambio y ese tipo de cosas”, señala José Isla, académico del Depto. de Antropología.
Hay una historia nacional, a juicio de la socióloga, de la cual debemos hacernos cargo “que instituye un modo de ser que se ve reflejada en la actitud de la sociedad chilena respecto de los inmigrantes que llegan de los países vecinos y también con quienes llegan del Caribe y América Central”.
En medio de los procesos migratorios que ha experimentado -sobre todo en los últimos años- nuestra sociedad, se han distinguido socialmente categorías o tipificaciones de migrantes: “la inmigración es considerada solamente proveniente de algunos países (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte Venezuela)”, mientras que hay muchos extranjeros que también son imigrantes residentes en Chile pero no son considerados como tales, sino con el calificativo de “extranjeros(as)”. Entre ellos, destacan los estadounidenses, costarricenses, argentinos y europeos, cuyas condiciones jurídicas son similares a las de los sudamericanos pero proveniencia de países del primer mundo o su piel blanca los hace recibir un trato mejor.
“Cuando hablamos de migración, decimos racismo”, sentencia la académica, razón por la cual diversas organizaciones prefieren hablar de desplazamientos humanos más que de migración y así evitar su connotación negativa, porque al decir “migrantes” chilenos(as) vinculan la nacionalidad de la persona, el color, la edad, el país, la falta de dinero y bienes con una manera de ser. Ejemplo de ello es el trato hacia los inmigrantes negros y, especialmente haitianos, una comunidad tranquila, trabajadora, que trabaja a cualquier precio y lugar, bajo precarias condiciones.
Por una parte, se aprecia visiblemente el racismo hacia ellos(as) y, por otra, contra el pueblo mapuche como lo señala José Isla, tal como ocurrió con la anterior prohibición del Estado chileno al machi Celestino Córdova de dejarlo visitar su rewe y realizar una ceremonia ancestral, negándole su derecho constitucional a la salud y libertad de culto; derecho que finalmente le fue concedido.
Lamentablemente, sostiene la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, si bien existen organizaciones opositoras al racismo, hay un porcentaje muy alto de chilenos(as) que apoyan la denominada política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, “que no es más que una ley de extranjería que controla las fronteras, con el propósito de que algunos puedan entrar y otros no”.
Relativismo social en la aplicación de los Derechos Humanos
La transgresión a la dignidad humana que dejó en evidencia este caso, revela la ambigüedad del discurso relativo al respeto, resguardo y protección de los Derechos Humanos en el país, pues –aparentemente– se trata de un discurso que convoca y genera consenso en Chile pero sólo en términos superficiales. Si bien posee antecedentes previos, surge con mayor fuerza durante la dictadura militar como una denuncia que objetiva esa clase de violencia institucionalizada sobre la población por parte del Estado.
“Los derechos humanos suponen un marco y límite a la acción del Estado con respecto a su propia sociedad. Las personas presas están coartadas de libertad por el Estado y, por tanto, se encuentran bajo la tuición de éste. Por más que parte de la sociedad quiera olvidarse de ello y se produzca una suerte de venganza sobre sus cuerpos, el sistema republicano de justicia no funciona así y eso queda muy claro en este tipo de situaciones”, inquiere Isla.
El problema es más profundo y va más allá de la presencia de inmigrantes en el país. Se podría pensar que todo ser humano posee derechos, pero como la humanidad está tan cuestionada actualmente y hay quienes no son catalogados ni tratados como humanos, ellos carecen de derechos y, por consiguiente, se les “puede hacer cualquier cosa (explotar, trasladarlos en carros de animales, no pagarles su salario, insultarlos, etc.)”, explica María Emilia Tijoux.
En Chile abunda la segregación social por barrios. El día 11 de julio pasado, ocurrió un incendio en Santiago Centro, donde –por parte de la municipalidad– se desalojó a inmigrantes haitianos “de la peor manera y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) apoyó la decisión municipal. La gente desalojada quedó sin comer, sin trabajo, y vivían hacinados; en estos momentos, estamos buscando los modos de apoyar, lo que la municipalidad no hizo (no me extraña), pero que el INDH no ayude el respecto me parece gravísimo”, lo que hace cuestionar el significado y aplicación real de los Derechos Humanos.
La profesora cuestiona y duda que a dichas personas se les otorgue la calidad de sujetos, al ser negadas e ignoradas completa y constantemente. “Hay que examinar a la sociedad chilena y, primero que todo, a sus instituciones que además son autónomas, financiadas por nosotros para un servicio público y apoyar a la gente que sufre”, refuerza en su crítica.
Cómo enmendar el camino de la violencia racial
Ambos docentes concuerdan en que tras manifestaciones de violencia racial y para evitar futuros casos semejantes, el Estado debiera tratar a los(as) ciudadanos(as) de manera igualitaria y establecer de forma clara que los delitos contra migrantes son, efectivamente, delitos. Esto es fácil decirlo, como afirma José Isla, pero el Estado tiene la obligación moral en términos de Derechos Humanos, además, de proveer una base jurídica de igualdad para migrantes y chilenos(as).
La migración es un tema que demanda desafíos a largo plazo y que “quedó para quedarse”, como afirma el docente, por lo que requiere una acción decidida del Estado y de la sociedad civil, sobre todo de los medios de comunicación para legitimar la posición de los migrantes. “Chile es un país muy identitario; su identidad está construida en términos fuertemente etnicistas. Además, posee una tradición de violencia que aunque el mito republicano intente ocultarlo, no por eso deja de existir”, denuncia Isla.
María Emilia Tijoux añade que si bien las leyes son necesarias para sancionar a personas que han cometido delitos, éstas no detienen o cambian su forma de ser y pensar. Más allá del trabajo legislativo, es imprescindible realizar un trabajo educativo sobre quiénes somos y ahondar en la propia historia. “Buscar e indagar sobre lo que sucedió anteriormente en relación a los métodos de castigo con los obreros del siglo XX o el encadenamiento de los esclavos”, precisa.
Rememorar la historia del siglo XIX cuando las autoridades chilenas de la época invitaron a europeos, principalmente alemanes(as), a poblar parte del territorio al sur de Chile, con el fin de “mejorar la raza”; recordar los procesos de chilenización, las muertes y asesinatos de peruanos(as) y bolivianos(as) en el norte a principios del siglo XX. “Estudiar los procesos de pacificación de la Araucanía y reflexionar sobre lo que se le ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy al pueblo mapuche”; interpela la coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas.
Desde una mirada más introspectiva, falta en sus palabras pensar que los(as) otros(as) somos uno mismo todavía por conocer y reflexionar sobre nuestra posición en el mundo. “Yo creo que eso se hace en los hogares, con niños pequeños, en talleres y trabajos, pero falta más discusión al respecto. Tengo la esperanza y casi seguridad de que las generaciones jóvenes contemporáneas serán más tolerantes y menos brutales en sus actos que los(as) más viejos(as)”.
La docente junto a sus equipos de investigación ha visitado diversos establecimientos educacionales y conversado con educadores(as) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y otros(as) profesionales que trabajan con niños(as). A través de estas experiencias, ha podido conocer un campo donde han ocurrido avances sociales, tras la llegada de niños(as) de distintos países que se encuentran en una misma sala. El aula, esos contextos, se ha vuelto un espacio en el cual se desarrollan relaciones más humanas, incluso si se “producen actos racistas se enfrentan y reflexionan porque hay docentes interesados(as) y motivados(as) en hacerlo”, comenta.
