Con ocasión de la reciente aprobación de la idea de legislar el proyecto de Ley de Universidades del Estado, saltan a la vista las incongruencias entre la idea de base de fortalecer a los planteles estatales y los términos que propone su articulado preliminar.
En efecto, el proyecto contiene, al menos, dos aspectos inconsistentes con el pretendido fortalecimiento que estaría en su espíritu.
El primero reside en establecer un régimen diferenciado entre aquellas instituciones que han promulgado sus estatutos post ‘90, consagrando regímenes de gobernanza emanados de la autonomía y soberanía de sus comunidades –condición indispensable de cualquier universidad pública- y aquellas que integrarían las normativas explicitadas en el Proyecto. Si bien puede ser un avance para éstas últimas contar con criterios específicos como universidades del Estado, el sentido de una Ley de la República debería establecer criterios transversales, que, respetando las especificidades de los planteles, definiera un marco común basado en la participación democrática de sus comunidades.
No hubiera sido tan difícil diseñar un proyecto de Ley que, en acuerdo con las universidades que han podido prosperar en estos aspectos, avanzara en un proyecto con valor país y no dejara la ambigüedad –y peor aún, un eventual conflicto- entre instituciones del Estado. Lamentablemente, el gobierno no quiso, no pudo o no supo apoyarse en un análisis riguroso de lo que sería mejor para el sistema, a fin de entregar una señal política que le habría hecho tan bien al país.
El segundo punto, tanto o más importante, se refiere al financiamiento. El fortalecimiento no puede ser sólo una declaración de principios, ni sólo establecer normativas diferenciadas para instituciones de naturaleza diferente. Requiere, en cambio, avanzar en aportes financieros permanentes y progresivos para las instituciones del Estado.
A esto debe sumarse un aumento de la matrícula para las universidades estatales – que deben realizar no solo formación profesional, sino generación de conocimiento y vinculación con el medio- que vendría a restituir al menos parcialmente la condición desmejorada en que éstas se encuentran. A ello es necesario agregar un estímulo real que le dé perspectivas de desarrollo a estas instituciones en el marco de un proyecto país. Ninguna de estas medidas se consideran en el Proyecto.
De mantenerse, la situación es muy grave porque no solamente evita la real restitución de un sistema público de educación superior fortalecido por el Estado, sino que puede terminar por consagrar el mismo modelo que tanto este Proyecto como el de Reforma al Sistema de Educación Superior se suponía proponían superar.
Esta situación se suma al hecho que instituciones privadas reciben recursos públicos a través del sistema de gratuidad, incrementando su patrimonio financiero –ya facilitado por una escasa regulación–, manteniendo la lucha por la sobrevivencia de instituciones de naturaleza muy distinta al amparo de la oferta y demanda.
Aún es tiempo para que tanto el Ejecutivo como el Parlamento puedan reconocer que una verdadera Ley de Universidades del Estado no es solo una declaración de principios, sino una plataforma política, normativa y financiera. Es de esperar que la necesaria movilización de las comunidades de los planteles estatales ayude a este reconocimiento y a un verdadero cambio en el sistema de educación superior chileno.
