Jornada Triestamental de Campus analizó los desafíos del proyecto de Ley de Universidades del Estado

Tras ser aprobado, en general, el proyecto de Ley sobre Universidades Estatales por la Comisión de Educación y ésta haber sesionado para analizar las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, pasará a su discusión en particular a comienzos de octubre. Para continuar analizando sus repercusiones, el 13 de septiembre se realizó una Jornada de Trabajo Triestamental, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, organizada por la Coordinación de Académicos(as) del Campus JGM.

Con el título “Análisis de coyuntura y perspectivas de acción del Campus Juan Gómez Millas”, la jornada contó con las exposiciones de María Olivia Mönckeberg (directora del ICEI), nuestro decano Roberto Aceituno, Claudio Gutiérrez (senador Universitario por Ingeniería), y Myriam Barahona (presidenta de la Fenafuch).

Tres de sus panelistas conforman el Comité de Coordinación Institucional (CCI) de la Casa de Bello, instancia creada en 2016 e integrada por la Rectoría, el Consejo y Senado Universitario y el Consejo de Evaluación, que durante los últimos dos meses ha tenido un intenso trabajo de análisis sobre el proyecto de ley de universidades estatales. El comité ha generado una coordinación entre diferentes instancias y estamentos, debatiendo las consecuencias del proyecto desde una acción unitaria y contando con una participación triestamental.

La directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, María Olivia Mönckeberg, expresó la necesidad de realizar una movilización intelectual que contemple una relación fluida entre los miembros de la comunidad, revirtiendo los efectos negativos de la dictadura militar, entre ellos, la separación de las diversas facultades y disciplinas y un complejo o limitado diálogo.

“En 1981, a la Chile le cortaron su sello/ser y le quitaron el Pedagógico. Eso le provocó un gran daño al país y a la sociedad. Todo esto bajo el sistema de intervención con los rectores delegados”, rememoró. Tras la destitución del rector José Luis Federici, en 1987, y con el advenimiento de la Transición, no hubo recursos suficientes para la Universidad de Chile de parte del Estado, ni tampoco una mirada y concepción sobre su importancia y la de las instituciones estatales.

Reintegración universitaria

Desde 1973, se ha consolidado un modelo social, político y económico que ha relegado el rol de la educación superior pública estatal y, tanto el proyecto de ley de universidades del Estado como la previa Reforma al Sistema de Educación Superior, no hacen nada por remediarlo. Este último proyecto ha sido y será muy perjudicial para las universidades estatales, ya que financiará el conjunto de las universidades, sin “distinguir públicas de privadas, a través de los aranceles y no mediante recursos basales estables y permanentes a las instituciones, diferenciadas según su complejidad y adscripción institucional”, apeló el decano de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno.

Por su parte, el proyecto de ley de Universidades del Estado pone en cuestión dos pilares fundamentales: uno de ellos es la falta de criterios normativos generales democráticos y comunes sobre los sistemas de gobernanza y participación democrática de las comunidades. Sin embargo, lo que “me parece más relevante es lo que refiere al financiamiento que, como es sabido, no establece recursos basales, recurrentes ni progresivos a las instituciones públicas y, consecuentemente, mantiene tanto a las universidades públicas como privadas bajo un régimen de sobrevivencia a través de la captación de la demanda y, por tanto, la matrícula. El 85% de la matrícula radica en la educación superior privada”, sentenció.

Por eso, hizo un llamado a los(as) académicos(as), funcionarios(as) y estudiantes de la universidad a abordar dos desafíos: la reintegración de la comunidad, pues se carece de una organización o integración clara, con el fin de recomponer el tejido crítico, propositivo y movilizado, alcanzando también una mayor presencia en el debate público a través de –por ejemplo– los medios de comunicación. A su vez, generar una mayor alianza y vinculación entre la Universidad de Chile y las otras instituciones estatales, de manera que la aprobación o rechazo de los proyectos de ley sobre educación superior pública no residan únicamente en sus representantes o rectores.

La importancia del conocimiento y la reflexión

Para el senador universitario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Claudio Gutiérrez, debido al modelo económico y social imperante, el conocimiento se ha transformado en un bien transable en el país, tema que ha sido omitido en los proyectos que actualmente se discuten; “sólo se habla de gestión, presupuesto, gobernanza o gobierno universitario”, subrayó.

Según Gutiérrez, hay un artículo de la reforma –el segundo transitorio– que señala que “las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos por parte de los distintos estamentos de la comunidad universitaria para el cumplimiento dispuesto en el artículo primero transitorio, según corresponda”. Este artículo dice que hay que ajustar los estatutos, por lo que dicho artículo brinda la estrategia para los próximos años y abre la discusión respecto de qué queremos. “Esto significa que podemos retomar la idea de la universidad que nosotros pensamos”, comenta.

A su juicio “nos quedamos sin padre”, lo que despierta una serie de desafíos concretos, entre ellos: relevantar a la universidad como espacio de reflexión, opuesta a la idea de universidad como espacio de emprendimiento. Limitar el accionar de quienes pretenden naturalizar prácticas relativas al mercado y la tecnocracia dentro de la universidad, entre otros.

Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios (Fenafuch), ve a la cuestionada reforma como una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan conocer cuál ha sido la historia tanto de esta universidad como del resto de las universidades del Estado. “Cuando hablo de oportunidad, me refiero también a que las comunidades puedan nuevamente reencontrarse y mirarse, tanto al interior como al exterior de las universidades”.

El mayor problema emanado de este proceso o “batalla” es de tipo ideológico, ya que no es casual que en este proyecto aparezca como un gran “baluarte” -en el ámbito del financiamiento de universidades estatales- el Fondo Monetario Internacional. “Preguntémonos qué cosas nos pedirá el FMI a cambio de un financiamiento que el Estado debiera brindar. Desde el 11 de septiembre de 1973, el Estado dejó de ser garante del derecho humano que tenemos todos(as) los(as) chilenos(as) de tener acceso a la educación, desde la educación prebásica hasta la superior”, comentó e invitó a los(as) asistentes a no decaer y seguir manifestándose en contra del tipo de relación que ha forjado el Estado con sus universidades.