Una ola de furia desató, entre los sectores más conservadores de las instituciones universitarias, el reciente mensaje audiovisual que presenta la situación del sistema de educación superior chileno. Aquél que tiene entre sus perlas el financiamiento para entidades privadas con “aval del Estado” o a través de aranceles que vía gratuidad incrementarán su patrimonio y capital sin más retorno que una formación desregulada, entre otras cosas que sabemos – o creemos saber- demasiado. Luego vino lo de siempre: el dardo venenoso a un rector franco para no responder nada de fondo e intentar dividir para ganar.
Entonces, a propósito de las criticas al rector Vivaldi: ¿hay que atacar al mensajero o leer bien los mensajes? Para una realidad democrática, se agradecería poder leer o escuchar verdades simples y elocuentes, aunque la verdad no sea única. Y agradecerlo. Aunque fuese para responder con franqueza y no con artimañas. Pero en una realidad como la nuestra, el mundo se vuelve al revés. El problema no es lo que se dice, sino que alguien lo diga. Es curioso, por decir lo menos, que frente a opiniones valientes, como la del rector Vivaldi, la reacción – en todos los sentidos del término- sea siempre la misma: no abordar los temas de fondo e intentar desacreditar al mensajero. En una realidad como la nuestra, el problema no son las verdades, sino quien se atreve a decirlas en nombre propio y en representación de una institución que no le pertenece, porque le pertenece a Chile.
Y la prensa. Ay la prensa. El secuestro de tantos años.
Nos hemos acostumbrado a dar por naturales condiciones que han sido construidas a lo largo de más de cuarenta años en nuestro país. Dar por natural, por ejemplo, que un rector nombrado por un estado impugne a otro elegido por sus pares y méritos y que responde como funcionario público a otro Estado. Con el agravante que el primero es nombrado por el estado … vaticano y el segundo responde al Estado de Chile. Sería difícil imaginar en otros países que empresarios de la educación “superior” (que muchas veces de superior tienen poco o nada) se autoricen a exigir igualdad de condiciones respecto a instituciones que han sido creadas por Ley, que responden a instancias contraloras para el uso de los fondos públicos, que eligen a sus autoridades por méritos académicos y no son designados por directorios creados al alero de un sistema que fomenta la siempre oscura asociación entre propuesta formativa e intereses particulares o, peor aun, mercantiles.
Pero aquí, en Chile, lo que es difícil de imaginar en otras partes, resulta tan real que pareciera no admitir juicio alguno. Nada más elocuente que la declaración reciente del rector de la Universidad Adolfo Ibañez : el CRUCH (supongo que respecto al CUECH la critica sería más lapidaria aun) estaría sólo preocupado de “repartirse el botín”. ¡Qué elocuencia: pensar – y autorizarse a decir- que los fondos públicos son un … botín!. La lógica de una economía simple ha terminado por inundar nuestra Lengua.
Ciertamente, las universidades públicas no están exentas de problemas, a veces creados por ellas mismas. Aun cuando, nunca está de más recordarlo, buena parte de esos problemas – desfinanciamiento, inequidades reproducidas en su interior, una cierta inercia producida por creer que la historia es suficiente- han sido resultado de un largo proceso de precarización de los bienes públicos. Pero eso no debiera autorizar a nadie a desconocer cuestiones elementales, que de tan elementales parecieran quedar reducidas a la nada ninguna.
¿Necesita Chile un sistema de educación pública, de calidad, compleja (que integra docencia, investigación , vinculación con el medio), que reconozca las necesidades de regiones, de la sociedad civil, de las comunidades y territorios? ¿Es legítimo que los recursos del Estado pasen a manos privadas sin más exigencia que acreditarse en un sistema de aseguramiento de la calidad todavía insuficiente? ¿Hay que invertir en producción científica y cultural más allá de la competencia por recursos, siempre insuficientes? En fin, ¿no será necesario hacer una Ley que de verdad asuma estas preguntas y las traduzca en acciones políticas que, obviamente, no dejarán felices a todos?
La política chilena (que va perdiendo cultura en la misma medida que se transforma en un puro juego de intereses y donde el poder económico prima sobre la sana política) da la falsa impresión – y en esto la prensa, ay la prensa, sigue siendo cómplice- de que se puede decir cualquier cosa e igualar en esta noche neoliberal la palabra de un académico y la palabra de un gestor de intereses privados. No porque una sea mejor que la otra, necesariamente, sino porque simplemente obedecen a valores e intereses muy distintos. Y así, las palabras pierden su valor, porque simplemente se esconden de la verdad.
En este contexto, bienvenidas las opiniones del rector Vivaldi y la de los francos rectores que lo han acompañado y defendido en este escenario algo obsceno. Al menos para que sigamos creyendo que una educación superior a la altura de Chile – y no solo de sus emprendedores- sea posible.
