En abril de este año, la prensa informó el fallecimiento de Lissette Villa (11 años) en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago. La razón de su muerte, según el fiscal a cargo de la investigación, fue por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”, es decir, tortura, por lo que cinco personas fueron formalizadas.
Su caso reveló una serie de irregularidades al interior del organismo. Por su parte, hace dos meses el propio Servicio Nacional de Menores publicó la cifra de niños(as) fallecidos(as) al interior de centros pertenecientes al organismo entre 2005 y 2006, alcanzando un total de 210 casos; la cifra asciende a 865 decesos ocurridos en 11 años. Tras dichas revelaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comenzará durante el mes de enero una serie de visitas a las diversas residencias dependientes del Sename a lo largo del país.
Estos antecedentes que han configurado la denominada “crisis del Sename”, una crisis que según académicos(as) de nuestra Facultad demuestra la mirada sociocultural que tiene la sociedad chilena respecto de la infancia y que requiere, urgentemente, un nuevo trato de parte del Estado y la sociedad en general, generando así una transformación no solo legal sino y, por sobre todo, cultural.
Recordando su origen, el Sename es un organismo creado en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre da cuenta de la concepción de infancia como un estado irregular. Depende, administrativamente, del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos se aprecia su enfoque tutelar hacia la infancia. El libro “Glosario ilustrado del malestar”, editado por Marianella Abarzúa, Roberto Aceituno y René Valenzuela, complementa esta definición diciendo: “Dícese habitualmente respecto de los niños que atiende: “Me los quitó el SENAME”, “Están en el SENAME” o “Vienen del SENAME”, expresiones que permiten señalar los departamentos que lo componen: Protección, Justicia juvenil y Adopción, respectivamente”.
Como institución, y tal como lo señala su nombre, presta servicios entre cuyos objetivos destacan “reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados”, recalca Viviana Soto, académica del Depto. de Educación. Su labor ha tenido mayor notoriedad en los últimos años, reflejando las disposiciones culturales que he tenido nuestra sociedad en relación a la vida de niños(as) en nuestro país, “que es básicamente una disposición cultural negadora de las problemáticas de los niños, invisibilizadora y subalternizadora”, comenta Dimas Santibáñez, académico del Departamento de Antropología.
Nueva mirada sobre la infancia en Chile
En Chile, la profunda crisis que sufre el Sename revela la precaria situación que viven cientos de niños y niñas en nuestro país, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una de las preocupaciones de nuestra sociedad. Cuando los(as) niños(as) se insertan en el sistema del Sename, las cosas están lejos de mejorar.
Según la académica Viviana Soto hay dos perspectivas que deben cambiar: una es la política pública y otra refiere al contexto pedagógico, ya que hablar de infancia implica pensar en el bienestar del(la) niño(a), pero también en cómo él(ella) se va construyendo como sujeto político, histórico, critico, reflexivo, querido y respetado.
Si bien desde los 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas otras formas de maltrato infantil que “nosotros(as) todavía ni siquiera hemos podido reconocer. Yo creo que, de alguna manera, todavía tenemos un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos(as)”, critica la psicóloga jurídica y académica del Depto. de Psicología, María Isabel Salinas.
En ocasiones, los(as) niños(as) se ven afectados(as) y triangulados(as) por los conflictos no resueltos de sus padres –como los divorcios con la consecuente disputa por la tutela y crianza de sus hijos(as)– , lo que constituye “otra forma de maltrato poco visible” explica Salinas. “Quizás poseen una vida muy cómoda en términos económicos pero, en estos casos, los(as) niños(as) manejan información que no debieran, produciéndoles niveles de estrés que no debieran tener a su corta edad”, complementa.
La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Menores ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y “reparar” como si fueran “utensilios”, siendo que a los sujetos no se les repara. Viviana Soto señala que el Estado a través de sus políticas públicas ha actuado de manera lenta y tardía, por lo que es perentorio anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado. Pasar de un paradigma asistencialista, de servicio o ligado a la re-habilitación, a comprender que el(la) niño(a) es un sujeto con potencialidades, discursos, opiniones y narrativas propias.
División del Sename
El 05 de Octubre, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver la profunda crisis que vive el Sename, con el fin de reformular al organismo gubernamental. Como parte de ellas, para 2017 habrá un incremento del 6,3% en el presupuesto de la institución (cerca de 16.500 millones de pesos), y el envío de dos proyectos de ley que crearán el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, del Ministerio de Justicia, y el Servicio de Protección de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social, marcando así la división del Sename, entre otras medidas.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, piensa que si la iniciativa finalmente se concreta, traería consigo un cambio importante en términos institucionales. Eso sí dejando atrás el concepto tan instalado hoy en día de la subvención que, en el fondo, genera una serie de prácticas perversas, “porque finalmente la asignación que el Estado realiza por cada niño(a) que Sename atiende es diferencial en función del tipo de problema que éste(a) posee. Entonces “un(a) niño(a) que está con problemas de justicia” es “más caro que quien se encuentra con problemas de protección o de adopción”, argumenta.
Más allá de la separación, “que me parece una decisión correcta y en ese sentido adecuada, creo que es necesario repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones. Eso implica pensar recursos estructurales para una atención de calidad, potenciadora, reparadora y preocupada de los derechos de cada uno(a) de esos(a) niños(as) que enviarían a los nuevos organismos”, manifiesta Dimas.
Otro elemento a considerar en esta división institucional es si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas. “Tengo la impresión que esa discusión, es decir de cómo el Estado provee condiciones para que se desarrollen dispositivos de carácter local y que hagan el trabajo real, todavía falta por dar y avanzar. En los territorios hay capacidades y experiencias profesionales valiosas que debemos aprovechar”, determina el antropólogo social.
Por otro lado, las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. “No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as). Esto no implica que tengamos una pedagogía especial para ellos(as), porque eso también es sesgar, estamos hablando de una pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades”, aclara Soto. En esta línea, la psicóloga y académica María Isabel Salinas cuestiona la falta de instituciones de educación superior –de las carreras afines– que eduquen a sus estudiantes sobre políticas públicas en infancia, orientados a producir cambios sociales de relevancia.
Una atención personalizada
Hoy, pese a los avances vividos por la sociedad chilena en relación a la infancia, persiste una serie de situaciones que reflejan el maltrato hacia la niñez, cayendo en una “lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de ‘padre omnipotente’ que todo lo sabe, discriminando a los(as) niños(as). Esto se vuelve una doctrina y luego decanta en una institucionalización, volviéndose una forma de relación y una dinámica, así se vinculan los(as) niños(as) con los padres”, describa Salinas.
Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas “son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad. Cada niño y niña debe tener una intervención que sea pensada en él(ella) y para él(ella), como personas singulares y no como un grupo homogéneo, y es que las necesidades de cada niño(a) son diferentes”, subraya María Isabel Salinas.
Al respecto, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala lo siguiente: “La sanción no es la intervención” y “los(as) niños(as) son responsables, penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial”, aclara la psicóloga jurídica. Por tanto, la apuesta de dicha normativa se sustenta en una concepción o percepción de que la sanción no es la intervención y que lo requerido es integración social; “la intervención en sí debe ser integración social”, subraya.
Para lograr una efectiva intervención se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros. “Debemos dejar de ver a los(as) jóvenes infractores de ley como un número, un dato estadístico; son vidas con las cuales hay que trabajar de forma individualizada”, argumenta la psicóloga, cuya intervención permita identificar qué es lo que necesitan y cómo brindarles trabajo y educación.
Los cambios en el Sename debieran ser de carácter cualitativo y no solo cuantitativo (mayor inyección de recursos), centrado en la calidad del servicio, “lo que implica prontitud, personal calificado, gestión, control de la gestión, evaluación, monitoreo y responsabilidad” concluye Salinas.
