LA EDUCACIÓN superior está en crisis producto de su mercantilización extrema. La política que expandió el mercado educativo en democracia prometió traer más igualdad, libertad y calidad. Logró la masificación de la enseñanza terciaria a través de las instituciones privadas, pero no cumplió sus promesas. Hoy tenemos una educación segregada, de baja calidad promedio y carísima para las familias y las arcas fiscales.
Es consenso que urge resolver esta situación. Más allá de dilemas puntuales y regulaciones más exigentes, hay dos opciones políticas: reconstruir la educación superior pública y gratuita como pilar central del sistema -tal como ocurre en buena parte del mundo occidental y democrático-, o regular el mercado, para consolidar la hegemonía privada librando del pago a una determinada población focalizada. La idea de gratuidad que en 2011 animaba la primera alternativa, fue invertida por el gobierno y los intereses privados en la segunda.
Aunque en la arena pública aparecen los rectores de instituciones tradicionales como voceros principales de la educación superior, la expansión de la enseñanza terciaria no aumentó el peso de aquellos planteles históricos. No suman siquiera un 20% de la matrícula total. La expansión corre a manos de la oferta privada impulsada desde 1981, que hoy cubre a más del 80% de los estudiantes.
Una educación superior privada que crece en matrículas, pero disminuye en instituciones. Es decir, se concentra. Grandes controladores abarcan varios planteles. Menos de una decena de actores controla la educación de la inmensa mayoría de los estudiantes chilenos.
Este nuevo sector privado entendió hace mucho que tenía que controlar el Estado. Así colonizó a la Concertación; en figuras como Pilar Armanet (PPD), jefa de la división de educación superior en el gobierno de Lagos, y vocera de gobierno en el primer gobierno de Bachelet, antes de asumir como rectora de la Universidad de las Américas, además de presidir la Corporación de Universidades Privadas, que reúne a los planteles con peor acreditación del sistema privado, muchas investigadas por lucro. Este es un ejemplo entre varios.
Se da así la paradoja de un mercado educativo que no corre riesgos de competencia. Son nichos de acumulación cautivos. Por lo mismo, no necesitan invertir en calidad, sino apostar por el lobby sobre las autoridades de turno.
El propio PPD reúne a varios de los principales defensores del lucro en la educación. El mayor obstáculo que hoy enfrenta una reforma no es el conservadurismo de Walker, la DC ni la UDI. Son los agentes de grupos transnacionales vinculados orgánicamente con la Concertación, que influyen en la nominación de reguladores y equipos técnicos, presionan y modifican las regulaciones hasta debilitarlas y hacerlas operar a su conveniencia.
Así se vuelve inimaginable la “Educación pública, gratuita y de calidad”. Esa que se admira en países desarrollados. Por cierto, un cambio debe ser gradual. Pero es posible, y no requiere, en lo inmediato, recursos adicionales. Basta canalizar los dineros que se malgastan en el lucro y la banca a las instituciones públicas -y a las privadas de mayor calidad y aporte al país-, para recuperar un sistema mixto de centralidad pública en la matrícula. Esto implica pensar en una expansión seria y planificada de los cupos públicos y gratuitos, una modernización eficiente de su docencia y una articulación efectiva a través de una red de educación superior pública. Se trata de mejorar y expandir las instituciones que más investigan, que más cultura crean. De abrirlas a la ciudadanía, de democratizarlas, y de pensar en una educación superior para el siglo XXI. En fin, de una verdadera reforma, esa que resulta invisible por el ruido tecnocrático y los intereses privados que se parapetan tras él.
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