Proveniente de San Vicente de Tagua-Tagua, Iván Cáceres (61) recuerda que durante su infancia sus abuelos solían contarle historias fabulosas, míticas y relatos folclóricos. En 1979 conoció la carrera de Antropología mientras estudiaba Trabajo Social en la Universidad de Chile, interesándose específicamente en la Arqueología como una disciplina que hace dialogar permanentemente el pasado y el presente.
Estudió arqueología cuando la sede de la escuela se encontraba en Macul, y se caracterizada por ser “familiar” o conocida como la casa de Antropología. En esa época ya muchos de los profesores habían sido exonerados de la Universidad o debieron renunciar, otros mientras, luchaban por mantener la arqueología en la universidad.
Eran años de represión por lo que tanto estudiantes como académicos debían tener cuidado pues habían guardias de seguridad no identificados al interior de la misma casa de estudios: “Uno se sentía vigilado”, comenta Cáceres. Sin embargo, los(as) estudiantes elaboraban diarios murales con críticas al régimen. “Se hacían actos subversivos pero siempre al interior de la universidad”, rememora.
Egresó en 1983 y se tituló en 2001 con la investigación titulada “Detenidos desaparecidos en Chile: Arqueología de la muerte negada”. Como arqueólogo, ha desarrollado investigaciones en la zona centro y norte de Chile. Se ha especializado en estudios de arte rupestre, estudios de sitios arcaicos, de sitios agroalfareros e históricos. Además ha realizado peritajes judiciales como arqueólogo forense y ha escrito varias publicaciones acerca de temas ligados a violaciones a derechos humanos.
-¿Cómo llegó a vincularse en causas de detenidos desaparecidos?
En 1988, mientras formaba parte del directorio del Colegio de Antropólogos el colegio constituyó una comisión de Derechos Humanos para alumnos y egresados que se vinculaba mucho con ejecutados políticos y familiares de detenidos desaparecidos. A mediados de ese año, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos le pidió a esta comisión formar un grupo especializado de arqueólogos para enfrentar en un futuro próximo estos hallazgos.
Formamos el grupo de Antropología Forense ese año pero comenzamos a funcionar activamente en 1989. Este equipo comenzó a tener una vinculación con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con la Vicaría de la Solidaridad y con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), e invitamos también al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAF).
Tras la asunción de Patricio Aylwin a la presidencia, a fines de marzo de 1990 en el fundo Las Tórtolas de Colina se encontraron los primeros cadáveres o casos de detenidos desaparecidos en democracia. En ese momento, los organismos del Estado, asesores de la justicia como la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal no estaban preparados para este tipo de casos. Paralelamente, la agrupación de familiares le solicitó a nuestro equipo de antropólogos realizar también las pericias.
Una máquina –propiedad de una empresa minera– mientras realizaba unos trabajos arrasó con la pirca (muralla de piedra) que allí se encontraba y dispersó restos óseos humanos, haciendo tres barridos diferentes. Llegó la policía (Brigada de Homicidios), levantó los cuerpos de los tres sitios del suceso y los guardó en tres sacos. El equipo de antropólogos fue avisado del suceso y al día siguiente fuimos con el abogado de la Vicaría.
La Policía de Investigaciones entregó todos esos restos óseos –con algunos fragmentos de ropa– al Servicio Médico Legal, cuyo director era por ese entonces César Reyes. Después de las pericias realizadas por el mismo SML, el juez nos pidió que fuéramos al Servicio a hacer nuestra investigación.
-¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron?, ¿Lograron identificar los cuerpos?
El Servicio Médico Legal entregó su informe que señalaba que se trataban de dos hombres y una mujer, muertos por impacto de proyectil. Nosotros, en cambio, inferimos que eran tres hombres cuya muerte no se debió a un impacto de proyectil sino que por tortura y se descubrió que correspondían a una de las direcciones del Partido Comunista, desaparecida por los organismos de seguridad de la dictadura el año 1976.
Dentro de los fragmentos que encontramos estaba una prótesis, y quien usaba una prótesis especial era Vicente Atencio. Las prótesis se la hizo entre los 60 y 70, seguramente, toda una obra de arte para la época porque eran muy poco comunes.
El segundo era Eduardo Cantero y el tercero quedó sin identificar en un comienzo. Más tarde, en 1995, fue reconocido por el Servicio como Juan Ávalos Davidson; sin embargo, hace dos años se determinó que no era él y lo identificaron con el nombre de Walker Arangua; hasta el día de hoy persisten dudas sobre su identidad.
-Posteriormente, usted participó de la apertura del Patio 29 ¿Cómo fue el proceso de investigación y descubrimiento de cuerpos en el lugar?
Después de este caso, participamos activamente con la Vicaría en el sur y en la costa de Chile, encontrando muchos hallazgos. La Vicaría tenía la información desde el año 1982 y, con anterioridad incluso, del Patio 29. En septiembre de 1973, el Patio 29 era un patio común y fue utilizado entre septiembre y diciembre de ese año para enterrar a víctimas de la represión militar.
La metodología que se usó para enterrar los cuerpos en ese momento, les permitía también distorsionar la evidencia y en la práctica hacerlos desaparecer. a policía y los médicos los trataban como si fueran cadáveres “comunes” cualesquiera. Después, señalaban que al cuerpo había que practicarle una autopsia para determinar la causa de muerte, cuando era obvio que había muerto por impacto de proyectil.
El médico junto a su equipo hacía otra ficha de la autopsia, entonces tenían una del hallazgo y otra de la autopsia. Se les asignaba un número, con el cual se mandaba y enterraba en el cementerio. Había todo un seguimiento de información que en teoría era exacta pero en realidad no era así, porque se enterraron a dos cuerpos en un mismo lugar o se enterraban en lugares distintos a lo estipulado en las fichas.
En dictadura se sabía que estaban todos enterrados, pero el ejército trató de remover las tumbas del Patio 29 a comienzos de los 80. El ministro de la época, Humberto Espejo, pidió que no se tocara. En 1990, la Vicaría de la Solidaridad nos solicitó excavarlo, fijando la cantidad de días y cuánto era posible revisar. Ya en la zona, nos percatamos que no se trataba de una fosa común sino que era un patio común con fosas individuales y todos fueron enterrados en ataúdes rústicos.
Algunos con tapas, otros no, pero cada cuerpo estaba constreñido a una tumba específica, sólo que en algunos casos encontramos dos cuerpos por tumba y en un solo caso tres cuerpos en una tumba.
Entregamos nuestro informe donde quedaba estipulado la incongruencia con algunas identidades reconocidas de manera oficial. De hecho, había mucha información que no estaba denunciada como desaparecida. Por ejemplo, encontramos seis mujeres de edad avanzada, y en el periodo hay denuncias de tres mujeres desaparecidas en Santiago y ninguna de mayor edad.
Con un colega quedamos como peritos independientes, funcionando de manera paralela al Servicio Médico Legal. El SML comenzó a identificar gente y, a mediados de 1994, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos nos requirió para revisar un informe del Servicio donde se identificaban a varias personas.
Nosotros le hicimos un informe a la agrupación para posteriormente ser enviado a la abogada querellante, a la organización sucesora de la Vicaría y a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. En primera instancia, fui acusado de persona peligrosa por causar “alarma pública”, por lo que tuve que ir a declarar ante el juez en numerosas ocasiones. Esa fue mi última labor en el Patio 29.
Sin embargo, años más tarde en 2006 la abogada denunció que las identidades del Patio 29 estaban equivocadas. Eso implicó que se tuvo que identificar a todos de nuevo. Todavía están siendo identificados y reidentificados.
-¿Cómo la arqueología, principalmente la forense, se ha constituido en una disciplina fundamental para el peritaje y hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos?
Este tipo de arqueología forense -por decirlo de alguna manera- fue invisivilizada durante mucho tiempo. No obstante, ahora no cabe duda que la antropología forense ha contribuido de sobremanera en el hallazgo y esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos.
Este campo disciplinar suele comparar la información pre-mortem o ante-mortem que es la que brindada por la familia, testigos de sobrevivientes, los agentes de la CNI o de la DINA, quienes que entregan antecedentes sobre qué tipo de tortura se practicó, para luego construir un perfil antropológico de esa persona en vida.
Los datos post-mortem son los que se arman en laboratorio: inferencia de edad y otras características que componen otro perfil que puede o no coincidir con el pre-mortem. El único que comunica la identidad de las víctimas en Chile es el juez, mientras que los expertos son los que le proponen una identidad al juez. Así fue como ocurrieron todos los errores ya descritos.
