El interés por la antropología de Mauricio Lorca (43) nació durante sus estudios en el colegio, por su fuerte vocación humanista. Ingresó a estudiar la carrera en 1991, en los albores del retorno a la democracia. En la que desde una administración sesgada por el régimen militar se pasó a otro con académicos(as) por mérito y que, dentro de la Facultad, se desarrolló una movilización orientadas a redefinir la malla curricular de la carrera.
Durante la realización de su memoria para optar al título de antropólogo social, analizó la trayectoria de vida de una dirigente mapuche, residente en Cerro Navia, que permitió adentrarse en la realidad sociocultural del mapuche urbano. Luego, entre 2000 y 2002 estudió el magíster en Etnohistoria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
También se tituló de Máster en Estudios del Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente, es candidato a Doctor en el programa de Gestión de la Cultura y el Patrimonio, con la tesis “Dinámicas de patrimonialización del legado minero-industrial en el Norte Chico. Patrimonio y sociedad en Chile contemporáneo”, de la Universidad de Barcelona, España.
-¿Cómo ha sido tu trabajo de vinculación y relación con las comunidades locales en el Norte Chico de nuestro país?
Para realizar un trabajo de características etnográficas, lógicamente hay que tener una relación más bien próxima con las comunidades. Pero para que esto se concrete hay, por lo menos, dos hechos que complotan contra ello, y no hablo solo de mi quehacer profesional sino del trabajo de la mayoría de los antropólogos. Al desarrollar una consultoría a través de una licitación tanto para el sector público como el privado, el trabajo se acota a espacios de tiempo que complota contra los tiempos que permiten relacionarse conveniente y correctamente con las comunidades.
Otra cuestión muy importante es que los resultados al momento de entregarlos, pertenecen –evidentemente– al mandante y, muchas veces, la retribución de esa información a la comunidad resulta imposible debido a que no está dentro de las prioridades de esa institución o porque, dada la premura en los tiempos de trabajo impuestos, esa parte del proceso queda fuera del cronograma de trabajo.
De ese modo, con esa forma de actuar, las comunidades se van desencantando de nuestro trabajo profesional pues, finalmente, no tienen acceso a los resultados. Entonces se genera una gran desconfianza de parte de las comunidades.
A esto se añade el hecho de que la actividad minera en el Norte Chico es un sector productivo que genera serios conflictos con las comunidades que habitan los territorios en que esos proyectos operan o pretenden hacerlo.. Entonces, dadas las exigencias de participación del Sistema de Estudio Impacto Ambiental, hay colegas que muy legítimamente realizan esas labores pero que claramente para que no cuentan con el beneplácito y la simpatía de las poblaciones locales.
-¿Cómo ha sido la relación entre las comunidades y las empresas mineras del Norte Chico?
Es un hecho que en la mayoría de las ocasiones la relación entre las empresas y comunidades ha sido sumamente conflictiva, ya que las comunidades rurales básicamente se han visto desposeídas de recursos naturales estratégicos que otrora tenían, me refiero básicamente al agua. El Norte Chico es una zona en rápido proceso de desertificación, por lo que el recurso hídrico es fundamental en términos productivos pero también de reproducción social y cultural pero que, no obstante, está en manos privadas, fundamentalmente, de las mineras y otros proyectos de desarrollo. En ese sentido, los recursos que contiene el territorio poco a poco han sido enajenados de las comunidades demostrando las serias inequidades existentes en el país. Un caso emblemático es, cómo no, el conflicto que desde hace diez años arrastra la comunidad de Caimanes con la minera Los Pelambres.
-¿Cuánto se ve mermado o afectado el patrimonio local por efectos de estas empresas?
Es paradójico pues ha ocurrido algo bastante interesante ya que el patrimonio local lejos de verse mermado en esos espacios de conflicto, contrariamente, se ha visto dilatado, acrecentado. Esto debido a que esos escenarios de conflicto, han significado la patrimonialización de los territorios y la territorialización del patrimonio mediante un proceso de coproducción orientado a la utilización política del patrimonio como estrategia de defensa de las comunidades locales.
Por ejemplo, en el Huasco Alto se ubica la comunidad agrícola de ascendencia diaguita los huascoaltinos. Esta comunidad agrícola es parte fundamental de la etnia diaguita, autoreconociéndose como tales pues, dentro del conflicto que les enfrenta con los proyectos mineros Pascua-Lama y El Morro, es más políticamente más conveniente ser que simples campesinos, ya que así tienen a su favor el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, desde hace un par de años, esos mismos comuneros se encuentran en un proceso de patrimonialización de elementos naturales y culturales de su territorio como estrategia de valoración territorial. Es decir, en esos escenarios en lugar de que el patrimonio esté en peligro, se potencia y fortalece.
Al respecto, muchos habitantes de zonas afectadas por la acción de las empresas señalan que deben patrimonializar el territorio al no contar con el apoyo de las autoridades municipales o centrales…
Efectivamente, como te decía, esa es una estrategia de conservación de esos espacios y las sociedades y culturales existentes en su interior. Entonces no es raro encontrar comunidades que con la ayuda de arqueólogos y antropólogos levanten catastros de la riqueza patrimonial natural y/o cultural de sus territorios, como forma de valorarlos y demostrar la incompatibilidad de que se realicen en su interior proyectos de inversión que afectan negativamente a esas poblaciones.
