Con profundo dolor e indignación, hemos sido testigo durante las últimas semanas de la violencia con que se ha reprimido a quienes se manifiestan en nuestro país, exigiendo transformaciones estructurales en el ámbito de la educación y en otros asuntos de relevancia nacional. Las principales víctimas de esta violencia son personas jóvenes: estudiantes muertos por quien decide resolver a balazos un conflicto, dando claras muestras de la enfermedad que nos afecta como sociedad; estudiantes lesionados gravemente por una fuerza policial que les criminaliza por su acción política.
Estas situaciones no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. No podemos permitir que se promueva un modo violento institucionalizado como mecanismo para enfrentar los conflictos, ni que, mientras se emiten discursos de respeto democrático a la libre expresión, se reprima desde las fuerzas coordinadas por el Estado a quienes se expresan políticamente.
Estas situaciones reflejan la continuidad de procesos permanentes en la sociedad chilena, en que su clase política y las autoridades no valoran los aportes que estas personas, muchas de ellas jóvenes, como estudiantes secundarios –principalmente con su movilización del año 2006– y como estudiantes universitarios –con sus movilizaciones desde el año 2011 a la fecha– han realizado para las necesarias transformaciones en el país. La conversación social chilena se volcó a los asuntos estructurales que requieren cambios –partiendo por el sistema educacional– a partir de las demandas y cuestionamientos que estas movilizaciones obligaron a considerar. Un eje de las propuestas de quienes aspiraban a cargos de representación en las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, estuvo en este ámbito gracias a los cuestionamientos e iniciativas que desde estas movilizaciones se hicieron en el país.
Las movilizaciones sociales constituyen un elemento muchas veces fundamental en el desarrollo del país y los jóvenes suelen ser actores relevantes en su dinámica, como lo prueba nuestra propia historia. La represión violenta de ellas sólo puede desencadenar trágicas consecuencias y es obligatorio rechazarlas, promoviendo iniciativas en que, de manera colaborativa, aportemos a la construcción de relaciones democráticas y solidarias.
En momentos que somos testigos de la extendida corrupción en las relaciones entre el negocio y la política, son precisamente las movilizaciones sociales, impulsadas por las nuevas generaciones, las que podrían abrir el camino para una superación de la grave crisis ética por la que atraviesa el país. Su represión violenta es un crimen y un error que nunca debiera cometerse.
Nada puede asegurar que las movilizaciones sociales logren sus objetivos, ni que las nuevas generaciones traigan aires de cambio que barran con la corrupción y la injusticia, pero es indudable que son ellas quienes plantean la posibilidad política del cambio que Chile necesita.
