Hace unos días el Movimiento Ciudadanos por la Memoria entregó 5 mil firmas a la presidenta Michelle Bachelet, solicitando la remoción de una estatua de José Toribio Merino emplazada en el Museo Naval en Valparaíso, pues la consideran parte de los “signos de glorificación de la dictadura”. Simultáneamente, hace también pocos días atrás Renovación Nacional (RN) ha comenzado a debatir si eliminar de su declaración de principios la alusión al Golpe militar de 1973 al cual miembros del partido que se fundaría a fines de la dictadura, instaron, apoyaron y ofrecieron su lealtad luego del 11 de septiembre.
En registros distintos, ambos episodios plantean problemas similares, relativos a cómo vincular el presente a un pasado considerado trágico e indigno, buscando omitir del espacio público (una declaración, un museo, o una calle) la alusión a ese pasado en clave de homenaje.
Similar dilema enfrentan todas las sociedades que han efectuado procesos de revisión crítica de sus pasadas dictaduras, baste recordar la emblemática imagen de Néstor Kirchner descolgando las fotografías de ex dictadores argentinos desde las paredes de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, que luego pasó a ser un espacio de memorias a cargo del Estado y organismos de la sociedad civil. Y también el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica de España, que establece el retiro de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Tras la caída del bloque soviético, varias estatuas de Lenin, Stalin y otros líderes, fueron destruidas, la imagen del gran Lenin viajando por el aire en la película Good Bye Lenin, resume esa tendencia que se ha replicado en distintos países de Europa oriental. En Chile, hace poco en la comuna de Providencia se restituyó el nombre original de la calle Nueva Providencia, bautizada 11 de septiembre por la dictadura.
Estas acciones no sólo desautorizan públicamente un tipo de recuerdo, sino que por lo general plantean una nueva relación con el pasado, es decir una nueva memoria, borrando las huellas de los actos públicos impositivos de la anterior, como son las estatuas, las placas, los nombres de calles, etc. y promoviendo el olvido sobre lo que en esos lugares alguna vez hubo. Pero, ¿por qué borrar las huellas de aquellos objetos y marcaciones? En otros contextos el retiro de estatuas ha provocado debates que plantean la alternativa de dejar los pedestales vacíos con una explicación de lo que allí había y por qué razones fue retirado, revelando así las disputas sobre el pasado, e indicando que alguna vez hubo una memoria de la infamia que ha sido vencida.
Algunos pensarán que no es necesario recordar la infamia porque basta con disponer de nuevos monumentos en homenaje a las víctimas, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, sin embargo ¿qué marcaciones subsistirán para comprender por qué han sido necesarios esos homenajes?, y luego ¿dónde buscaremos las filiaciones de grupos específicos (que siguen entre nosotros), articuladores de monumentos públicos que glorificaban a la dictadura, si hemos borrado todas las huellas de esas acciones? Es obvio que la Declaración de principios de RN no es la única evidencia de su filiación dictatorial, sin embargo omitirla es intentar amputar una expresión pública de su origen, como sería proceder a “limpiar” el territorio de las marcas públicas de la dictadura, como si esta nunca hubiese existido. Propongo que sólo el pedestal de la estatua de Merino se mantenga en pie junto a una lectura adicional sobre los motivos de su remoción, como testimonio de que este presente ha demandado una nueva relación con el pasado.
