El 20 de noviembre es el Día Mundial de la Infancia, fecha en la que se conmemora la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por las Naciones Unidas en el año 1959 y la aprobación, 30 años después, de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2025, esta fecha en Chile adquiere una especial relevancia con la creación y trabajo de la Comisión Verdad y Niñez, un espacio que pone en el centro a quienes vivieron vulneraciones en sus derechos bajo la tutela estatal y de sus colaboradores, desde la creación del Servicio Nacional de Menores (Sename), hasta la actualidad.
Esta instancia que surge ante el reconocimiento por parte de documentación internacional y nacional de la violencia institucional ejercida contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estuvieron al cuidado del Estado, busca cumplir la labor de reconocer públicamente el daño infringido, además de proponer medidas de reparación. Lo que representa un paso fundamental hacia una nueva forma de entender la protección de la infancia en Chile.
La doble tarea de la comisión recae en la importancia del reconocimiento público del daño para asegurar una no repetición de lo sucedido. “Una transición institucional que no incorpora verdad y memoria en su diseño, corre el riesgo de administrar la continuidad del sistema que quiere dejar atrás, bajo un nombre de fantasía en lugar de producir cambios profundos y sistemáticos”, destaca el psicoanalista y académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, Camilo Morales, en su reciente columna publicada en Cooperativa, misma en la que también destaca la importancia de comprender esta violencia estructural y el desafío actual de la comisión de producir verdad mientras desarticula las lógicas que permitieron esta violencia.
Bajo esta misma línea, la labor de la comisión se adapta con pilares fundamentales en el ámbito de estudio, señalados por el académico del Departamento de Psicología y miembro de la comisión, Matias Marchant, que sirven para consolidar un camino hacia la reconstrucción histórica, como el conocimiento profundo de las vivencias y experiencias de quienes pasaron por estos procesos, para construir gracias a su voz y participación, nuevos modelos de atención, con garantías de que no se vuelvan a producir estos hechos. Y el reconocimiento social que nos ayude a estar en permanente alerta para mejorar el trato que le damos a los niños y niñas de nuestro país, principalmente para quienes necesitan de la protección especial y la reparación de las heridas que hayan quedado. 
“Para avanzar en procesos reales de reparación, necesitamos estudios rigurosos y el resguardo de los registros que permitan reconstruir las trayectorias de vida de quienes crecieron bajo tutela estatal. Muchas personas egresadas del sistema han solicitado que el Estado y las instituciones se comprometan a conservar y organizar adecuadamente esa información, pues sin ella es imposible recuperar su historia. Contar con archivos completos y accesibles no es solo una tarea técnica: es un acto de dignidad y un requisito para que la sociedad pueda aprender de sus errores y garantizar que estas vulneraciones no vuelvan a repetirse”, plantea el académico sobre lo necesario para iniciar esta reparación en la relación del país con quienes vivieron su infancia bajo tutela estatal.
En esa misma línea, el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, ha advertido en una reciente publicación que la exclusión de niños desde la sala cuna sigue siendo una barrera estructural, lo que refuerza la necesidad de mecanismos de reparación y protección más profundos.
Reflexiones que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia nos invitan a pensar y a reconocer que esta reparación no es un acto netamente simbólico, sino más bien un proceso ético, político y social que redefine la relación entre estados, comunidad y las nuevas generaciones. 
Un día que nos recuerda que Chile avanza en comisiones de verdad y nuevas instituciones, y que se encamina a cumplir sus compromisos como Estado ante diversas organizaciones nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, este proceso refuerza la urgencia de una política pública de reparación integral para quienes estuvieron bajo la custodia estatal en etapas fundamentales de su vida. Todo ello contribuye a la aspiración de construir un país que establezca una nueva relación con las nuevas generaciones, basada en el cuidado, la dignidad y la protección especial que les debemos.
