Por Daniel Reyes, Psicólogo del Programa de aprendizaje en sexualidad y afectividad (PASA), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile

El caso de Belén y el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual

Daniel Reyes: 'El caso de Belén y la educación sexual'

Los avances no han sido sistemáticos, ha existido falta de voluntad política y a momentos fuertes bloqueos de organismos conservadores como en el caso de las recordadas JOCAS.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera el Ministerio de Educación (MINEDUC) anuncia la creación de un portafolio de siete programas de educación sexual que se diferenciarían según un estatuto ideológico (laicos o religiosos), y que permitiría a las escuelas que lo desearan contratar al más apropiado según su proyecto educativo. La propuesta en sí era discutible: ¿por qué el Estado financia programas católicos para escuelas públicas? ¿por qué se promueven programas que contradicen la legislación chilena (por ejemplo al afirmar que la homosexualidad es enfermedad)? ¿por qué el Estado opta por liberar la educación sexual al mercado en vez de desarrollar una política integrada? Y finalmente ¿por qué la selección de programas no consideró los desarrollos pedagógicos y científicos en este campo sino solamente el marco normativo al que adscriben cada programa?

Si el diseño original producía suspicacias, la puesta en marcha de esta "política" despejaría toda duda. El MINEDUC genera un pequeño fondo para que los establecimientos contrataran un programa a su elección, pero la gestión de este fondo es tan deficitaria que obtiene una ejecución presupuestaria menor al 25%. Posteriormente, cuando el Ministerio de Educación entra  en conocimiento de que los establecimientos no están implementando educación sexual, opta por evitar el tema suspendiendo la política. Es decir, en la actualidad no existe iniciativa alguna para que se implemente educación sexual en los establecimientos públicos del país. Aunque para ser justos sí existe una iniciativa local, puesto que el Ministerio contrató directamente uno de los programas incluido en el  portafolio (coincidentemente aquel que plantea la homosexualidad como trastorno) para capacitar docentes de la provincia de Concepción.

Paralelamente el Ministerio de Salud se hacía responsable de redactar el reglamento de la ley 20.418, última ley despachada en el gobierno de Michelle Bachelet la cual, entre otras cosas, hace obligatoria la educación sexual en educación media. Grande es la sorpresa cuando con fecha 28 de mayo de 2013 se publica el reglamento, el cual omitiría el artículo que hace referencia a la educación sexual. Así, la única iniciativa legal que se ha hecho cargo del derecho de los/as estudiantes a recibir educación sexual es eficientemente inoculada por la actual administración.

En resumen, este gobierno no sólo ha evitado hacerse cargo de la educación sexual, sino además desmanteló activamente las limitadas iniciativas que existían para proporcionar a los/as estudiantes educación de calidad en este campo.

Ahora, en relación al caso de Belén -niña de 11 años embarazada por violación de padrastro- que suscita esta columna ¿Significa todo esto que el Estado es responsable de lo sucedido con Belén? O más concretamente, ¿podría el MINEDUC haber emprendido acciones efectivas que evitaran situaciones de violencia sexual como esta? Lamentablemente la respuesta es no.

Existe abundante investigación en torno al impacto de modelos de educación sexual. Habitualmente se ha intentado evaluar su capacidad para limitar conductas sexuales de riesgo, así como disminuir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no previstos, al respecto los resultados son disímiles, pero en general apuntan que la escuela, por si sola, no logra incidir eficazmente en estos indicadores. Se sabe además que las políticas más eficaces son aquellas que comprenden un conjunto de acciones coordinadas desde el sector salud y educación. En este sentido cualquier diseño político debe asumir los restringidos alcances que tiene la educación sexual al momento de definir su propósito. En relación a la violencia sexual, que es el tema que nos concierne, no existe un modelo de educación sexual que haya demostrado capacidad para prevenirla. Esto se debe a que la violencia sexual, como la vivida por Belén, es un fenómeno extraordinariamente complejo, en que toman cuerpo factores de marginalidad, mecanismos de poder, regímenes de género y toda la gama de fuerzas que constituyen al sujeto social. Al entender la violencia sexual desde esta perspectiva, ciertamente la escuela no puede abarcar, ni menos controlar el fenómeno.

¿Significa esto que debemos renunciar a la educación sexual? No, todo lo contrario. Lo importante es saber definir el lugar que le compete. Se debe recordar que la educación sexual es estrictamente un ejercicio pedagógico, por ende su impacto debe medirse con la misma vara con que se miden otros ámbitos de la educación. Vale decir que su finalidad no es determinar comportamientos de los/as estudiantes, sino promover la máxima reflexividad de éstos al momento de enfrentar situaciones relacionadas con la sexualidad. Una educación sexual en línea con los avances de la pedagogía es aquella que fortalece la capacidad de decidir con autonomía, ampliando los márgenes de incidencia de cada estudiante para disfrutar de una sexualidad libre y placentera.  A su vez, una pedagogía de la sexualidad moderna debe ser crítica a las modelos heteronormativos y sexistas, si no lo hace abiertamente lo más probable es que tienda a reproducirlos.

La educación sexual por si sola no está llamada a controlar los embarazos, a prevenir enfermedades de transmisión sexual, a erradicar la discriminación de género o bien a eliminar la violencia sexual. Sin embargo, sí puede sentar las bases para el empoderamiento de los/as estudiantes con respecto a su vida sexual, y en conjunto con otras acciones del Estado, tener efectos positivos en los ámbitos relativos a la sexualidad.

Sería un despropósito afirmar que se podría haber evitado el drama de Belén, pero eso no excusa al Estado, y en particular a MINEDUC de haber actuado negligentemente al no promovereducación sexual de calidad. En período de campaña, es deber de los ciudadanos exigir una política contundente en esta materia, y así poder abrigar la esperanza de que las futuras generaciones construyan una sociedad donde las personas no vivan discriminación, sometimiento y violencia como la que mucho niños y niñas sufren hoy.

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