No podemos menos que apoyar y reconocer la importancia de la movilización social en torno a las demandas por el mejoramiento de la educación chilena. Nuestra Facultad de Ciencias Sociales no puede estar ajena a estas demandas, como tampoco dejar de aportar a la transformación de las protestas en propuestas que motiven a la ciudadanía y a sus órganos decisores.
Lo que hemos visto en el país los últimos meses, y que actualmente se ha evidenciado con más de una centena de establecimientos educacionales y una gran mayoría de las universidades tradicionales en toma o paro de actividades, responde a la complejidad que Chile ha alcanzado y constituye una forma típica de protesta en un país que se moderniza en medio de agudas contradicciones. Puesto que se trata de un problema más estructural que coyuntural, las manifestaciones sociales seguirán estando, con distintas formas, muy presentes en nuestro país y contarán con el respaldo de la mayor parte de la opinión pública, dada su conexión con intereses sociales de amplia cobertura: inclusión, seguridad y movilidad social, por ejemplo.
El acceso a la educación ha pasado de ser un privilegio a una necesidad que todos sienten el derecho a satisfacer. En Occidente, esta idea sobre la educación se generaliza cuando nuevos principios de selección social empiezan a sustituir al orden aristocrático y a las otras formas de inclusión social que se basan en criterios de adscripción. Estos procesos, en el caso de las universidades, se expresaron, desde el Medioevo, en la lucha por independizarse primero del dominio de la iglesia, luego de los poderes reales y finalmente de los estatales. En este sentido, la demanda educacional, antes como ahora, tiene una función emancipadora y liberadora, y acompaña los cambios sociales, sean cuales sean su intensidad y orientación. No debe extrañar, en consecuencia, que sus crisis y demandas aludan, de una u otra forma, a limitaciones y obstáculos no superados que frenan esta función o, lo que es más común, a la emergencia de nuevas capas sociales que aspiran al reconocimiento de sus derechos y que, con ello, la potencian.
Hoy en día, la ideología dominante sostiene que los procesos educativos, aunque supongan la producción y distribución de nuevas y agudas diferencias sociales -como lo es la estratificación ocupacional-, no legitima que estas desigualdades se basen en el origen familiar y social, sino que se espera que sean el resultado del rendimiento y la activación de competencias en educandos que tienen las mismas oportunidades. Esa no es una tarea menor, pues supone que estos (los educables) tienen inicialmente las mismas condiciones, lo cual es muy discutible incluso en países de alto desarrollo. En todo caso, en Chile, las diferencias entre las condiciones socioeconómicas que presentan los educandos son enormes y se proyectan mucho más allá de la educación. Por ello, la demanda educacional se enlaza muy bien con las demandas de cambios políticos, involucra aspectos simbólicos, e incluso engancha con mucho sentido en críticas al orden económico y a las formas tradicionales con que se organizan los procedimientos democráticos.
Ocho años consecutivos de la aplicación de una nueva prueba de selección e importantes inversiones en la educación pública, no han reducido la brecha entre el rendimiento de los estudiantes de establecimientos municipalizados -los más vulnerables- y el de los estudiantes del sistema privado. Al observar esto, nos damos cuenta de que nos encontramos lejos de la función movilizadora y de cambio social que ocupa la educación en la historia. Los mismos establecimientos educacionales, según su tipo, hoy actúan como reproductores de un orden social que ya es inaceptable.
Si se las observa estructuralmente, las demandas estudiantiles y ciudadanas recientes apuntan a tres aspectos claves: evidenciar la brecha que existe entre la cantidad de egresados de la educación media y los ingresos a la educación universitaria; evidenciar que se ha traspasado al sistema económico el "poder o no poder pagar tal educación", y finalmente, el cuestionamiento a la calidad de la enseñanza impartida y su falta de adecuación a los requerimientos e intereses de las personas. La ciudadanía no acepta la aplicación del código económico en la educación, ya que se considera un derecho y, por ende, una obligación del Estado.
Para enfrentar este tema hay algunos aspectos que destacar. La educación siempre tendrá como resultado una selección social, por lo tanto, siempre habrá diferencias en notas o puntajes, algunos los tendrán altos y otros bajos. Entonces: ¿cuál sería el problema que se denuncia? A mi juicio, la fuerza de la protesta y la generalización de sus motivos radica en el hecho de que se está denunciando el dominio de los criterios económicos sobre los propiamente educacionales (algo parecido a lo que ocurre con el sistema de salud). Lo anterior no significa que las operaciones educativas deban ser absolutamente independientes de aportes y gastos en dinero, eso no es posible, ¡al menos a los profesores hay que pagarles! El problema es que sus opciones se acoplen estrechamente al dinero y las economías familiares. Si un joven no puede rendir la PSU por no poder cancelar el costo de su preparación, es evidente que no son sus méritos sino el dinero lo que lo margina; lo mismo ocurre si no puede pagar el arancel de la universidad. A estos déficit le siguen las posibilidades de permanencia en el sistema y finalmente el impacto diferencial que tienen los certificados educacionales según el origen social de los educandos.
La sobredeterminación económica ha tenido como su mejor ejemplo el neoliberalismo. De todas maneras, aunque cueste entenderlo, las grandes inversiones económicas en educación no necesariamente tienen por efecto mejoras sustantivas en sus productos educativos, aunque sí, con mayor probabilidad, en sus ganancias o en la satisfacción de sus miembros. Podemos apreciar que las universidades privadas más publicitadas no necesariamente son las mejores, como tampoco los profesores mejor pagados son siempre los docentes más destacados.
Como este problema atenta contra nuestra propia viabilidad como país, se deben buscar soluciones. Siendo un interés colectivo, el Estado podría proveer los medios para que todos los ciudadanos tengan una educación de calidad, en cuyo acceso y permanencia no existan interferencias más allá de los intereses de las familias y los educandos.
Que las autoridades aludan al hecho de que se han aumentado sustantivamente los sueldos de los trabajadores de la educación y que se han creado becas de apoyo para quienes quieran formarse como pedagogos como medidas para mejorar la educación, es de una ingenuidad mayúscula. Condiciones de trabajo decentes y sueldos acordes con la labor, son un requisito mínimo para una mejora educativa sustentable, pero no la causa de la misma. Recordemos a nuestros buenos profesores, analicemos los pocos casos exitosos de la educación municipalizada y tendremos mejores pistas sobre cómo mejorar la educación. La reforma exigible debe estar a tono con la complejidad que se requiere abordar.
Finalmente, si la educación no se libera de las determinaciones económicas que obstaculizan su función, seguirá siendo un problema que frena el despliegue de la igualdad de oportunidades y desestabiliza el sistema político y, algo no menos importante, Chile no alcanzará el desarrollo y calidad de vida a que aspira su población. Justamente, la reiteración de estas protestas revela una baja capacidad para resolver desafíos complejos e importantes, asunto indispensable en una democracia que aspira a ser madura.
