Los hechos ocurridos en las últimas horas en distintas localidades de la Araucanía nos han vuelto a mostrar que la convivencia de las diversas identidades e historias que pueblan el territorio nacional, no puede basarse en la invocación abstracta de la autoridad, el orden público o el Estado de Derecho. Por el contrario, el cuidado del Estado de Derecho depende de las acciones que permitan develar y reparar las cargas de violencia histórica y estructural que este arrastra tanto en las condiciones de su implementación como en sus funcionamientos cotidianos.
En este marco consideramos que las acciones de violencia anti mapuche cometidas por civiles chilenos en conjunto o con la anuencia de fuerzas policiales, resultan particularmente graves por la siguientes razones: En primer lugar se debe considerar que la responsabilidad del Estado chileno en el ejercicio de violencia contra la población mapuche en ese territorio se enmarca en una tendencia histórica de larga duración. Piénsese, entre otros hitos, en la conquista militar del territorio mapuche y de sus habitantes a fines del sigo XIX, la usurpación sistemática de las tierras que oficialmente se les habían asignado, los procesos de contra-reforma agraria y represión desatados durante la dictadura, la implantación de proyectos extractivos de alto impacto socioecológico así como la criminalización –mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista- de las demandas y los movimientos sociales que han buscado enfrentar estas situaciones. Si a esto se le suman las innumerables violencias cotidianas asociadas a la discriminación racial, se entiende que la primera tarea del Estado en su deber de mantener, y sobre todo, dotar de legitimidad al Estado de Derecho, es el de proteger y reparar a aquellos segmentos de la población que han resultado perjudicados en los procesos asociados a la implementación y funcionamiento de ese mismo Estado de Derecho. De ahí que si ya es grave que en el ejercicio de los ordenamientos jurídicos el Estado cometa abusos contra este segmento particularmente vulnerado de la población, el que agentes del Estado respalden o al menos permitan acciones de civiles dirigidas contra este mismo segmento de la población y contraviniendo al mismo Estado de Derecho que dicen defender, resulta doblemente grave.
En segundo lugar es importante recalcar que estas acciones se dan en contra de personas movilizadas por el respeto de los derechos de mapuche actualmente presos en cárceles chilenas, derechos respaldados por los estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 9 y 10 que establecen que en el caso de los pueblos indígenas los Estados deberán dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento teniendo en cuenta sus usos culturales y sus costumbres). Dado que Chile es un país firmante de dicho Convenio, con todas las obligaciones jurídicas que esto implica, las manifestaciones mapuche que exigen su aplicación, en lugar de ser consideradas como amenazas al Estado de Derecho, y por lo tanto como objetos de represión policial, debieran, por el contrario, ser comprendidas como instancias valiosas para el diálogo y la negociación política, en la medida en que se trata de un esfuerzo de la sociedad civil por dotar a ese mismo Estado de Derecho de la legitimidad que requiere.
Y, como estas movilizaciones nos lo muestran, esta urgente búsqueda de legitimidad institucional tiene que ver justamente con develar y remediar sus expresiones estructurales de violencia, como las que se manifiestan por ejemplo en el hecho de que de los mil quinientos presos liberados por el gobierno chileno en el contexto de la actual pandemia, no se cuente entre ellos ningún mapuche. O de que los índices de mapuche cumpliendo prisión preventiva son comparativamente mayores que los de no mapuche. El que tras los actuales incidentes, entre los detenidos solo figuren mapuche y esto ante la evidencia ostensible de acciones de violencia civil en su contra, no hace más que confirmar la parcialidad jurídica y policial que además de estar al origen de las movilizaciones que fueron reprimidas, es una confirmación concreta de esa violencia estructural y del menoscabo concreto que significa para la legitimidad del orden jurídico-político que se exige respetar.
En tercer lugar, nos preocupa la coincidencia de estos hechos con la llegada del nuevo Ministro del Interior a la Región de la Araucanía y la insistencia del gobierno en el recurso al argumento policial como respuesta a las demandas sociales. Esperamos por un lado que esto no prefigure una política de incentivo o al menos tolerancia instrumental a movimientos y expresiones civiles de odio racial como estrategia de neutralización de las movilizaciones y de las demandas mapuche. Y por otro lado que tampoco prefigure una política de clausura de las instancias políticas que permitan negociar y reformular las condiciones de nuestra convivencia tanto a nivel regional como nacional. Estas nuevas condiciones deben partir tanto por el reconocimiento formal de las organizaciones mapuche y sus demandas, como en términos más amplios, por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el horizonte de un Estado plurinacional. Solo así el término Estado de Derecho dejará de funcionar como una categoría abstracta o un muletilla vacía destinada a justificar políticas represivas. Su legitimidad dependerá entonces de la voluntad de generar instancias formales de diálogo que permitan canalizar en términos políticos demandas que las estructuras económicas e institucionales imperantes no han sido capaces o no han estado dispuestas a considerar.
Santiago, 03 de agosto de 2020
