A una semana de la declaratoria de estado de emergencia decretada por el gobierno de Sebastián Piñera, hemos sido testigos de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno, por lo que rechazamos contundentemente esta violencia y exigimos el fin de la violencia institucional y armada en las calles, la derogación del Estado de Emergencia y una discusión amplia y democrática con diferentes sectores sociales, culturales y políticos para pensar un camino social responsable.
Las cifras oficiales del INDH informan que a la fecha son 2.410 personas detenidas a nivel nacional, incluyendo niños/as y adolescentes. Hay más de 535 personas heridas, de los cuales 239 corresponden a heridas producidas por armas de fuego. Existen al menos 8 querellas por violencia sexual y 30 denuncias por tortura cometidas por los cuerpos policiales y militares. Oficialmente se reconoce la muerte de 18 personas. Estas son las preocupantes cifras después de 7 días de estado de emergencia y la desmesurada respuesta de los cuerpos policiales y militares, lo que ha generado una ola de violencia y represión al derecho de manifestación de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
Las masivas manifestaciones que hoy presenciamos no son producto de un alza de 30 pesos en el costo del metro, sino de largas luchas de los pueblos originarios por la justicia y más contemporáneamente, 30 años de desigualdades y precarizaciones estructurales en el ámbito de la salud, educación, vivienda, pensiones, medio ambiente, entre muchas otras. La racionalidad neoliberal imperante instaló una lógica de mercado en cada aspecto de la vida social y cultural por sobre el bienestar colectivo y el fortalecimiento de los lazos sociales.
El foco de las políticas públicas ha estado centrado en los sujetos individuales imponiendo la responsabilidad de su precariedad, cuando ésta es sólo resultado de las deficiencias estructurales de una política de Estado que renuncia al mandato de proveer el bienestar y lo deja a los mecanismos del mercado. Estas desigualdades no se solucionarán con reajustes en la agenda social del gobierno, sino que requieren cambios estructurales profundos.
En nuestra labor como profesionales del trabajo social hemos sido testigos de las injusticias que los grupos más vulnerados en sus derechos han sufrido a lo largo de nuestra historia. Hemos visto, que las limitaciones de las políticas y programas públicos tienen como consecuencias pocos o nulos efectos en la atención de los problemas que aquejan a nuestras comunidades. Las políticas públicas actuales son producto de una visión limitada propia de un diagnóstico superficial y simplista de la complejidad social, que niega las fallas estructurales de un sistema económico, cultural, social y político que no permite la construcción de espacios sociales comunes donde se sustenten soluciones a los grandes problemas nacionales.
Creemos firmemente que el reclamo de un orden sociopolítico acorde a las necesidades del país es un asunto que parte con una Nueva Constitución y que independientemente de los mecanismos en que ésta se discuta, es nuestro deber participar aportando desde una visión crítica y propositiva que contribuya al desarrollo social de nuestras comunidades.
Como comunidad de estudiantes, académicos/as y funcionarios/as universitarios/as, exhortamos a nuestros colegas y compañeros/as a sumarse en la construcción de un nuevo proyecto societal democrático atendiendo a los principios de respeto a los derechos humanos, a la pluralidad de enfoques políticos e ideológicos, incluyendo a todos los agentes sociales.
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