La situación que afecta a nuestro país da cuenta de una grave crisis social y política, que es consecuencia de la permanencia de un modelo económico, político e institucional que ha profundizado la injusticia y la desigualdad. El creciente malestar de estos días es la expresión más clara de un sistema que se percibe como vulnerador.
Somos testigos de una situación histórica, donde el estallido social ha generado reacciones de violencia social e institucional que angustian, conmocionan e indignan. En este escenario, principios como la dignidad, el cuidado, la confianza y la justicia se ven transgredidos cuando la respuesta de la autoridad política reduce la indignación colectiva a un problema de orden y seguridad pública, donde las manifestaciones son criminalizadas y las demandas sociales son silenciadas, ante la ausencia de acciones y propuestas concretas enfocadas en transformar un sistema productor de injusticia y segregación.
Este escenario requiere de una respuesta política que sea capaz de reconocer la violencia que las propias instituciones generan con sus discursos y prácticas. No es posible seguir sosteniendo declaraciones que humillen y estigmaticen a los ciudadanos y ciudadanas. Es preciso también escuchar la voz de los que históricamente han sido silenciados y excluidos de participar y protagonizar los cambios sociales, a través de mecanismos de participación que no se reduzcan a convocar sólo a la elite social, política, académica y económica del país. Hoy, más que nunca, reflexionar, comprender y discutir sobre las causas de esta violencia estructural es un imperativo ético si es que se quiere avanzar en la construcción de un nuevo pacto social como se ha venido señalando. Para esto no podemos seguir negando el contexto y la perspectiva histórica que están a la base del malestar que hoy se expresa en Chile.
En este contexto un ámbito de especial preocupación son las diversas formas de violencia y graves vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes como consecuencia de esta situación, pero también frente a las iniciativas políticas y legislativas que dan cuenta de graves retrocesos en materia de derechos humanos, vulnerando los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas.
Precisamente, son los niños, niñas y adolescentes quienes más han sufrido los efectos de la inequidad de nuestro sistema. La ausencia de un sistema de garantías que respete y proteja los derechos, junto con la falta de una institucionalidad de protección que cuide en lugar de dañar y vulnerar los derechos, son ejemplos concretos de una deuda que permanece vigente por parte de nuestras autoridades políticas.
Debemos recordar que en esta materia el ejecutivo y el parlamento no ha sido capaces de avanzar en una propuesta concreta de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez. En lugar de eso, se ha preferido seguir generando políticas públicas a partir de retazos que no responden a una visión integral que permita abordar con profundidad los desafíos y brechas que existen en el campo de la niñez.
La crisis social y política que atraviesa nuestro país, y el actual estado de emergencia invocado por el gobierno, desnuda la precariedad de las instituciones encargadas de brindar protección a niños y niñas en un momento donde sus derechos corren serios riesgos de ser vulnerados.
Estamos siendo testigos de un grave vacío institucional que se manifiesta en la ausencia de orientaciones y acciones claras para enfrentar y proteger a los niños de situaciones que amenazan su bienestar, dignidad e integridad física y/o psíquica.
La Defensoría de la Niñez ha reportado que en los últimos días 15 niños han sido heridos producto de la violencia policial. La labor de observación y seguimiento es fundamental en estos momentos, pero debe estar acompañada por el trabajo de otras instituciones y de un plan de acción que permita prevenir posibles situaciones de violencia, brindar apoyo durante la emergencia y reparar los efectos de la violencia cuando ha sido ejercida por agentes del Estado. Por lo tanto, en esta grave crisis: ¿quién previene? ¿quién acompaña? y ¿quién repara los efectos de la violencia ejercida por el propio Estado? Son preguntas que demandan una respuesta urgente y clara por parte de la institucionalidad a cargo.
La violencia policial y militar que se ha ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes es inadmisible y nos debe llevar a exigir como sociedad, que las instituciones públicas tomen medidas para detener la violencia y actúen priorizando el resguardo de los derechos humanos que hoy se ven amenazados y violentados. El silencio de algunas instituciones sólo reafirma la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sistema de protección de la infancia a través de una ley de garantías de los derechos de la niñez.
La postergación y la invisibilización del rol de los niños y niñas en nuestra sociedad son también la expresión de esta crisis. Incluirlos desde la escucha, participación y el protagonismo que pueden ejercer, reconociendo sus voces y formas de organizarse, son elementos mínimos e indispensables si se quiere avanzar en lo que se ha denominado “nuevo pacto social”.
Un nuevo pacto social es la posibilidad de construir y habitar un futuro con otros. Requiere de señales y acciones orientadas a resguardar el bien común, los vínculos de confianza y el cuidado en comunidad. No obstante, requiere de un reconocimiento de la violencia que se ha ejercido y de acciones institucionales que reparen los daños como una forma de hacerse responsables de los efectos de las vulneraciones.
Sin un reconocimiento de la dignidad del otro y el respeto por la particularidad, diversidad y las trayectorias subjetivas de cada persona y comunidad, seguiremos edificando una sociedad del individualismo, la confrontación y la desconfianz
