El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Garantía de Graneros formalizó al empresario agrícola, rentista inmobiliario y autodeclarado coleccionista de arte, Raúl Schuler, por los delitos de receptación reiterada e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales y a la Ley de Armas, quedando con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su formalización ocurre tras el hallazgo de 21 estatuas de valor patrimonial en su fundo, ubicado en San Francisco de Mostazal, avaluadas en cerca de $4.000 millones de pesos.
Además de las estatuas, en el fundo se hallaron más de 200 piezas arqueológicas, paleontológicos, armamento y artículos de la Guerra del Pacífico. Otras 49 piezas mapuche prehispánicas y otros objetos precolombinos, fueron encontradas durante el allanamiento realizado a fines de noviembre por la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones (PDI).
Entre los objetos robados sobresalen, específicamente, una estatua que se presume robada desde la Plaza Rubén Darío de Valparaíso; ocho estatuas de mármol que pudieron ser sustraídas del Cementerio General; dos cofres de plata y algunos candelabros que desaparecieron de la Iglesia de San Francisco, y dos esculturas que adornaban uno de los accesos del cerro Santa Lucía.
Se trata de una apropiación ilícita de parte del patrimonio cultural del país, lo que ha generado las críticas y reflexiones de expertos(as) en la materia, entre ellos el académico del Departamento de Antropología, Mauricio Uribe, y consejero representante de la Sociedad Chilena de Arqueología en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), quien también responsabiliza al Estado y a la sociedad chilena en su conjunto por una falta de educación, preocupación e interés en la preservación del patrimonio en su amplio espectro.
-¿Cuál es el daño que provoca que –en este caso– una persona pudiente se apodere de estos bienes que son de toda la sociedad chilena?
Pienso que lo primero y más importante es lo que tú señalas: una apropiación indebida de un particular de bienes que han sido declarados por el Estado como propiedad de todos(as) los(as) chilenos(as), habitantes de este país y que tienen un vínculo histórico con él, en tanto compartimos un territorio común.
Al respecto, se destaca una serie de elementos de los cuales se está apropiando y que representan nuestro legado histórico, así como la identidad de pueblos originarios. Es decir, atenta contra acuerdos sociales que ha establecido el Estado chileno con su población.
Existen coleccionistas que han desarrollado buenas, completas y variadas colecciones pero que han sido donadas, como por ejemplo, las del Museo de Arte Precolombino que fueron producto de una colección particular donada. Todas esas colecciones parten de una base errónea y un pecado original que es el tráfico ilícito de piezas de esta naturaleza. Hay un coleccionismo de arte que está oficializado y formalizado, está en la galería, se respeta la autoría, cada artista tiene su código, registro de obra y son especies únicas, valorizadas de determinada manera.
Chile ha firmado convenciones al respecto, y el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio así como el Consejo de Bienes Nacionales son responsables –junto ja las policías– de velar por el cumplimiento de ese tipo de tráfico ilegal de materiales y objetos. La PDI también lo ha señalado durante la investigación y es que existe una red articulada detrás. Hay que enjuiciar un completo modus operandi, una asociación ilícita que promueve y efectúa estos delitos. Si el patrimonio cultural representa un bien que es patrimonial, privatizarlo es sumamente contradictorio porque lo patrimonial posee una dimensión pública. Son bienes de valor colectivo.
-Sobre el coleccionismo de bienes patrimoniales, ¿al Estado chileno le falta hacerse cargo de su resguardo y protección?
Sin duda, Chile mantiene una deuda enorme con su patrimonio en todos los aspectos. Recién tenemos un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual se está formando y como todo ministerio se trata de una instalación lenta, que todavía se encuentra en estado inicial y precario. Venimos saliendo de ser parte del Ministerio de Educación donde, obviamente, estos temas son secundarios frente a la relevancia que posee la educación misma.
Es, justamente, la condición de precariedad en la cual muchas veces se encuentran los monumentos y bienes patrimoniales la cual alienta a que cualquiera se sienta con el derecho de apropiárselos, pues “si son de todos(as) los(as) chilenos(as) también son míos”. Sin embargo, una persona tan preocupada del patrimonio y con cuantiosos recursos podría hacer otro tipo de obras como la creación de una fundación que apoye la recuperación del patrimonio social. Por tanto, no es solamente responsabilidad del Estado o gobierno de turno, sino que es la responsabilidad de todos(as) su cuidado. Muchas veces, culpamos al Estado de todo pero el Estado somos nosotros(as).
-En otro ámbito en el cual podrían aportar empresarios es en la descentralización del resguardo patrimonial…
Yo creo que uno no debe culpar solamente a este señor porque el hecho también refleja nuestras propias falencias como Estado y sociedad chilena. Para revertir esa situación, hay que cambiar la cultura, forma de pensar y relación con el patrimonio.
Tampoco podemos esperar que los organismos públicos resuelvan todo porque son muy austeros y centralizados con una serie de precariedades, especialmente en el ámbito de la cultura. Recién comienza a haber un relevo del patrimonio cultural, particularmente, del histórico, prehistórico o precolombino que aún se ignora cómo manejarlo, careciendo de las herramientas, capacidades y presupuestos.
De alguna forma, este tráfico vigente refleja nuestras propias carencias. Nosotros(as) no solo debemos acusar, perseguir y castigar al delincuente –porque eso es lo más fácil y bárbaro–, sino que pensar detenidamente en nuevas instituciones, normativas, estrategias de difusión y educación patrimonial. Un día del patrimonio al año, por ejemplo, si bien convoca a mucha gente es poco y debieran repetirse esas iniciativas durante el año.
Además de sancionar, hay que promover, facilitar, y apoyar a personas adineradas para que –insisto– funden instituciones y generen redes con universidades; también se requieren depósitos. En el mundo anglosajón, por ejemplo, millonarios se convierten en grandes donadores de recursos para determinados tipos de cosas que les interesan, bajo la figura de “sponsors”. Nuestro país, en cambio, carece de un poder empresarial generoso y consciente.
Hasta fines del siglo pasado (XX), se creía que nuestro patrimonio e historia eran breves y acotados: cuando llegaron los españoles había indios, posterior a eso, comenzó la república, y todo se tiende a centrar en su creación y desarrollo.
Se acostumbra a enseñar a la población una historia y pensamiento de Chile que es decimonónica: única y homogeneizante, como si hubiera solo un pueblo indígena o muy pocos. No obstante, hay una diversidad cultural enorme que no se agota en la Conquista y Colonia, sino que se expande y extiende en el tiempo con otros eventos históricos. Al adoptar esta última mirada, salimos de la concepción de la raza única y pasamos a darnos cuenta de la multiculturalidad e interculturalidad existentes en nuestra configuración como nación.
Por otro lado, persiste una idea muy fetichista en torno al patrimonio, radicada en ciertos monumentos, hechos y efemérides pero –afortunadamente– se ha ido complejizando mucho más gracias a los posteriores procesos de globalización, lo que es sumamente positivo. El Estado adolece de mayor capacidad en todo ámbito, por eso ocurren estas cosas: se nos desborda la sociedad civil. Me parece excelente la valorización del arte patrimonial pero la apropiación ilícita no puede ser el camino.
