La rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) alcanzó su máximo histórico de estudiantes este 2017. Ello tiene un claro correlato con el progresivo interés de chilenos y chilenas por ingresar a la educación superior. De hecho, en 1991 la cantidad de jóvenes con edades entre 18 y 24 años que se matricularon en la educación terciaria bordeaba los 130.000. Veinticinco años después, esa cifra supera largamente el millón de estudiantes. Esto no solo habla del incremento en la matrícula en la educación superior (tanto universitaria como técnica-profesional) sino también de un explosivo aumento en la cobertura.
Pese a ello, y tal como reflejan los resultados del actual proceso de admisión, las oportunidades para acceder a instituciones de educación superior no se distribuyen equitativamente entre quienes participan de este sistema. De este modo, se observan claras brechas en los puntajes obtenidos en función de la dependencia administrativa y rama educacional del establecimiento de egreso, como en función del género de la persona. Ser mujer egresada de un liceo técnico-profesional con dependencia municipal disminuye drásticamente las oportunidades de alcanzar una plaza en la educación terciaria. Lamentablemente, estos resultados no se alejan demasiado de los observados en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) donde se estableció que el nivel socioeconómico es la variable que más incide en los logros de aprendizaje de los escolares de Chile.
Por otra parte, la proporción de individuos con estudios superiores finalizados no es alta en nuestro país: aun cuando se matricula una gran cantidad de estudiantes en los establecimientos de educación superior, sólo una parte de ellos finaliza exitosamente su carrera, lo que se refleja en altas tasas de deserción, en especial, en los dos primeros años de iniciados los estudios superiores. Hay que destacar que una elección errónea de carrera significa una pérdida económica y de tiempo, además del costo emocional y la frustración, tanto para los estudiantes como para sus cercanos.
Por lo tanto, como país enfrentamos un doble desafío: tenemos un acceso segregado a la educación superior, que no es capaz de garantizar un proceso de formación exitoso de quienes acceden a él. Si bien el actual debate se está focalizando fuertemente en las brechas que mostraron los puntajes (donde se han agudizado, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres) tampoco debemos dejar de lado el segundo problema. Aun cuando los estudiantes que postulan a la educación superior cumplen con los requisitos formales requeridos por las instituciones (cuando existen) ello no implica que se encuentren plenamente preparados para exhibir el tipo de comportamiento y desempeño que son exigidos en ese nivel educacional.
Particularmente complejo resulta el panorama para los estudiantes que han egresado de la educación técnico-profesional, cuya matrícula concentra cerca del 40% del total de estudiantes de tercero y cuarto medio. Cabe recordar que esta modalidad está siendo reformulada a nivel nacional como internacional, puesto que ya no se la concibe ni como una educación conducente a una rápida inserción laboral ni se la entiende como un puente entre la educación secundaria y la postsecundaria, sino que debe ser el punto de partida para el aprendizaje permanente, tanto en el empleo como en el ingreso a la educación superior. Esta posición cobra más fuerza si se considera que la sociedad de hoy muestra un creciente interés por la inclusión social, la valoración del conocimiento, la lucha contra la desigualdad y pobreza, y -en general- por nuevas perspectivas que conduzcan al logro de una sociedad más equitativa.
Nuestro actual sistema de acceso a la educación superior en vez de facilitar la continuidad de estudios para estos jóvenes, lo dificulta; los expone a una evaluación (PSU) que – desde sus orígenes – no fue planificada específicamente para dicho grupo ni para la cual se encuentran íntegramente preparados. Por último, tampoco regula satisfactoriamente la calidad de la formación que brindan las diversas instituciones de educación superior, existiendo diferencias significativas en la trayectorias que puedan seguir estos jóvenes.
Es claro que recientemente la educación superior nacional ha experimentado cambios sustantivos en lo referido a la diversificación y expansión de su oferta educativa. Ha llegado el momento de cerrar por el prolongado intervalo de desatención sobre el papel y la proyección de la educación técnico profesional y nos preguntemos como país, pero principalmente como Estado, en qué momento nos tomaremos seriamente este problema y cómo abordaremos estas desigualdades.
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