El proyecto de Ley de universidades estatales, enviado por el gobierno a su discusión y tramitación parlamentaria, representa en varios de sus aspectos un grave retroceso frente a la necesidad de contar con una política pública que asegure tanto la autonomía como el trato diferencial del Estado respecto a sus instituciones de educación superior. Resulta particularmente preocupante constatar que, por esta vía, la Universidad de Chile perdería muchos de sus avances en materia de participación democrática, del rol de sus autoridades, de los todavía insuficientes recursos basales que el Estado debe proveer a sus instituciones, así como el estamento funcionario vería en riesgo sus mínimas garantías de estabilidad y desarrollo. La aprobación del proyecto legislativo en curso implicaría un grave menoscabo a nuestra institución y a su comunidad universitaria toda.
La promulgación de una Ley en esta materia es una necesidad imperiosa, después de tantos años en que se ha pretendido que el mercado regule una actividad de relevanciapaís. Pero siempre y cuando no implique suprimir los avances en materia de política universitaria en nuestras instituciones; particularmente en la Universidad de Chile, que se encuentra por esta vía amenazada. De este modo, tanto el Consejo como el Senado Universitario perderían sus prerrogativas, construidas democráticamente; y los ya exiguos aportes del Estado para el financiamiento de esta y otras universidades públicas, se verían más deteriorados aún.
Lejos de avanzar en una transformación real del sistema vigente, esta propuesta, al igual que la llamada reforma del sistema de educación superior, no hace más que consagrar un “modelo” construido para servir intereses privados. Una regulación legislativa de las instituciones públicas -es decir, del Estado- de educación superior, debería traducir normativamente las necesidades que éstas presentan y cuya actualidad es fruto de una larga historia de menoscabo de la política pública en beneficio del mercado y los intereses privados. No es el caso, considerando el actual proyecto presentado al Parlamento. Es de esperar que todavía sea posible enmendar el rumbo, tanto desde la propuesta de gobierno como del parlamento. Sería la oportunidad de reconocer la necesidad de contar con una Ley, pero sin los perjuicios evidentes que el actual proyecto representa para el sistema de educación superior en su conjunto.
