Una mañana se escuchaba en un centro de atención directa del SENAME un canto de niños y niñas, que tenía un solo y rotundo mensaje: ¡Queremos ser Libres!
Es cierto que la situación de vida de los niños, niñas y jóvenes que son parte de la red de atención del SENAME ha despertado la indignación y provocado sentimientos en la ciudadanía. Esto ya no sólo por la muerte de Lissette Villa y las denuncias que se conocieron asociadas a esta triste noticia, sino también por lo develado en el informe de la Comisión Especial investigadora del funcionamiento del SENAME, y otros antecedentes dados a conocer por el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El diagnóstico es contundente: las condiciones de precariedad y vulneración en la que se encuentran los niños, niñas y jóvenes ha dejado en evidencia la falta de una institucionalidad responsable que vele por su atención respetuosa y digna.
Es cierto también que una cruel paradoja existe en el SENAME: este organismo alberga a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y se dedica a velar por sus derechos, sin embargo, hoy es cuestionado por la falta de ellos. Pareciera que el Estado de Chile pretendiese buscar coronarse de los derechos que les corresponden por el sólo hecho de albergarles en residencias, vulnerándolos al mismo tiempo y sin reconocer su previo fracaso.
No existen niños y niñas del SENAME, sino más bien una población excluida, precarizada, sin atención digna en educación y salud. Es el Estado el que ha configurado las condiciones para que las vulneraciones sucedan, pues no basta con sólo mejorar la infraestructura, dotación de profesionales, u otros, sino más bien reducir el ingreso anual de población infanto-juvenil que transita por el sistema de protección.
Si bien la institucionalidad ha sido cuestionada, resulta necesario y urgente determinar sus claras especificidades, lo que requerirá de un proyecto político responsable y ético, cuidadosamente organizado e implementado con una prolija coordinación de actores que se necesiten entre sí para cautelar la prevención de las vulneraciones de niños y jóvenes, y evitar así su institucionalización.
Por otro lado, y ante la presencia de los casos de atención en centros de resguardo, el aparato institucional que se conforme debe coordinarse con objetivos comunes, con acciones unificadas desde un enfoque crítico en su implementación y atención a sus problemas y complejidades. Por ejemplo, el caso de la administración municipal al que le corresponde la atención directa en una escuela dentro de un centro de resguardo infantil, ¿cómo dialoga y construye con un Ministerio de Educación que se encarga de las normativas para su funcionamiento, considerando que el centro en que se ubica la escuela es administrado por el Ministerio de Justicia? ¿Sobre qué paradigmas de atención hacia niños, niñas y jóvenes está conformada esta triada institucional? ¿Qué enfoque de educación prima en ellas? Al respecto, y por sobre todo ¿será necesaria la lógica de la escuela tradicional para la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes que están bajo la tutela del Estado?
No se puede pensar la violencia ejercida hacia la población infanto-juvenil por fuera de las estructuras económicas, que necesitan de suyo para perpetuar su poder. El ejercicio de la violencia es estructural y de ahí surgen muchas otras violencias. Es el caso de la relaciones dispares de niños, niñas en situación de riesgo y por otro lado la condición de riesgoso/a. Esta dualidad resulta importante resaltar porque es el trato que recibe la población más desfavorecida, siendo muchas veces “atendida” y a la vez criminalizada.
Es un error que a las familias de la población infanto-juvenil institucionalizada se les atribuya en gran parte la responsabilidad de su situación, en un país donde la equidad educativa está lejos aún de equipararse, y donde prima el énfasis neoliberal que ha promovido relaciones más competitivas, la búsqueda de obligaciones materiales y el consumo.
Hasta que el Estado se haga cargo de una real educación, salud, y mejor condición de vida para toda la población, el contexto actual no será más favorable para la población de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La exacerbada institucionalización de sus vidas se acentúa, aunque suene paradójico, por la precaria institucionalidad. Por esto debemos poner atención a las paradojas, que por cierto, nosotros mismos construimos.
¡Queremos ser libres!, es el canto que reclama justicia de libertad, es un manifiesto de niños, niñas y jóvenes que se deja anunciar. Esa voz que resuena ha traspasado las murallas institucionales; ahora depende del trabajo de todos y todas dejar que el anhelo de ese grito se haga realidad.
