Uno creía que, en materia de educación superior en Chile, lo había visto todo. Con la reforma de la dictadura: deterioro de las Universidades públicas obligadas a hacerse parte de un mercado no regulado para sobrevivir. Con la dictadura + “transición”: aumento de la cobertura, a costa de endeudamiento de estudiantes –familias– en un sistema mercantilizado al extremo. Todo este tiempo: oferta engañosa de parte de instituciones privadas que, en muchos casos, son conducidas por grupos empresariales con mínima –por no decir nula– densidad académica; instituciones que, aparentemente fieles a la exigencia legal de ser sin fines de lucro, han lucrado como han querido. En fin: In-discriminación –recordemos que discriminar significa, en su acepción buena, distinguir una cosa de otra– entre instituciones que realizan el 90% de la investigación en Chile, que tienen sistemas de valoración de su productividad científica o cultural, que reciben a los estudiantes con mayores méritos, que son exigidas a cumplir criterios básicos de participación y de probidad, me detengo porque la lista es larga, respecto de aquellas que nutren su negocio a costa de la falsa promesa de ser universidades de verdad.
Uno creía haberlo visto todo.
Uno pensaba que con la reforma impulsada por el gobierno actual entraríamos en una nueva etapa, más noble, más razonable. Recursos públicos serían asignados –vía gratuidad, entre otros mecanismos– a instituciones… públicas, consistentemente a su naturaleza… pública. Instituciones privadas serían exigidas a cumplir con requisitos mínimos de calidad, de participación democrática, de reinversión de sus recursos en propósitos de desarrollo académico y no de un provecho empresarial; más aun, si de equidad se tratara, uno esperaba que esas instituciones se vieran obligadas a reinvertir sus millonarios beneficios en la gratuidad de los estudiantes más desfavorecidos. Bonito escenario: recursos del Estado fortalecerían la “oferta” compleja y necesaria de las instituciones … del Estado, avanzando además en lógicas de pertinencia, de calidad, de equidad en vías de una Ley de la República ajena a los intereses privados y de alcance nacional; porque lo que es derecho de todos no puede ser administrado – menos si es con recursos de todos – por intereses particulares.
Uno creía haberlo visto todo. Pero no.
Lo peor es ahora. Lo peor vino con la reclamación de parlamentarios –aprobada por el Tribunal Constitucional– de considerar como inconstitucional la glosa presupuestaria de gratuidad asociada a requisitos planteados a las instituciones para ser beneficiarios de recursos del Estado. A través de un argumento perverso, parlamentarios que son representantes del mismo sistema que habría de ser transformado radicalmente, han reclamado que la gratuidad sea asignada a estudiantes desfavorecidos económicamente sin “discriminar” de modo alguno la “oferta” de las instituciones a las que acceden –sin mas exigencia que pagar con mecanismos crediticios los aranceles que alimentan las arcas y por lo tanto el capital de esas empresas– , es decir, consagrando un subsidio estatal a la demanda bajo el oscuro expediente de una “equidad” de última hora. Y uno que creía haberlo visto todo.
Si los defensores del mercado, del lucro, de la educación entendida como un “bien de consumo” (Piñera dixit) hubieran realmente querido que la gratuidad no fuera privilegio de estudiantes de Universidades del CRUCH, ¿por qué no cubrieron durante décadas, con sus recursos obtenidos por dicho mercado, la gratuidad de sus estudiantes más desfavorecidos económicamente? ¿Por qué no lo hacen tampoco ahora? ¿Por qué reclaman un derecho que no fueron capaces ni quisieron hacer cumplir a través de los beneficios económicos que le otorga un sistema basado en la simple ley de la oferta y la demanda? Simplemente porque ven ahora la posibilidad de sacar las castañas (los recursos fiscales) con la mano del gato (el Tribunal Constitucional) y así no solo evitar toda reforma de verdad, sino que utilizarla para aumentar sus beneficios sin ninguna exigencia (porque exigirles algo sería “discriminación arbitraria”).
La equidad es ahora un bien que nutre el capital. Patético. No habíamos visto lo peor.
El propósito del gobierno –mal llevado, hay que decirlo– se volvió el reverso de lo que esperaba reformar. Otro gallo cantaría si los recursos públicos fueran asignados a instituciones… públicas. Otro gallo cantaría si la exigencia de gratuidad se aplicara a instituciones privadas, financiada con recursos … privados.
Con la aprobación del TC de esa reclamación perversa –órgano devenido censor de las expectativas ciudadanas–, se ha sentado un grave precedente. Ahora no sólo el sistema sigue funcionando bajo la lógica neoliberal de la demanda sin regulación, sino que se alimenta con el argumento falaz de que los recursos del Estado deben ser asignados a instituciones privadas –porque, aun cuando es evidente, permanece ignorada la obviedad de que esos recursos nutrirán su capital– y de ese modo se cierra el circulo perverso de obtener beneficios a partir de un derecho que habría de ser público y no privado. El horror.
Uno se pregunta: ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto?
Respuesta 1: no ha cambiado nada. La política púbica sigue regida por intereses… privados. El neoliberalismo es nuestra forma de vida.
Respuesta 2 (más dolorosa): porque a la política –en este caso gubernamental– le ha faltado coraje y le ha sobrado miedo.
Ambas respuestas se encuentran ligadas. Nada cambia porque el miedo y la falta de valentía lo inundan todo. Nada cambia, porque los dueños de Chile siguen dominándolo todo. Falta coraje, porque las reformas reforman, no mantienen lo que esperan reformar.
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