El gobierno ha propuesto las bases para una reforma del sistema nacional de educación superior chileno. En un plazo muy limitado –un par de meses, teniendo en cuenta la relevancia política del asunto– ha solicitado opiniones, sugerencias y reflexiones, difundiendo un documento centrado en un conjunto de mecanismos y criterios: gratuidad, financiamiento a instituciones estatales y privadas con recursos del Estado, regulaciones asociadas a la acreditación, entre otros.
Tratándose de una política de Estado de alcance “nacional” y de importancia no solo para quienes hoy día siguen estudios en estas instituciones, antes de discutir dichos contenidos, que mantienen a actores diversos del “sistema” enfrentados por los criterios para acceder y otorgar gratuidad, es preciso partir por una pregunta básica e ineludible:
¿Se trata de una verdadera reforma?
Una reforma, con los alcances que, suponemos, debe proponer; esto es, modificar en lo esencial el sistema de educación superior chileno, cuyo origen se encuentra en una reforma anterior impulsada por la promulgación de la Ley General de Universidades en 1981 y todo lo que ha venido después, exigiría como tarea esencial transformar el actual modelo y no solo regularlo parcialmente.
Una transformación del sistema requeriría redefinir el papel del Estado, hoy día limitado a ser un subsidiario a la demanda de educación superior, cuya ampliación evidente a través de la cobertura mantiene a una alta proporción de estudiantes (85%) en instituciones privadas y a las instituciones públicas (sin eufemismos, es decir del Estado) en una condición de sobrevivencia o de precarización creciente (especialmente las universidades regionales), sobre la base de la mercantilización de lo que ahora se define como un derecho de pretensión universal: el acceso a educación superior.
Una verdadera reforma no debería entonces poner la carreta –gratuidad, financiamiento para estudiantes de universidades e institutos tanto estatales como privados– por delante de los bueyes. Los bueyes deberían ir adelante. Cuáles serían:
- Proponer y construir una política de Estado basada en el papel de la educación superior para el desarrollo del país;
- Definir la relación que el Estado establece con sus propias instituciones;
- Establecer qué se entiende por público, privado y estatal;
- Definir una política que elimine de entrada el acceso a recursos del Estado –vía gratuidad o financiamiento institucional– a entidades que, basadas en el lucro y en muchos casos en la oferta engañosa en el mercado de venta de servicios de formación profesional, han acumulado su capital durante los más de treinta años de implementación del modelo que se querría “reformar” (o transformar profundamente).
Sin duda, hay otros elementos en esta discusión, pero sin siquiera entrar en los contenidos específicos de los mecanismos propuestos, la respuesta ineludible a la pregunta antes formulada es:
No, ésta no es una reforma.
En el mejor de los casos, se trataría de una mejora asociada a la regulación y a la evaluación; en el peor, una consolidación del modelo vigente. Si no nos ponemos de acuerdo en esta situación cuya obviedad salta a la vista si queremos reconocerla, caemos en la trampa de discutir sobre sus contenidos enfrentándonos unos a otros: académicos, estudiantes, autoridades (públicas o empresariales). El triste escenario actual es consecuencia de que hemos caído en la trampa.
Un escenario donde los rectores de universidades confesionales se vuelven “públicos” de la noche a la mañana (exigiendo más y mejores recursos del Estado); donde empresarios utilizan el mañoso expediente de recibir “estudiantes pobres” para mantener sus negocios funcionando (sea, en el extremo, exigiendo ser considerados a la par que instituciones estatales; sea, un poco más coherentemente con lo que ha sido la realidad que han construido por tanto tiempo, reivindicando su “autonomía”); donde representantes estudiantiles de universidades públicas defienden el derecho a la educación superior –vía gratuidad– de estudiantes pertenecientes a entidades que incluso, en algunos casos, son investigadas por la justicia debido al incumplimiento de leyes fundamentales, como la prohibición del lucro o la publicidad engañosa; en fin, donde la comunidad universitaria de la principal institución pública del país –la Universidad de Chile– terminaría por defender lo obvio, ser una Universidad y no un negocio, a partir del limitado expediente de la gratuidad asociada a la demanda.
No, no es una reforma.
Es una consolidación del “modelo”. ¿Por qué sostengo esto?
1. Porque en lo político, mantiene la indiferenciación engañosa entre lo público y lo privado donde iguala a instituciones de naturaleza diversa, homologándolas sobre la base de un subsidio a la demanda –vía gratuidad– y una regulación necesaria pero insuficiente.
2. Asimismo, porque carece de una definición política y cultural de lo que se entiende por educación superior y sus exigencias a partir de un análisis detenido de lo que este sector del quehacer científico y cultural debería aportar al país, a la sociedad, a la ciudadanía, más allá de sus “beneficiarios” individuales –clientes– y/o institucionales.
3. Por la falta de una invitación a construir una política de alcance nacional cuyo primer objetivo debería ser establecer el rol diferencial de las instituciones del Estado, restituyendo el sentido de lo público en un sistema mercantilizado durante treinta años.
4. Porque deja entrever un riesgo mayor, éticamente impresentable: partiendo de cero, desconoce –sin sanción ninguna– que muchas instituciones han acumulado capital, patrimonio, “marca”, sin regulación durante treinta años, con el agravante que varias de ellas se encuentran en tela de juicio judicial –considérese el “lucro” que la reforma vendría a regular de aquí para adelante– y que verían premiado su “desempeño” en un escenario mercantil del todo favorable para ellas y desfavorable para otras, de naturaleza estatal.
No se puede desconocer la buena voluntad que, aparentemente, inspira estas propuestas. Muchos de sus elementos deberían ser parte de una reforma verdadera –acreditación obligatoria, prohibición del lucro, exigencias de participación democrática, eliminación de la gestión empresarial– si se postula a recibir recursos del Estado. Pero sin las condiciones de base que hemos expuesto, caeríamos en la trampa, no reformando nada por hacer cambios superficiales que a todos(as) dejen contentos(as).
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