Chile es uno de los estados mejor posicionados en la región en materia de evaluación de políticas públicas, no obstante, académicos y académicas especialistas en la materia de de la Facultad coinciden en que si bien el Estado posee un sistema de evaluación consolidado, su modelo o paradigma de funcionamiento se basa principalmente en parámetros cuantitativos careciendo de líneas evaluativas sistemáticas cualitativas vinculadas a cómo las comunidades se relacionan con las medidas impulsadas por los programas.
“Chile presenta un gran déficit en el desarrollo de líneas de evaluación sistemáticas en todas las reparticiones públicas, que incorporen no solo elementos de carácter cuantitativo, sino que también una dimensión cualitativa. Hay un relativo consenso de que habiendo una práctica de evaluación en el Estado de Chile, todavía no se avanza hacia una normativa sistemática y más compleja”, comenta Dimas Santibáñez, coordinador del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas.
El paradigma actual de evaluación de políticas públicas se centra en los resultados y, por tanto, en la eficiencia de la gestión bajo una mirada economicista, “basada en el trabajo de expertos”, añade Santibáñez, dejando de lado una evaluación sobre los efectos qué incorporé la mirada de las comunidades y sus propias matrices culturales.
¿Por qué realizar constantes evaluaciones de las políticas públicas?
Todo ciclo de políticas públicas incluye tres etapas básicas: diseño, implementación y evaluación. “El valor que agrega la evaluación realizada de manera sistemática es valor público, es un tipo de valor que vincula la gobernanza con la gobernabilidad. Es un valor que genera norma. Por ejemplo, el IPC dice públicamente “cómo vamos” en relación al ámbito de los precios, tiene sistematicidad y regularidad, y se instala como un indicador que permite orientar decisiones (gubernamentales y de la sociedad civil)”, explica Andrea Peroni, coordinadora del Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas.
Las instituciones complejas que desarrollan acciones para resolver problemas y que generan cambios sociales deben mantener un monitoreo permanente sobre los efectos de sus acciones. Primero, a juicio del profesor Santibáñez, debe preguntarse si efectivamente sus acciones están generando los efectos esperados pero también si sus acciones están produciendo impactos de transformación efectiva, además de considerar cómo las comunidades viven y perciben dichos cambios.
A partir de su experiencia, el también académico del Departamento de Antropología señala que tras analizar ciertos programas junto a un equipo de investigadores reconocieron que –en ocasiones– las poblaciones afectadas no respondían al programa sino que al conjunto de intervenciones de distintas instituciones que se implementaban en el territorio, por tanto, las poblaciones estructuran un conocimiento muy propio de cómo controlar las intervenciones.
“Ya es sabido que las personas saben cómo manejar las fichas de protección social, con el objeto de mantenerse como beneficiarios de subsidios estatales. No hay que perder de vista que las poblaciones aprenden a lo largo del tiempo, de modo tal que las acciones del Estado tienen que ser monitoreadas sistemáticamente para corregir el rumbo y e innovar cuando es necesario y así cumplirlos propósitos establecidos, pero más importante aún incluir herramientas que permitan generar los cambios que la sociedad necesita producir y así alcanzar mejores niveles de vida”, comenta el académico.
La incidencia de las ciencias sociales en políticas públicas
Para impulsar e implementar políticas públicas que den cuenta de mejor manera los problemas ciudadanos, se requiere de una mirada integral, propia de las ciencias sociales. En este sentido, un desafío pendiente para este campo disciplinario es visualizar que la evaluación se trata siempre de un proceso de investigación. Su enfoque contribuye a entregar visiones alternativas para la entrega de soluciones a problemas complejos.
Un caso elocuente es lo que ocurre con las políticas de primera infancia, donde se sabe “que hay programas que no generan los resultados proyectados, en los cuales inciden las condiciones sociales y culturales en las cuales están insertos(as) los(as) niños(as). En consecuencia, ignorar ese tipo de factores limita la capacidad de que los programas tengan resultados positivos concretos”, apela Santibáñez.
Ante la delincuencia juvenil o participación de niños y adolescentes en robos, se han realizado numerosos esfuerzos en materia de reinserción social. Pero, según los datos, “al segundo año hay un 50 por ciento de reincidencia. Uno puede decir, por tanto, que esos programas basados en cierta lógica del riesgo, del control o hacinamiento (en reformatorios) no están favoreciendo realmente procesos de desistimiento del delito. Si las ciencias sociales pueden evaluar esos programas y reconocer que hay otros actores y condiciones, efectivamente podemos decir que es necesario innovar en materia de política pública”, comenta.
En la misma línea, la profesora Peroni complementa diciendo que a través de las metodologías cualitativas, cuantitativas, mixtas y participativas, las ciencias sociales pueden entregar los dispositivos tanto teóricos como metodológicos para develar los contextos sociales en los cuales se suscitan los problemas de orden público, “y desde allí aportar al diseño de políticas que asuman tal complejidad”.
Como ejemplo, la académica destaca la primera propuesta del gobierno sobre la reforma de la educación y, en especial el problema respecto de la evaluación docente, demostrando que “evidentemente dicho problema no estaba bien abordado pues no incluía las voces de los actores, y/o solo parcelaba dimensiones del mismo. Si se hubiera realizado un trabajo de búsqueda de evidencia acerca de los resultados de evaluaciones en el sector, sin duda que la propuesta hubiera sido más consistente e integradora”.
Por otro lado, si los(as) expertos(as) que son convocados a dar su opinión se basaran más en la evidencia que en sus preconcepciones, sin duda que se entregarían -además de argumentos- información que permita tomar mejores decisiones, alternativas de acción y resultados. “No hay que olvidar que los recursos son públicos al igual que los problemas, por tanto las decisiones sobre cómo ejercer un rol garante, deben ser fundadas, y allí la evaluación cumple un rol político-técnico, central”, subraya.
