La muerte de dos jóvenes que marchaban el jueves 14 de mayo en Valparaíso y las lesiones provocadas a otro en Santiago, colocan nuevamente en conversación las estrategias que utilizamos para resolver los conflictos sociales en nuestra sociedad actual.
Lo ocurrido, con todo el dolor y la desolación que nos provoca, nos exige desplegar análisis que ayuden a enfrentar y superar este tipo de situaciones, para evitar su nueva ocurrencia. Una primera constatación que podemos plantear es que el afianzamiento de la doctrina de seguridad ciudadana en los últimos 25 años, como continuación de la doctrina de seguridad nacional que impuso la dictadura militar, ha implicado la consolidación de un ambiente y unos modos de relación en que priman la desconfianza y el miedo a otros y otras que son presentados socialmente como amenazas. Por ello, enrejamos nuestras casas, pasajes y edificios; nos llenamos de guardias de seguridad; y, finalmente sentimos que lo propio –las propiedades– son bienes que debemos defender de supuestos atacantes.
Hace unos meses, un niño fue amarrado a un poste, por transeúntes que lo habrían sorprendido robando. Mientras era golpeado y escupido, sus captores filmaban la escena. A partir de este episodio, adquiere legitimidad la idea que se trataría de una “detención ciudadana”, es decir nos constituiríamos como tales si defendemos nuestros bienes del modo que hemos explicado. Sin embargo, cuando se ha hecho evidente que parte importante de la clase política y empresarial del país, se han coludido para apropiarse de recursos públicos, no se apela a la acción ciudadana como una forma de resolver dicho conflicto, sino que se recurre al llamado a que se deje operar a la institucionalidad. Dos estrategias distintas y contradictorias.
Estas doctrinas antes mencionadas, han impuesto la idea que la resolución de conflictos sociales se puede hacer, y gana legitimidad, usando mecanismos que discriminan –matan simbólicamente en vida- y que violentan los cuerpos –golpizas, detenciones arbitrarias, persecuciones, muerte-. La legitimidad la otorga, el hacer creer que se está defendiendo lo más importante: los bienes consumidos en el marco de una sociedad neoliberal.
A partir de lo anterior, las y los jóvenes son construidos socialmente como peligro y amenaza, en especial quienes se movilizan por justicia social y a quienes con sus opciones ponen en cuestión las normas sociales impuestas como la heteronormatividad, el adultismo, el racismo, el clasismo. En continuidad con ello, se ha validado la idea que por esas acciones, se les puede deslegitimar –“hablan de lo que no saben”, “no tienen idea de cómo dirigir el país” –, se les puede discriminar –“son jóvenes, por lo tanto inmaduros e irresponsables” –, incluso se les puede matar –porque roban, delinquen…–, en definitiva porque atentan contra el “buen país” que se está construyendo de la mano del éxito, la competencia y la superioridad sobre otros y otras.
Tenemos que enfrentar estas estrategias que nos evidencian como una sociedad enferma. Sin duda, lo central a debatir y resolver es la desigualdad social que provoca el injusto sistema económico y político imperante. En ese proceso, es necesario promover mecanismos compartidos de respeto a las diversidades culturales, por lo que los diálogos entre diferentes resulta ser vital. De igual forma, nuestra sociedad ha de valorar los aportes que las y los jóvenes hacen en tiempo presente, no deslegitimarles por edad o por su supuesta condición de “futuro de la patria”, sino que abrirse a la transferencia de poder entre generaciones, buscando construir solidaridades y colaboración entre éstas.
Las muertes y agresiones experimentadas en la marcha de este 14 de mayo, y el maltrato cotidiano a jóvenes y empobrecidos/as, nos exige buscar nuevas estrategias para resolver los conflictos sociales en Chile.
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