Hace diez años preguntábamos cuántas horas pasaba el estudiantado frente a una pantalla. Durante la pandemia, nos preocupaba que no encendieran la cámara en clases. Hoy la pregunta decisiva es otra: ¿qué hace durante esas horas y qué capacidades desarrolla —o debilita— mientras permanece conectado?
El informe de la OCDE Growing up in the social media age (2026), basado en datos de PISA 2022 de cerca de 700 mil estudiantes de 81 países y economías, ofrece una respuesta incómoda. A los 15 años, el 95 % del estudiantado navega por redes sociales a diario y el 88 % se comunica o comparte contenidos en ellas. Las redes ya no son un espacio ocasional: forman parte de la vida cotidiana de las y los jóvenes.
El problema, sin embargo, no se resuelve contando horas de manera aislada. Los datos describen una relación similar a la hipótesis de Ricitos de Oro: tanto la ausencia como el uso excesivo se asocian con resultados más bajos, mientras el uso moderado alcanza mejores desempeños. En matemática, los puntajes más altos se observan entre quienes usan redes sociales con moderación y comienzan a descender de forma sostenida cuando el uso supera las tres horas diarias. En pensamiento creativo, navegar entre una y tres horas se asocia con mejores resultados, pero dedicar más de una hora a comunicarse o compartir contenidos ya coincide con una disminución del puntaje.
Esta distinción es relevante para la educación. La tecnología puede ampliar el acceso a información, perspectivas y espacios de colaboración. Su aporte no depende solo del dispositivo ni del tiempo de exposición, sino del propósito, la mediación pedagógica y la capacidad de evaluar críticamente lo que aparece en pantalla.
Chile enfrenta una señal de alerta. Las y los estudiantes de 15 años declaran más de 45 horas semanales de uso de redes sociales, la cifra más alta entre los países analizados. El promedio de la OCDE alcanza casi 35 horas. A ese nivel de uso, el informe estima una caída cercana a 37 puntos en matemática entre estudiantes de contextos socioeconómicamente favorecidos y de 19 puntos entre quienes provienen de contextos desfavorecidos. Como referencia, la OCDE considera que 20 puntos PISA equivalen aproximadamente al aprendizaje logrado durante un año escolar.
Estos resultados muestran asociaciones y no autorizan, por sí solos, a atribuir toda la caída del rendimiento a las redes sociales. Aun así, la magnitud del fenómeno obliga a actuar. La distracción digital también entra al aula: fragmenta la atención, interrumpe las conversaciones y reduce el tiempo disponible para tareas que exigen concentración sostenida.
El pensamiento crítico necesita condiciones que las plataformas no siempre favorecen. Requiere detenerse, contrastar fuentes, examinar evidencias, reconocer intereses y tolerar la incertidumbre. Buena parte de la experiencia en redes, en cambio, premia la inmediatez, la reacción emocional y la validación instantánea. El riesgo no es que las y los jóvenes carezcan de información, sino que dispongan de ella sin las herramientas suficientes para jerarquizarla, discutirla y convertirla en conocimiento.
¿La respuesta es prohibir los dispositivos en las aulas? Chile avanzó en esa dirección mediante la Ley N° 21.801, vigente desde el inicio del año escolar 2026. La norma prohíbe y regula su uso en establecimientos educacionales, pero contempla excepciones por razones pedagógicas, de salud, emergencia y necesidades educativas especiales. En educación media, además, los reglamentos internos pueden autorizar espacios, horarios o actividades específicas.
La regulación puede proteger el tiempo de aprendizaje, pero no reemplaza la formación. La propia OCDE advierte que el 29 % de quienes asisten a establecimientos que prohíben los celulares declara usarlos varias veces al día dentro de la escuela. Una norma difícil de cumplir, si no está acompañada por criterios compartidos y mediación pedagógica, cambia la conducta solo de manera parcial.
Por eso, el desafío de la formación docente no consiste únicamente en medir cuánto sabe el estudiantado sobre el currículo. También exige preparar a las futuras profesoras y profesores para enseñar a pensar en un entorno donde los algoritmos seleccionan información, ordenan prioridades y compiten de manera permanente por la atención.
Necesitamos mover el foco desde el control del tiempo de pantalla hacia la formación de la capacidad para administrarlo. Eso implica enseñar a preguntar quién afirma algo, con qué evidencia, desde qué interés y qué información queda fuera. También supone diseñar experiencias de aprendizaje en las que la tecnología tenga un propósito explícito, en lugar de convertirse en una presencia automática.
El pensamiento crítico es una competencia educativa y democrática. Sin ella, la abundancia de información no amplía necesariamente la autonomía: puede facilitar la manipulación, endurecer prejuicios y empobrecer el debate público.
Mejorar la calidad de la educación requiere regular el uso de dispositivos, pero también formar docentes especializados en alfabetización digital y en metodologías que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior. La pregunta de fondo no es cómo conseguir que las y los jóvenes miren menos sus teléfonos, sino qué experiencias educativas pueden ofrecerles razones y herramientas para levantar la vista, deliberar y pensar por sí mismos.
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Referencias
OCDE (2026). Growing up in the social media age. Policy paper basado en los resultados del Programme for International Student Assessment (PISA) 2022.
Ganimian, A. (2026). Análisis sobre el rezago educativo en América Latina a partir de los resultados PISA. Educación 2050. NY: Universidad de Nueva York.
Schleicher, A. (2026). Declaraciones y análisis sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje y resultados PISA 2025. NY: CNN.
MINEDUC (2026). Ley N° 21.801, que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles electrónicos en establecimientos educacionales. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
