Desde 2018, el Poder Judicial de Chile cuenta con una Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial y a casi una década de su puesta en marcha, en el marco de la conmemoración del Día y mes de la Mujer, el 10 de marzo se hizo la presentación en la Corte Suprema del estudio que da cuenta de su evaluación.
En la actividad participaron, entre otras autoridades, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, la ministra encargada de asuntos de género, Jessica González Troncoso, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Katharina Falkner-Olmedo, la ministra Andrea Muñoz Sánchez, quien lidero estos 10 años la instalación de la Secretaría, la Secretaria Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (STIGND), María Soledad Granados Zambrano, la coordinadora técnica, Ximena Vera, y el equipo académico que estuvo a cargo del estudio, como la profesora Andrea Peroni de la Universidad de Chile. También asistió la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. 
Uno de sus principales aportes manifestados por Andrea Peroni, coordinadora académica del Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa, orientado a la Decisión Pública (NIIE-DP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile que realizó la evaluación, consiste en el enfoque metodológico propuesto, donde debía abordarse desde acciones puntuales hasta cambios en los comportamientos institucionales.
Dicho enfoque correspondió a una adaptación de un modelo comprensivo de evaluación, denominado Cosecha de Alcances (Outcome Harvesting), que permite no limitarse a la mera causa-efecto y abre la posibilidad de generar conocimiento con incidencia pública, en pos de producir cambios culturales al interior de la organización.
Principales resultados
“Un cambio basal constatado en el estudio es el reconocimiento de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, a nivel nacional, y la visualización de sus acciones y propuestas. Se valoraron mucho las capacitaciones, los/as trabajadores/as están más atentos/as a casos de acoso, a denuncias de acoso, y a reconocer los procesos de denuncia. Después de unos cuatro años hay reconocimiento explícito en la materia”, comenta Peroni.
También es posible constatar que, en la vida cotidiana del Poder Judicial, han disminuido los chistes machistas y piropos. La política ha contribuido a propiciar conversaciones y debates sobre la discriminación de género y las barreras simbólicas existentes.
Recomendaciones de cambios y mejoras
A partir de los hallazgos de la evaluación, se presentaron algunas propuestas de mejora como, por ejemplo: fortalecer la traducción de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación desde el plano formal hacia las prácticas cotidianas; reforzar la aplicación del enfoque de género en la atención de personas usuarias; mejorar la confianza y efectividad de los mecanismos de prevención y abordaje del acoso sexual.
Siguiendo con las recomendaciones, también se sugiere consolidar una estrategia de capacitación continua y diferenciada; profundizar la incorporación del enfoque interseccional en la implementación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras. Dentro de ellas, la profesora Peroni hace hincapié en la obligatoriedad de las capacitaciones del personal funcionario en materia de género.
“La implementación de estas orientaciones supone asumir la igualdad de género y la no discriminación como criterios estructurantes del quehacer institucional y no únicamente como compromisos declarativos. Su desarrollo exigirá coordinación sostenida, capacidad técnica y voluntad institucional para enfrentar resistencias, ajustar prácticas y consolidar aprendizajes”, se afirma en el informe.
Metodología y resultados
La metodología aplicada combinó el análisis documental, técnicas cualitativas como entrevistas y grupos focales con actores internos y externos al Poder Judicial, levantamiento cuantitativo censal, análisis de sentencias y de experiencias internacionales relevantes. Este enfoque permitió obtener una visión integral y participativa sobre el grado de implementación, los logros alcanzados y las áreas en que se requiere profundizar.
Concretamente, se realizaron 10 grupos focales y 6 entrevistas, se contó con la participación de 67 personas para la producción de información cualitativa y un total de 13.422 censados de todos los estamentos del Poder Judicial, cuya encuesta se cruzó con los datos arrojados por la encuesta diagnóstica que dio origen a la política.
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Un estudio pionero en Chile y en América Latina realizado por la Universidad de Chile La investigación evaluativa que destaca por ser pionera en América Latina, contó con el financiamiento el Banco Interamericano de Desarrollo al Poder Judicial. El Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa, orientada a la Decisión Pública (NIIE-DP) del Departamento de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile se adjudicó el concurso internacional en mayo 2025 para desarrollar la investigación durante el mismo año. La evaluación abordo el periodo de instalación e implementación de la política de igualdad de género y no discriminación, durante el periodo de 2018 a 2025, entre cuyos avances destaca la mayor atención que tienen sus funcionarios/as respecto del acoso y disminución de conductas sexistas, entre otros. El informe fue comentado el 10 de marzo por la académica de la Universidad de Concepción, Cecilia Perez, ex ministra de Planificación y exministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, resaltando la inédita evaluación, el modelo teorice y metodológico aplicado. Se encuentra disponible AQUÍ. |
