Hace unos días el oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo que intenta cubrir en parte uno de los malestares más sentidos y profundos de la ciudadanía chilena: el acceso a una pensión digna de las personas mayores. Este acuerdo, en el llamado “marco de entendimiento social”, indica el aumento progresivo de la pensión básica solidaria hasta un 50% desde enero del 2020 para mayores de 80 años y desde un 25% para pensionados menores de 75 años hasta completar el 50% el año 2022. Desde el gobierno, el ministro de Hacienda Ignacio Briones declaró que era una propuesta muy importante que “...va a hacer mucho bien a muchos chilenos” y desde la oposición el presidente del senado Jaime Quintana sostuvo que este arreglo es un marco sobre “un piso mínimo de dignidad”. Sin embargo, la decisión aún no está tomada. Algunos diputados de oposición criticaron el acuerdo entre senadores y gobierno y anuncian que votarán en contra debido a que se decidió a espaldas de la ciudadanía.
Detrás de las escuálidas cifras propuestas en ese acuerdo o las más generosas que exige parte de la oposición, se perpetúa el estrabismo de la discusión centrado en los ingresos, el ciclo económico, y las categorías binarias dominantes en el análisis económico actual: trabajo/no trabajo; autonomía/dependencia; productivo/improductivo; trabajador/dueña de casa. No solo la segmentación y progresividad del derecho resultará difícil de explicar a los mayores tal como sostiene un diputado, sino también queda en entredicho la limitada interpretación de la vejez proveniente de la lectura neoclásica productivista, que deja de lado cualquier aspecto que no remita a la generación de condiciones materiales.
Hace más de veinte años las economistas feministas han discutido acerca de la necesidad de entender la vejez y sus necesidades desde una reformulación completa. Respecto al problema de las pensiones, si se sube su monto, ¿acaso las personas mayores estarán más protegidas?, ¿se resuelve el déficit de cuidadores en el país?. No necesariamente. La discusión en torno a los cuidados y el envejecimiento, debería enmarcarse en un debate profundo acerca de la sociedad que queremos y de un modelo de desarrollo coherente con una sociedad más justa. Un enfoque de curso de vida como base de programas y políticas sociales, permitiría ir más allá del porcentaje de aumento en uno u otro ingreso; permitiría que la vida entera de cada ciudadano y ciudadana se sostenga de forma digna, sin perder de vista el lugar que se ocupa dentro del desarrollo social. El sostenimiento de la vida, no es sólo un problema de cifras y porcentajes, que se resuelven con una Ley; es cómo concebimos la vida misma y los derechos y la dignidad a lo largo de ella.
En este marco, la Red de investigación en Interseccionalidad, género y prácticas de resistencias (RedIger), de la Universidad de Chile organizó el cabildo ciudadano: Sostenimiento de la vida. Cuidar y envejecer en Chile, en el que participaron personas mayores, miembros de organizaciones sociales, como Yo cuido, jóvenes, estudiantes y profesionales de la salud y de las ciencias sociales. Las conclusiones indican que la vejez y el cuidado forma parte de la vida cotidiana, como un continuo de responsabilidades colectivas y mutuas, que se unen buscando y basándose en la dignidad de la persona, en el respeto y el cuidado mutuo que nos debemos como sociedad. En ese marco, el derecho a cuidar y ser cuidado, en todas las etapas de la vida, debe ser un componente central en las nuevas orientaciones normativas que establezcamos en el país.
Estas lúcidas reflexiones responden a las preocupaciones ontológicas y normativas asociadas a las actuales experiencia de envejecer en nuestro país: déficit de personas que cuidan, feminización de la vejez e incremento significativo del tramo etario sobre 80 años para el 2050, feminización del cuidado, escasez de servicios de atención pública del cuidado, escasez de hombres cuidadores, escasa provisión y profesionalización de los servicios privados junto a una débil fiscalización e invisibilidad de personas cuidadoras y sus necesidades. Estos problemas están interrelacionados y remiten a la pregunta acerca de la disponibilidad de las estructuras, mecanismos e instituciones del bienestar, que permiten su desarrollo, en definitiva, sobre la sostenibilidad de la vida.
La reformulación ontológica que supone este concepto implica superar la visión androcéntrica, adultocéntrica y dicotómica de la economía neoclásica y observa la reproducción (física y social) de la vida como un proceso de carácter multidimensional de satisfacción de necesidades, en continua adaptación de las identidades individuales y las relaciones sociales. Es cierto que el proceso de reproducción social de la vida, requiere recursos materiales, contextuales y relacionales, pero es la antítesis a la acumulación y el lucro. Por tanto, cuando se analizan las pensiones desde el marco de sostenibilidad de la vida significa descentrar al mercado como proveedor principal de recursos; al empleo como fuente de ganancias individualizadas; el ingreso como medio para consumir en un mercado de servicios desregulado o el dinero como elemento central del bienestar. Significa, por un lado, darle relevancia al trabajo de cuidado realizado principalmente por las mujeres en los hogares, articular una serie de bienes y servicios de bienestar en la vejez, dejando de lado la subsidiariedad a la demanda y el caudal de recursos estatales a instituciones privadas. Estos planteamientos no son nuevos, sino que forman parte del acervo de conocimiento acumulado tras décadas de crisis del cuidado por parte de economistas feministas como Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Antonella Picchio, entre otras. Y por otro lado, significa, reconocer y visibilizar el lugar y el rol activo de las propias personas mayores en la sostenibilidad de la vida.
La reformulación normativa asociada a la sostenibilidad de la vida plantea la pregunta ¿qué vejez vale la pena ser vivida?. Desde esta perspectiva, es imposible seguir extrayendo masivamente recursos naturales sin ninguna mirada de sustentabilidad de futuro. La interrelación de las dimensiones económica, social y ecológica supone una vejez acompañada, en condiciones de bienestar, apoyado por el uso de tecnologías y productos amigables con el medio ambiente. La generación de sus condiciones de posibilidad supone una reorganización de los tiempos y los trabajos (pagados y no pagados) y un cambio en los patrones de consumo y de producción.
Muchos creerán que se trata de lindas palabras, tal como lo planteó un trabajador de una gran empresa de un sector importante de la económica en una jornada sobre el cuidado realizada recientemente: “si el cuidado en la vejez no va acompañado de derechos para dependientes e independientes, es solo poesía”, afirmó. Acaso, ¿es poesía el cansancio y el esfuerzo físico de las mujeres (trabajadoras formales e informales y amas de casa) que cuidan a las personas con dependencia severa cuando tienen que asearlas, vestirlas, alimentarlas, animarlas y acompañarlas todos los días?. Una persona que no cuida probablemente tendrá más dificultades de entender el cuidado a dependientes como una actividad agotadora, invisible e infravalorada, especialmente, cuando es dependencia severa. En este grupo –quienes cuidan son mayoritariamente mujeres- se concentran problemas de salud como hipertensión, osteoporosis y síntomas o cuadros declarados de depresión y sensación de autopostergación, el cual es contrarrestado con la idea del deber cumplido. En este grupo, también se encuentran mujeres adultas mayores que cuidan a otros/as.
Seguir responsabilizando a las mujeres (en su mayoría, mayores de capas medias y bajas) de la atención de dependientes, especialmente, de aquellos no autovalentes, supone reforzar las relaciones de poder entre los sexos con consecuencias nefastas para cuidadores y dependientes. La limitación de la discusión de las pensiones al ingreso, significa no entender el problema de la distribución del tiempo y de la vida en su totalidad. Significa perderse en el debate mezquino del ingreso, sin apostar por la sostenibilidad de la vida.
Autoras:
Lorena Armijo, Universidad Santo Tomás. Red de Investigación en Interseccionalidad, género y prácticas de resistencia.
Catalina Arteaga A., Universidad de Chile. Red de Investigación en Interseccionalidad, género y prácticas de resistencia.
Paulina Osorio-Parraguez, Universidad de Chile. Red de Investigación en Interseccionalidad, género y prácticas de resistencia.
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