Este año ha sido complejo para el mundo político y empresarial. Los reiterados casos de faltas a la probidad y los cuestionamientos que han despertado, entre otros procedimientos, el financiamiento a las campañas políticas, han marcado la agenda noticiosa. Es ante este escenario que el martes 10 de marzo la Presidenta Bachelet creó el Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, encabezado por el académico de la Facultad de Economía y Negocios, Eduardo Engel, instancia que el 24 de abril entregó un informe final con medidas para responder a la crisis institucional y de confianza.
Una de las primeras acciones que se enmarca en la agenda del gobierno luego del informe Engel es la Ley de probidad, por la cual "en pocos meses más el país va a tener el más alto estándar normativo en materia de declaración de patrimonio que hay en el mundo”, como explica Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Así, la información patrimonial y de intereses de más de 16 mil funcionarios, desde la Presidenta hasta los jefes de servicios de las administraciones públicas, va a estar publicada en un portal único. Esta iniciativa legal viene a sumarse a la Ley del Lobby, normativas que “son leyes de transparencia en su género, aunque tengan diferentes nombres”, agregó.
Pero esta no es la primera respuesta que ha dado un gobierno desde el retorno a la democracia ante este tipo de situaciones. Otro de los hitos vinculados al quehacer público y su relación con la ciudadanía fue la promulgación de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, cuya trayectoria se inició en 1994 cuando el 5 de abril de ese año el Presidente Eduardo Frei creó la “Comisión de Ética Pública”. Catorce años despúes y tras varios intentos, en agosto del 2008 se promulgó la ley por la cual toda persona puede solicitar información a las instituciones del Estado.
Respecto al conocimiento público e impacto de la Ley de Acceso a la Información Pública es que Alberto Precht, explicó que "en seis años de implementación, un 73 por ciento de los funcionarios y un 19,7 por ciento de los ciudadanos dicen conocer la ley. Uno podrá decir que 19,7 es muy poco, pero creo que es mucho. Si uno lo compara con las cifras de México que tiene desde el año 2001 una ley de acceso a la información, recién están llegando a estas cifras en quince años de implementación de la normativa”.
Inatalación del derecho a la transparencia
Pero no sólo ante coyunturas es que se han desarrollado mecanismos de transparencia en la institucionalidad de nuestro país y del continente. Como explicó Octavio Avendaño, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, es a finales de los noventa y a principio de la década del dos mil que "aparecen una serie de criterios por parte de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, que comienzan a promover una serie de indicadores destinados a medir la calidad de los sistemas democráticos y el nivel de desempeño de la gestión política en general como condicionante del desarrollo económico y social”.
Esto porque, como agregó Avendaño, "no es posible pensar y reafirmar la idea de representación sin asegurar un mínimo de rendición de cuentas".
Para Rodrigo Figueroa, coordinador del Magister en Ciencias Sociales, estas transformaciones tienen que ver con procesos globales. "Tuvimos la ola globalizadora neoliberal en lo económico, y ahora tenemos esta ola globalizadora en la gestión de lo público que enfatiza la transparencia", explicó. Al respecto, Manuel Antonio Garretón, académico de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2009, señaló que estos procesos tienen que ver con “la reivindicación de un sujeto de derecho frente a un determinado poder”.
Es en ese contexto, en el de las transiciones políticas, que “los países tuvieron que enfrentar nuevas relaciones entre Estado y sociedad que estaban dislocadas por los procesos de globalización, los procesos neoliberales y las herencias de las dictaduras”, como destacó Garretón.
Nuevas leyes y nuevos desafíos para la transparencia
A pesar de los avances que estas medidas representan, "lo que que falta en la sociedad chilena es que seamos reflexivos con nuestros propios procesos. Vivimos en una retórica del éxito con respecto a nuestro modelo de desarrollo económico durante casi 25 años, pero también respecto a nuestro modelo institucional, pero a la vuelta de la esquina comienza a aparecer de que en realidad en los procesos de gestión, especialmente en el Estado, no habían sido del todo transparentes, y en ese sentido vivimos hoy problemas que parecían que eran de nuestros vecinos", señaló Figueroa.
Otro de los aspectos a superar, según Figueroa es quiénes son los que finalmente hacen efectivo el derecho a la transparencia. Existe una brecha social, que no sólo es económica, "sino que en el uso del Estado, de la tomas de decisiones en esos espacios y que eso también está condicionando en un sentido la desigualdad en la sociedad", ya que "al final, el sujeto que es activo en los procesos de la transparencia es un sujeto más bien elitista y que el ciudadano común”.
Finalmente, Garretón advirtió que los problemas de transparencia de hoy "no pueden dejar de plantearse dentro de este contexto de transformaciones, en una nueva problemática de la construcción de sociedades más igualitarias y con predominio de lo público, lo político, el Estado por sobre el dinero y el mercado”.
Este y otros temas fueron abordados en el Seminario Taller “Transparencia en la Gestión Pública”, realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Organizado por el Magister en Ciencias Sociales con Mención en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales, a solicitud de la Corporación Chilena para el Desarrollo (AGCID Chile), el seminario fue financiado por el Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-España, y contó con la participación de representantes vinculados al tema de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México y España.
