Propuesta del Mineduc sobre Reforma a la Educación Superior es criticada por académicos de la Facultad de Ciencias Sociales

El pasado 14 de Julio, el Ministerio de Educación dio a conocer el documento “Bases Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”, que despertó las reacciones de distintos actores en apoyo y rechazo a la iniciativa. Sin embargo, tras el reciente cónclave de la Nueva Mayoría, la Presidenta Michelle Bachelet, anunció que la gratuidad se comenzará a implementar en 2016 al 50 por ciento de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch y otras instituciones que cumplan cierto nivel de acreditación, sumando así a algunas universidades privadas.

Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales han analizado la propuesta inicial, realizando reuniones y foros donde han manifestado inquietudes, reparos y preocupaciones sobre la inclusión de instituciones privadas sin una vocación pública en el financiamiento estatal. 

En medio de la discusión, el Decano Dr. Roberto Aceituno, señala que el sistema o no sistema de educación que existe, es una discusión que se tiene que hacer considerando un modelo instalado hace 40 años. Por tanto, “muchas de las consecuencias de las acciones políticas que se tomen respecto de la reforma, van a incidir sobre un sistema que viene funcionando de una determinada manera”.

Sobre la gratuidad, enfatiza que se debe discutir considerando que el 85 por ciento de la matrícula de educación superior en Chile está radicada en universidades o instituciones privadas, por lo que mediante un mínimo cálculo de aritmética queda en evidencia que si muchos de los estudiantes más desfavorecidos económicamente están en las instituciones privadas, “obviamente se tiende a pensar que la aplicación mecánica de la gratuidad al sistema de educación superior en Chile, terminará indirectamente incidiendo sobre las lógicas de financiamiento de las instituciones privadas”.

Más allá de un problema técnico, la educación es un problema cultural

El complejo debate sobre la gratuidad de la educación superior ha tendido a desarrollarse en mesas técnicas de trabajo, lo que ha producido una disociación entre precisamente lo técnico, lo político y lo cultural en nuestro país. “Los políticos piensan y hacen cosas bajo un sistema, bajo una lógica política, por lo demás muy deslegitimada. El mundo cultural, entre ellos las universidades, parece funcionar bien o mal según la institución, en función de sus propios procesos internos sin mucho dialogo con la sociedad civil o con la discusión parlamentaria, en este caso con las políticas ministeriales”, apela Aceituno.

Escenario cuyo diagnóstico debiera centrarse, a su juicio, en el reconocimiento de una fragmentación de los espacios de diálogo y debate, donde lo político no siempre va ligado a lo técnico y lo cultural está desvinculado de lo político. Esa separación, “se manifiesta claramente en los productos técnicos ministeriales como son las propuestas de una reforma del sistema de educación superior. Al respecto, más que un diseño de una estrategia, de una política o concepción estructural sobre el rol de la educación superior en Chile —que es desde donde debería hacerse la bajada de determinadas acciones—, lo que se observa en cambio —y esto muy propio de la tecnocracia diría yo actual— es un conjunto de medidas de las cuales la mas paradigmática es la gratuidad”.

Un debate que concierne, en primer lugar, a las universidades pero también –como lo ha expresado Valentina Saavedra, Presidenta de la FECh– a la sociedad completa, y esa es una discusión que no se está dando porque “somos herederos de cuatro décadas de una fragmentación, atomización y una privatización absoluta”. Privatización naturalizada que no radica solamente en el ámbito económico sino en la experiencia cotidiana, reflejada en la falta de instancias para opinar.

¿Qué se entiende por lo público?

La discusión sobre reforma a la educación universitaria debe ser más profunda y “pasa, por ejemplo, por definir claramente qué es lo que se entiende por público, lo privado y estatal. A mí me parece que un síntoma terrible de la discusión actual es esta serie de eufemismos respecto de lo público”, critica el profesor.

Nunca “había escuchado tal cantidad de artificios para entrar en el ámbito de lo público. Entonces resulta que hoy puede ser pública desde una universidad confesional –dependiente del Vaticano– hasta una institución que depende de un grupo económico”, agrega. Por lo que, los recursos públicos tienen que dirigirse a instituciones públicas y aquellas que son privadas regularán su quehacer en función de sus privilegios legítimos, probablemente privados.

Una aclaración que parece evidente se desfigura cuando no se define adecuadamente qué se entiende por institución pública o estatal y privada, ni siquiera se esclarece en el documento entregado por el Ministerio y que actualmente genera mayores dudas con la inclusión de universidades privadas que recibirán recursos estatales. Zanjada esa definición, un segundo elemento a considerar en la discusión sería dilucidar cuál es el concepto adoptado de institución estatal y la relación que el Estado establece con sus instituciones.

Derecho universal a la educación

Uno de los puntos clave en la propuesta del Mineduc, y que se mantiene tras la resolución del cónclave de la Nueva Mayoría, es que instaura un nuevo sistema común de ingreso. En este aspecto, el Decano enfatiza que es importante poder discutir qué conlleva el derecho a la educación, entendido como un derecho humano según el documento.

“¿Significa que todo estudiante cuando egresa de la educación media puede, si lo quiere, estudiar cualquier carrera en cualquier parte porque tiene asignado un derecho universal? Esa podría ser una definición. Si eso fuese así, entonces no podría haber selección en las universidades, y uno de los elementos que introduce la propuesta, es que justamente que habrá un sistema de selección común”, interroga.

En este sentido, hay una contradicción en los términos, porque si la educación superior es un derecho para todos(as), todos(as) ingresan a la universidad y “ahí vemos cómo nos arreglamos. Pero si la discusión es de otro orden y lo que se quiere decir ahí es que la educación básica y media es un derecho garantizado por el Estado, que debiera ofrecer las mejores condiciones para acceder a un “mercado universitario” diverso, regulado y donde la asignación de recursos del Estado es diferencial, las situación es completamente distinta. Esa distinción no se está dando con claridad. Mientras no se haga, me parece que es muy complicado decir que con la gratuidad estamos respondiendo a la demanda de la educación superior como un derecho”.

Universidad nacional

Para el Prof. Manuel Antonio Garretón, quien expuso en el foro sobre reformas al estatuto universitario del pasado 19 de Junio, “estamos insertos en un problema enorme, porque hay que entender que si se implementa una educación gratuita –considerando que en la educación privada están los sectores más vulnerables—entonces lo que se hace no genera ningún incentivo para que la Educación Superior pública sea hegemónica y mayoritaria como lo fue en la historia de Chile”. Si ese es realmente el horizonte a partir del cual se desarrollan las otras discusiones como la calidad, lo que "yo creo que está en cuestión, es cómo se construye un Sistema de Educación Superior que sea predominantemente estatal”.

Dicho sistema consiste en un nuevo modelo de Educación Superior donde si bien cada una de las universidades tendrá su estatuto particular, tendrán un estatuto de universidades estatales, asegurando la vinculación de las universidades con el Estado y, al mismo tiempo, su autonomía. No obstante, aquí emana, según el académico del Departamento de Sociología, una pregunta fundamental: ¿las universidades estatales son nacionales?

Al respecto, la diferencia entre una universidad nacional y universidad regional reside en que la universidad regional piensa básicamente el país desde la región, no desde el país mismo, “lo que me parece correcto, pero obviamente esto obliga a una tarea enorme de la universidad nacional de vinculación respecto de las universidades regionales”, aclara.

Desde la otra vereda, en relación a las instituciones privadas “tienen que contar con una serie de regulaciones internas, de modo que se asegure el carácter pluralista y que el dueño de la universidad no sea el que mande sobre la universidad, porque en ese momento deja de ser universidad. Estamos entonces ante una tarea semejante a la post-independencia, semejante a la que enfrentó el régimen militar pero con el sentido totalmente contrario. Hay que refundar un modelo de Educación Superior”.