Habiendo transcurrido más de 20 años de la creación del CONACE, hoy SENDA (Servicio Nacional de Drogas y Alcohol), no cabe duda que se han obtenido importantes logros en la "lucha contra las drogas": fortalecimiento institucional, aumento de inversión pública, ampliación de la cobertura programática, consolidación de un sistema de información integrado, etc. Aún así, la sociedad libre de drogas que todos los gobiernos han pretendido lograr, no solo se ve lejana, sino también parece imposible de ser alcanzada. Y es que los datos sobre el consumo de drogas son rotundos: salvo en el caso de la pasta base de cocaína, cuyo consumo ha tendido a estabilizarse, en las otras sustancias su consumo muestra una tendencia sostenida al alza.
En cuanto a los riesgos y daños, estos han sido reportados principalmente en tres ámbitos: (1) Consecuencias sanitarias, (2) Consecuencias en seguridad pública y (3) Consecuencias económicas. Ahora bien, llama profundamente la atención, que de los tres ámbitos reportados, el mayor vacío de información se observa en el ámbito sanitario ("...es un tema pendiente el contar con información sobre las consecuencias sanitarias del consumo de drogas ilícitas" SENDA, 2011:24). Siendo que el consumo de drogas y alcohol es considerado por los organismos internacionales como un problema eminentemente de salud pública, cabe preguntarse por el vacío de información existente en este ámbito. Preguntarse ¿por qué la información existente es más cuantiosa y detallada en ámbitos como la seguridad pública? ¿Se puede colegir de ello que el gobierno de las drogas ha priorizado un mirada securitaria por sobre una sanitaria?
La ausencia de respuestas a este tipo de interrogantes ha gatillado fuertes críticas al gobierno de las drogas. Al respecto, y siguiendo la lógica de Guba y Lincoln (2002) desplegada en su análisis de los paradigmas de investigación social, éstas críticas serán de dos tipos. Críticas internas o intraparadigmáticas, generalmente orientadas al mejoramiento y optimización del aparato institucional, técnico y político (ver CEPAL, 1999). Críticas externas o extraparadigmáticas, orientadas a cuestionar las relaciones de poder, particularmente los estados de dominación asociados al modelo de sociedad libre de drogas con sus respectivos marcos jurídicos claramente prohibicionistas y sus dispositivos de intervención marcadamente abstencionistas. Dentro de esta segunda línea de crítica, existe una variante de corte académico en la cual confluirían una serie restringida de trabajos investigativos, en su mayoría tesis de grados y postgrados inéditas (ver Becerra, 2009; Cabello, 2006; Sánchez, 2005; Gonzales y Schmal, 2001), en las que los distintos autores, desde paradigmas constructivistas o construccionistas, dirigirán su crítica a los discursos sobre las drogas dominantes (Ibáñez, 1993) y los efectos de control y sujeción asociados a éstos. En esta línea, por su consistencia teórico-empírica e implicancias epistémico-políticas, adquiere gran relevancia el trabajo de Alfaro et al, (1997; 2004) cuya tesis central señala que el modelo de análisis en base al cual se estructuró desde su inicio y hasta la actualidad la política nacional de drogas, sería el Modelo de Factores de Riesgo. Según estos autores, dicho modelo habría sido utilizado ampliamente, tanto para el estudio del consumo como para el diseño de programas preventivos, así como para dar fundamento a la actual política de drogas. Lo anterior habría significado la omisión o lateralización de muchas otras dimensiones relevantes para la comprensión del fenómeno drogas como el peso que tiene la grupalidad, los significados de las conductas, y los vínculos de ellos con las identidades individuales y sociales (Alfaro et al, 1997; 2004).
El gobierno de las drogas
De acuerdo a éstos autores, la entrada en escena del riesgo en el horizonte del gobierno de las drogas, habría venido de la mano del modelo de los factores de riesgo, lo que implicaría la concurrencia de una mirada de salud pública al problema. Esto supondría un acoplamiento jerarquizado entre racionalidad, tecnología y efecto político. Dicho de otro modo, supondría un saber médico hegemónico (Modelo clásico de salud pública), un modelo unitario de aproximación al riesgo (Modelo de los factores de riesgo) y unos efectos de poder tendientes a la dominación (control) de las poblaciones usuarias. Sin embargo, el análisis pormenorizado del problema drogas nos indica que éstos supuestos no son del todo válidos. Como bien hemos advertido anteriormente, los vacios en el conocimiento de las consecuencias sanitarias del consumo, cuestionan la supremacía de una lógica de salud pública en el gobierno de las drogas, advirtiendo de la concurrencia de otras racionalidades políticas sobre el riesgo, por ejemplo racionalidades de tipo securitarias. Más aún, una lectura integrada del Plan y Política Nacional de Prevención de Drogas (1993), de la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2003-2008 y 2011-2014, indica que la noción de riesgos ha sido utilizada de múltiples formas: para segmentar poblaciones (grupos de riesgos), como parámetro de comportamientos desviados (conductas de riesgo), como parámetro actitudinal (búsqueda del riesgo), parámetro contextual (exposición al riesgo), así como para referir al conjunto de acciones relacionadas con el manejo social y la gestión política de los riesgos. Todo ello pondría en cuestión la existencia de un modelo unitario u homogéneo de comprensión y uso de la noción de riesgo en el campo de las drogas. De hecho, todo indica que los estados de dominación no son absolutos, después de todo, los consumos de drogas no han dejado de ir en aumento, lo que indicaría que en nuestra sociedad existiría aún cierto margen para el juego estratégico entre libertades. En consecuencia cabe preguntase ¿Qué racionalidades y tecnologías (medicas, sanitarias, securitarias, etc.) se han articulado a propósito del riesgo en el campo de las drogas? ¿Cuál han sido sus efectos?
En el campo de las drogas hace un par de años la investigadora australiana Cameron Duff (2003) analizó y comparó las bases conceptuales de las políticas de drogas con relación al riesgo en Australia, Reino Unido y otros países centroeuropeos, constatando que tanto el análisis como la gestión de riesgos asociada al consumo de drogas ilícitas había estado dominada en los últimos años por lo que llamara "ciencia de la prevención" (Sepúlveda et al, 2009). Esta "ciencia" referiría a un "campo emergente" que busca desarrollar bases científicas para dar soporte a las estrategias específicas de prevención de los problemas relacionados al uso de drogas. Con tal propósito, basándose en la información de expertos en farmacología, neurotoxicología, medicina psiquiátrica y ciencias de la salud, "la ciencia de la prevención" identifica una serie de riesgos cuantificables para la salud individual y el bienestar psicológico relacionados con el consumo de sustancias ilícitas. Lo anterior habría significado la introducción de una amplia gama de sofisticados métodos científicos provenientes de las ciencias de la salud y la epidemiología, cuestión que habría medicalizado aún más los debates sobre políticas de drogas en los últimos años. Especial relevancia en este proceso de medicalización habría tenido el movimiento hacia "la práctica basada en la evidencia", conforme a la cual, todas las políticas y estrategias de drogas requieren demostrar evidencias claras de eficacia y sostenibilidad para una puesta en marcha segura. Por supuesto, lo que cuenta como evidencia y cómo ésta se recoge, está lejos de ser debatido. Aún así, dicho movimiento seguiría expandiéndose, llegando a constituirse en "la voz autorizada" en el campo de la prevención en general, y en el de las drogas en particular. Incluso habría llegado a ser un referente indiscutible tanto para aquellos que abogan por una sociedad libre de drogas como para aquellos que abogan por una política no maximalista tendiente a la normalización de los usos de drogas (como por ejemplo aquellos que adscriben al enfoque de Reducción de Daños).
En el contexto chileno, como antes hemos señalado, será el trabajo de Alfaro y colaboradores (1996; 2004) quienes adviertan sobre la posición hegemónica y dominante que tendría un modelo de análisis -el de los factores de riesgo- cuyos fundamentos epistémicos remiten al causalismo positivista (Breilh, 2003). Sin embargo, estos autores no van a profundizar en esa línea de análisis, optando por articular una suerte de crítica negativa acorde con muchos otros autores adscritos al modelo sociocultural en el campo de las drogas (Romaní, 2004). Ahora bien, desde nuestro punto de vista la tesis crítica de Alfaro et al (1996; 2004) resulta insuficiente, por cuanto no alcanza a dar cuenta de la multiplicidad de relaciones de poder y diversidad de orígenes, operaciones y efectos que el riesgo, en tanto que tecnología de gobierno, comporta en el campo de las drogas. Y lo que es más significativo aún, dicha propuesta, resulta insuficiente por cuanto desarrolla su crítica sobre la base de un esquema jurídico y bélico del poder (Vázquez, 2005; Ramos, 2012) donde la prohibición y el disciplinamiento impiden ver su positividad. Creo que el desafío sigue siendo poner en juego una analítica del poder que permita visibilizar cómo el gobierno de las drogas, en tanto poder, produce cosas, forma saberes, produce discursos, induce placeres-cuerpos, produciendo a su vez consecuencias sobre la realidad social a través de formas diversas de objetivación (definición del riesgo y de lo "riesgoso") y de subjetivación (modos de producción del sujeto). Ese es el desafío.
Las prácticas divisorias, neoliberalismo y drogas
Como señala Francisco Vázquez (2005), el "gobierno de sí" remitirá a cierto deslizamiento en el foco de interés que transita de las técnicas heteroformativas a las técnicas autoformativas, de la política a la ética, del gobierno a la libertad. En efecto, el poder no solo se ejerce mediante la sujeción, sino también lo hace mediante la subjetivación, merced a esa capacidad de autoconstituirse como sujeto.
Fuertemente imbricadas entre sí, ambas modalidades devienen en "tecnologías de gubernamentalidad" mediante las cuales se pueden constituir, definir, organizar e instrumentalizar las estrategias que los individuos, en su libertad, pueden tener los unos respecto a los otros" (Foucault, 1999: 414). Indisociables entre sí, ambas modalidades se articulan de forma diferencial conforme se problematizan sus realidades posibilitando que "eso" problemático entre al juego de lo verdadero y lo falso, y de ese modo se constituye en objeto de pensamiento, en objeto de gobierno. Articulación en cuyo movimiento se traza una geopolítica del riesgo, en torno a la cual se acoplan de forma diferenciada ambas modalidades de gobierno. En efecto, la primera modalidad, el gobierno de los otros, se halla embebida en la lógica de una racionalidad propia a los dispositivos disciplinarios. Por su parte, la segunda modalidad, las técnicas autoformativas, llevará la marca de los dispositivos de seguridad, del autocontrol reflexivo, y de la gestión liberal del yo moderno.
En ese horizonte, de un lado, del costado de las técnicas autoafirmativas emerge el homo prudens quien actúa como un artefacto semiótico, un tipo ideal, a través del cual es posible repensar la cuestión del riesgo en el marco de las racionalidades políticas y de las tecnologías de gobierno emergentes. En efecto, en "el marco del nuevo prudencialismo, el homo prudens buscará en el mercado (y podrá encontrar, en concordancia con sus específica capacidad de adquisición de bienes y servicios) las variadas ofertas disponibles para satisfacer sus necesidades vitales de seguridad, placer y bienestar personal y existencial" (De Marinis, 1989: 94). El homo prudens encarna una subjetividad afín con las racionalidades políticas neoliberales, así como con las nuevas tecnologías del riesgo. En cuanto a su primera afinidad, habrá que señalar que los modos de subjetivación del homo prudens se hallan codificados conforme al orden molar de "el empresario de sí". En efecto, en consonancia con su intención de economizar el ejercicio del poder, lo que se pretende desde el liberalismo avanzado, es que el individuo aporte la mayor cantidad de energía aplicada a su autogobierno, que sea personalmente autónomo para desarrollar un proyecto de vida optando racionalmente entre una amplia gama de opciones, y de este modo, pueda autogestionar su individualidad (Ampudia de Haro, 2006). Así, se abre una plétora de posibilidades reflexivas y creativas para poder diseñar su proyecto de vida, el cual se diseñará conforme al diagrama Psi de la felicidad y del bienestar que preconiza el código de la civilización reflexiva en la modernidad tardía.
En consonancia con el objetivo neoliberal de sacarle máximo partido a los recursos personales, se visualiza una segunda filiación del homo prudens. Ciertamente, la gubernamentalidad liberal avanzada, tiende a reemplazar la tecnología de riesgos localizada en los vínculos colectivos por estrategias de autoresponsabilizaión. Correr riesgos pasa a ser responsabilidad de cada individuo y frente a la negatividad de los riesgos, "cabe a cada uno de nosotros, con el apoyo de las estrategias de educación para la salud, controlar los riesgos, sea por cambios en los estilos de vida o por la aceptación de la dádiva de la información"...que es propiciada por las modernas técnicas diagnósticas y por la adhesión a los sistemas de monitoreo (screenings)" (Spink, 2007: 584-585). Esto lo podemos relacionar con el énfasis moralista de las sociedades modernas y sus correspondientes preocupaciones por la responsabilidad y la culpabilización.
Ahora bien, para entender la emergencia de estas subjetividades no marcadas emplazadas en el neo prudencialismo asociado al uso de drogas, es decir de los usuarios de drogas no toxicómanos, es necesario atender a las prácticas forjadas para gobernar las conductas de aquellos que son objetivados como un problema. En efecto, "el modelado del sujeto normal, no marcado, es un trabajo emprendido en negativo, <<realizado a contrario>>, a partir de la acción sobre estos individuos configurados como <<problemas>>". Este es el otro ángulo del gobierno de las drogas, el brazo disciplinario, el ojo ciclópeo sobre la zona vulnerable. Aquí los corregibles son sujetos a procedimientos narrativos-tabularios, donde historial, diagnóstico y pronóstico serán configurados simultáneamente. Aquí el presagio de la que "toxicomanía no preexiste a los dispositivos que la revelan y la caracterizan" se ENCARNA con fuerza. Zona gris en la que los positivos verdaderos como los falsos positivos lejos de ser secundarios, ocupan un lugar central, pues entre otras cosas sirven para recrear dos ficciones necesarias para el mantenimiento del orden sociopolítico establecido y su imaginario neoprudencial: la ficción de la libertad y la ficción de la racionalidad del sistema (Álvarez-Uría, 2000).
No puedo terminar mi exposición sin recordar que el biopoder no solo tiene que ver con la vida: también está vinculado a la muerte. No existe una política de la vida que no tenga como horizonte una política de la muerte. Pero este horizonte permanece invisible, ocluido. Invisible como ciertos usuarios en Chile. Invisible como los angustiados, los pastabaseros, bio-deslegitimados, apenas carne de control de lo excedentario. Hacer vivir también es rechazar hacia muerte (dejar morir), ya sea de modo práctico, porque las autoridades o los funcionarios descuidan a determinados grupos de población, o intelectualmente, como resultado de no medir los efectos del gobierno, en este caso del gobierno de las drogas.
