Faltan menos de dos meses para que la ciudadanía vote si Aprueba o Rechaza la propuesta de nueva Constitución en el Plebiscito de salida. En este proceso constituyente, ¿qué se señala respecto de las personas con discapacidad y sus derechos, así como de los principios de inclusión, respecto y participación de ellas? Es lo que se intentó profundizar, entre otros temas vinculados, en el capítulo 30 del podcast Bitácora Social junto a Valeria Herrera, académica del Departamento de Educación y Directora del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Política Pública de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella ha participado de publicaciones e investigaciones en educación inclusiva y enseñanza a estudiantes sordos.
“Como propuesta, en general, corresponde a un proceso único, ha sido realmente participativo, de todas las regiones y con paridad”, es lo primero que destaca la académica Valeria Herrera. Los conceptos de reconocimiento, participación directa de personas con discapacidad, de los(as) cuidadores(as), y quienes están involucrados directa o indirectamente con ellos(as) son gravitantes, a su juicio. “Lo que más valoro de un proceso como este es que derivó de un Estallido Social, que ha podido ser conducido como un proceso participativo”, complementa. 
Un concepto empleado en el texto es el de Igualdad sustantiva, es decir cómo efectivamente llevar a la práctica derechos ligados a personas con discapacidad. Es decir, tomar acciones concretas, entre ellas liderar y desarrollar políticas de afirmación.
“Hoy tenemos las leyes pero no los reglamentos, allí hay un punto muerto que tiene que ver con nuestra capacidad jurídica y vínculo con normativas internacionales. En 2006, fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada en 2008 por Chile, y ahora nuestro país vive un proceso histórico pues se considera a las personas con discapacidad.
En términos prácticos y culturales es importante tener una aproximación directa con la(s) persona(s) pues “no son una categoría, son trabajadores, madres, padres y compañeros(as) de organización, entre otros roles”, apela Herrera, y es evidente que “la Constitución no resolverá todos los problemas sobre discapacidad”.
Reconocimiento jurídico, emocional y social y respeto son claves, así como también preguntar, escuchar y considerar las opiniones y necesidades de las propias personas. Es primordial, en ese sentido, comprender la diferencia entre Integración e Inclusión. “Cuando hablamos de Inclusión es pensar los espacios para la participación plena”. Por contraparte, “la Integración es cuando llega la gente a un lugar, eso tiene que ver con la tolerancia. Al hablar de Inclusión se habla de reconocimiento, diferencias y diversidades. Primeramente, se logra respetar y compartir las diferencias al pensar la en la Inclusión, luego superar o compensar las diferencias y desigualdades”.
Se torna necesaria la interacción directa y la interseccionalidad. Se requieren también políticas no de asistencia como ha sido la tendencia en nuestro historia, sino que para resolver y abordar el tema en términos estructurales. Las políticas de asistencia “han ido ganando espacio pero se requieren las de Reconocimiento". Como caso cotidiano de falta de sintonía o reconocimiento de personas con discapacidad, la académica del Depto. de Educación comenta que la lucha primordial de personas sordas no ha sido por audífonos sino que de lengua de señas. Falta, una vez más, escuchar las voces de ellos(as).
Legislativamente, el artículo 28 se refiere completamente a las personas con discapacidad como titulares de los derechos establecidos en la Nueva Constitución. El punto indica que “Toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según corresponda; a la accesibilidad universal; a la inclusión social; a la inserción laboral, y a la participación política, económica, social y cultural”. Además se incorpora que la ley establecerá un sistema nacional para solventar sus necesidades, que buscará la participación activa de personas con discapacidad y quienes las representan. 
Frente a la pregunta de cómo se imagina dicho sistema, la investigadora Valeria Herrera lo piensa como intersectorial, liderado por personas con discapacidad, como una fuente laboral para ellas y personas cuidadoras. Ubicado territorialmente y regionalmente, atendiendo las necesidades de salud y de cuidado. Este trabajo territorial, contextualizado debiese ser un sistema nacional que, según la académica, garantice la participación y sea más focalizado, donde “participen activamente y de manera vinculante las personas con discapacidad”, agrega.
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