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Recientemente se publicó el artículo A call to action to support and safeguard ocean defenders (Un llamado a la acción para apoyar y resguardar a los defensores del océano), en Ocean Sustainability, una de las revistas del grupo Nature, que busca expresar su preocupación ante las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades costeras, como consecuencia de la actividad económica marítima.
El artículo adquiere una especial relevancia en Chile, donde los pueblos indígenas de la Patagonia costera lideran desde hace más de una década la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), en un escenario de crecientes presiones sobre la Ley Lafkenche.
La iniciativa de publicar este paper surgió como resultado del The Ocean Defender Project y de la realización de talleres en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), en Niza, durante junio de 2025, cuyo mensaje central sostiene que la sociedad tiene un deber moral y legal de proteger los derechos humanos y a quienes defienden el océano.
La Patagonia costera, un caso emblemático de defensa territorial marina
El artículo reconoce explícitamente los derechos que los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales poseen sobre el mar: derechos de tenencia y acceso a sus territorios, al resguardo de sus modos de vida y al consentimiento previo, libre e informado en las iniciativas de desarrollo.
Particularmente en la Patagonia costera chilena, comunidades mapuche, huilliche y otros pueblos originarios han sostenido este reconocimiento a través de la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, mecanismo creado por la Ley N.º 20.249 (conocida como “Ley Lafkenche”).
A través de los ECMPO, estas comunidades buscan que el Estado reconozca formalmente su uso consuetudinario del borde costero y construyen, desde el conocimiento propio y la autodeterminación territorial, modelos de uso y conservación del espacio marino-costero. Este proceso sostenido por el liderazgo de organizaciones y comunidades de base, es presentado por quienes firman el artículo como un ejemplo concreto de los derechos indígenas que una economía oceánica justa y saludable debe reconocer y proteger.
El artículo documenta que la experiencia de las comunidades de la Patagonia no es un caso aislado, sino parte de una ola global de movilizaciones de comunidades pesqueras, pueblos indígenas y organizaciones costeras que enfrentan amenazas similares en distintos continentes: la expansión de la exploración de petróleo y gas en Argentina, Ghana y Sudáfrica; la presión de la pesca industrial en Senegal y Camerún; el crecimiento de la acuicultura industrial en Chile y la India; y los proyectos de minería submarina en Papúa Nueva Guinea y otras zonas de Oceanía.
Según sus autores y autoras, en todos estos contextos se repite un mismo patrón: la sobreexplotación y la desregulación de las economías costeras y marinas produce despojo territorial, criminalización y, en los casos más graves, violencia contra quienes se organizan para proteger sus territorios y derechos. Reconocer esta dimensión global es, para los firmantes, un paso indispensable para dimensionar y enfrentar lo que ocurre, por ejemplo, en la Patagonia costera.
La importancia de contar con la participación de organizaciones públicas y civiles
De acuerdo al documento y como reafirma el académico de Antropología, Francisco Araos, se requiere con urgencia la acción decidida de seis actores clave: Estados y los gobiernos; el sector privado; las organizaciones aliadas como la academia, sociedad civil y medios de comunicación; financiadores y donantes; instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y la comunidad internacional de gobernanza oceánica.
Desde la academia, precisamente, habla el profesor Araos quien lleva una vasta trayectoria investigando los impactos de las economías oceánicas y a las organizaciones sociales que enfrentan tales efectos a través de, por ejemplo, la contaminación de plástico en el centro y sur de Chile. Al respecto, el académico señala lo siguiente: “Este artículo representa un llamado concreto a la acción para proteger a los defensores de los océanos en Chile y en el mundo, en un momento de fragilización de los derechos y de una profundización de la crisis ambiental”
Entre las más de 100 personas firmantes del artículo se cuentan investigadoras e investigadores con base en Chile. Además de Francisco Araos, participan Aurelia Guasch, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Wladimir Riquelme y Fernando Pardo Núñez, vinculados al Observatorio Ciudadano. Su participación sitúa la investigación dentro de una red internacional de más de 40 países, y conecta el conocimiento acumulado de las ciencias sociales sobre el mar en Chile con los debates globales, en torno a gobernanza oceánica y derechos humanos.
Para leer el paper, pincha AQUÍ.
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